Discurso estigmatizante contra periodistas aumenta en nuevo monitoreo de libertad de expresión

La situación de la libertad de expresión de las y los periodistas en el Uruguay continúa siendo compleja debido a las restricciones y amenazas que se registraron en el último año móvil transcurrido entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 

Estos datos están incluidos en el 9° Informe de Monitoreo de Restricciones y Amenazas a la Libertad de Expresión de periodistas que Cainfo publica este 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. 

Si bien se detuvo la tendencia creciente que se había constatado en tres informes previos, el número de casos registrados se mantuvo en niveles muy cercanos a los del monitoreo publicado en 2022 (66 y 69 respectivamente), año en que se registró la cantidad más alta de casos. Cabe consignar que Cainfo está en conocimiento de otros episodios que por diferentes circunstancias no fueron registrados en el informe. 

El caso más preocupante del período es la amenaza de muerte sufrida por la periodista de Cerro Largo Silvia Techera, que tuvo esta represalia como consecuencia de sus reportes sobre las actividades del crimen organizado en la frontera con Brasil. 

Por otro lado, resulta llamativo el impacto que tuvo para la libertad de expresión la vasta cobertura realizada por los medios de comunicación del caso de Alejandro Astesiano. Once de los episodios registrados tuvieron que ver directamente con algún tipo de cobertura o comentario periodístico relacionado con el caso del exjefe de la Custodia Presidencial. 

Asimismo, es importante subrayar que en dos de los episodios mencionados fue directamente el presidente Luis Lacalle Pou quien atacó a un sector del periodismo, sin aportar elementos que respaldaran sus afirmaciones. 

Este último caso forma parte de la tendencia creciente de estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales, que se consolida en este informe (19 episodios). En el presente informe todos los casos de Discurso estigmatizante provienen de funcionarios públicos de diferentes categorías. 

Esto va en el sentido opuesto al tema que eligió Unesco para esta nueva celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa. “La libertad de expresión; motor de todos los demás derechos humanos” es el mensaje utilizado este año junto a una reivindicación del rol del periodismo como control de las actividades de interés público: “Porque si todo está bien en las noticias, entonces algo va mal en el periodismo”.


Sigue el deterioro en Acceso a la información 

En cuanto a las categorías que presentan el mayor número de casos en el presente informe, se confirman las dificultades persistentes para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de transparencia activa y pasiva (24 episodios), que han sido denunciadas de manera permanente por organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de acceso a la información pública. 

A la cantidad de rechazos de pedidos de acceso a la información, se suman algunos casos de no respuesta de sujetos obligados, o incluso la imposición de obstáculos no establecidos por la Ley de Acceso a la Información (como la constancia de voto en un referéndum o la ausencia de un protocolo de acceso a la documentación). También se evidencia un deterioro en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, como lo demostró el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAEL) que publicó Cainfo en diciembre de 2022. 

Respecto a la utilización de los Procesos Penales y Civiles como una forma de persecución, amedrentamiento y amenaza, es oportuno señalar que si bien el número de casos es sensiblemente menor al del informe anterior, todavía persiste de manera significativa la utilización del sistema judicial como un método para intentar que los periodistas eviten el tratamiento de determinados temas, o que se revele la identidad de sus fuentes de información, lo cual afecta a todo el colectivo de trabajadores de medios de comunicación. 

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