Tras seis años de ley de acceso a la información pública persisten desafíos en materia de transparencia activa
A seis años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública la publicación proactiva de información por parte de los organismos públicos (transparencia activa) aún enfrenta muchos desafíos, según se desprende de los resultados del último Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL).
El ITAeL es una iniciativa de CAinfo y la Universidad Católica del Uruguay que mide el nivel de transparencia de las páginas webs de los organismos públicos. Esta tercera edición se presentó el miércoles 17 de setiembre ante distintas autoridades de los organismos auditados.
El ITAeL 2013 comprende el monitoreo de 113 páginas webs, auditadas entre octubre de 2013 y marzo de 2014. El resultado total se compone del promedio de dos dimensiones: Información obligatoria e Interacción y participación.
Información obligatoria compendia las obligaciones que rigen por ley (ley nº18.381) y decreto (nº 232/10). Se evalúan aspectos como publicación de la misión y visión del organismo, descripción de funciones y competencias, estructura organizativa y facultades de cada unidad, plan estratégico, entre otros.
La dimensión Interacción y participación refiere a la posibilidad de los ciudadanos de participar de la gestión de la organización pública, centrado en este caso, en servicios online, offline y plataformas digitales. Se evalúa si la página cuenta con formularios o servicios en línea, enlaces a redes sociales, foros de opinión, ayuda en la página, apartado de preguntas frecuentes, glosario, entre otros.
Vea el detalle completo de cada dimensión e indicadores que lo componen en trabajo que se adjunta debajo.
Principales resultados del ITAeL 2013
En términos generales, en esta tercera edición del ITAeL los resultados siguen tendiendo a ser bajos: sólo 10% de los organismos monitoreados cumplió con más del 60% de los requisitos del índice.
Los organismos que muestran mejores resultados son Codicen/ANEP (79% de cumplimiento), OSE (75%) y Caja Notarial de Seguridad Social (71%), Agencia de Gobierno Electrónico y de la Sociedad de la Información (69%), El Correo Uruguayo (69%), Banco Central del Uruguay (67%) y LATU (67%).
Si se observa por grupo de organismo, “Entes autónomos y servicios descentralizados” y “Personas públicas no estatales” muestran un mejor nivel de transparencia. En cambio, las Juntas Departamentales e Intendencias exhiben un nivel bajo de cumplimiento.
Tomando en cuenta únicamente la dimensión Información obligatoria se observa que organismos como el CODICEN/ANEP, OSE, Corporación Nacional para el Desarrollo y la Caja Notarial de Seguridad Social se destacan en este aspecto.
El Instituto Nacional de Carnes, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, Administración de los Servicios de Salud del Estado y, nuevamente, la Corporación Nacional para el Desarrollo, muestran buenos niveles de cumplimiento de la dimensión Interacción y participación.
En base a estos resultados, el informe concluye que a seis años de la entrada en vigencia de la ley nº 18.381 y a cuatro años de su decreto reglamentario, persisten múltiples desafíos en materia de transparencia activa.
La discusión y aprobación de las reformas legales necesarias para mejorar la implementación del derecho de acceso a la información pública, la asignación de recursos acordes en el marco del presupuesto quinquenal 2015-2020, y, en general, la transversalización de este derecho, debieran tener un lugar destacado en la agenda pública para avanzar en la diseminación de una cultura de la transparencia.
Ante la proximidad de un nuevo parlamento y nuevas autoridades de gobierno, será fundamental que la Unidad de Acceso a la Información Pública (órgano garante del Derecho de Acceso a la Información) pudiera fortalecerse e incidir para llevar adelante todos estos cambios.
En este sentido, el informe termina destacando que la discusión presupuestal en la que se enmarcará el país el próximo año significará una gran oportunidad para que desde el Estado se reafirme el compromiso con la política de acceso a la información pública, asegurando los recursos necesarios para la implementación de la ley en todo el país y en todos los organismos públicos.
