Recurso en la Suprema Corte para mejorar respuesta ante violencia doméstica
Portal 180, 07 de junio de 2012 – Nadia Piedra Cueva
La organización feminista uruguaya Mujer Ahora presentó una petición ante la Suprema Corte de Justicia para “mejorar la respuesta del sistema de justicia ante situaciones de violencia doméstica”. En la petición, la organización reclama que se cumpla la legislación actual y los tratados a los que suscribe el país en lo que refiere a medidas cautelares, protección de la víctima y arresto del agresor.
Rosana Medina, abogada de Mujer Ahora, explicó a 180 que la petición que solicita, junto a otras más de 100 organizaciones, grupos, colectivos y redes, está fundada en el artículo 30 de la Constitución y pretende un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante acordada, para erradicar de los tribunales uruguayos las prácticas “que no se ajustan a la legislación nacional e internacional vigente” en lo que refiere a la violencia doméstica o familiar.
Medina explicó a 180 que una acordada “es el mecanismo que tiene la SCJ para establecer los mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial” y que permite revertir determinadas prácticas que se realizan dentro del sistema de justicia. La abogada mencionó como ejemplo una acordada del año 2004, que erradicó la práctica de algunos jueces de no recibir denuncias de mujeres que se presentaban sin un abogado. Este antecedente es citado en la petición presentada este jueves en la SCJ.
Algunas de las organizaciones, grupos, colectivos y redes que forman parte de esta acción de petición son la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, CNS Mujeres, Cladem Uruguay, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Cotidiano Mujer, Amnistía Internacional Uruguay, Mujeres de Negro, Ovejas Negras y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Las prácticas que éstas y el resto de las organizaciones que apoyan la petición pretenden que erradique la SCJ mediante una acordada son, por ejemplo, los pronunciamientos simbólicos de los tribunales tales como “intímese a las partes a evitar conflictos”, “intímese a las partes a mantener la armonía familiar”o “severos apercibimientos”, que, según entiende la petición, “resultan inútiles e insuficientes para la protección de la víctima y conceptualizan de manera errónea la violencia familiar, en el entendido que refiere a un conflicto entre partes”.
Además, estas organizaciones entienden que están extendidas y que se deben erradicar las “medidas de protección recíprocas” (por las que “el agresor recibe protección, y la víctima restricciones o limitaciones a sus derechos”), el incumplimiento de las medidas cautelares, las resoluciones infundadas, la aplicación arbitraria del recurso de inconstitucionalidad que lleva a que no se apliquen sanciones al agresor (la petición detalla que es la SCJ y no el juez quien debe decidir si la sanción es constitucional o no y si se debe aplicar o no), entre otras.
La petición de erradicar todas esas prácticas se apoya en el marco normativo internacional y nacional vigente en materia de derechos humanos (y específicamente el derecho humano a vivir una vida libre de violencia), las recomendaciones de organismos internacionales al Estado uruguayo, la competencia de la Suprema Corte de Justicia para dictar acordadas para el funcionamiento del Poder Judicial y el cumplimiento efectivo de la función jurisdiccional. No se plantea modificar o añadir normativas sino garantizar el cumplimiento de las ya existentes, especificó Medina.
Petición:
