¿Quién vigila a los vigilantes?
Paradoja o no: El Guardián, el sistema informático de vigilancia electrónica que el Ministerio del Interior (MI) le compró a la empresa brasileña Digitro por dos millones de dólares en 2013, está en el centro de varias miradas, aunque aún no empezó a operar formalmente. El sistema unificaría las escuchas telefónicas que actualmente realizan 22 dependencias del MI, pero la novedad es su capacidad de intervenir correos electrónicos y redes sociales, cruzar información y reconocer automáticamente palabras clave en las conversaciones. Su compra se realizó en secreto: según supo El País en 2013, se mantuvo en reserva por una resolución de Presidencia que no fue publicada en la web, en contra de lo que indica la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) vigente desde 2008.
“Nos preocupó la poca información que el MI dio al respecto”, dijo a la diaria la abogada Tania da Rosa, directora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la transparencia y la libertad de expresión. En octubre de 2014, Cainfo realizó un pedido de información para acceder a una copia del protocolo que, según El Observador, el MI había elaborado para regular el uso del sistema. Según la ley, cualquier persona puede solicitar datos de cualquier organismo del Estado sin necesidad de justificar el pedido. La norma prevé un plazo de 20 días hábiles para que el máximo jerarca conteste por sí o por no. Pasaron más de 100.
El artículo 18 de la ley habilita al solicitante a iniciar una acción judicial cuando el plazo se vence y no hubo ningún tipo de respuesta, lo que se considera “silencio positivo”. Ayer, a las 13.00, Da Rosa presentó la denuncia ante la jueza letrada de 1º Turno, María Isabel Baccaro, que debe citar a ambas partes a una audiencia pública esta semana; 24 horas después, dictará una sentencia que puede significar el rechazo del pedido de Cainfo o bien obligar al ministro Eduardo Bonomi a liberar la información.
“Me parece interesante plantear que toda esta implementación de El Guardián, que aumenta exponencialmente la potestad de vigilancia del Estado, se da sin un marco jurídico adecuado”, fundamenta Da Rosa. “Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas han establecido que los Estados deben, de manera urgente, adaptar su legislación al avance de la tecnología, una herramienta que ha garantizado el acceso a la cultura de mucha gente pero que a la vez puede convertirse en una amenaza a la privacidad”. La directora de Cainfo reconoce que hay “una tensión” entre el derecho de la ciudadanía a ese tipo de datos y la obligación del MI de velar por la seguridad pública. El debate de fondo, entonces, es sobre si la divulgación de información puede producir un daño mayor al que genera la potencial violación de privacidad.
Se alborotó el avispero
Aunque el pedido de Cainfo no recibió una respuesta, sí generó movimiento en la interna del ministerio. la diaria accedió a un informe que el Departamento de Asesoría Jurídica del MI le presentó a Bonomi en noviembre de 2014; en él se citan dos resoluciones de 2012 que clasifican como reservada toda información que “involucre el ejercicio de la actividad policial” y que refiera a aspectos técnicos de “insumos que utiliza el personal policial […] como vestimenta, armas, equipos de comunicación”. El informe concluye que la información que solicita Cainfo podría ser considerada reservada, y sugiere que no se brinde. En caso de que Bonomi esté de acuerdo, el MI podría ampararse en el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los organismos estatales negar datos que puedan “comprometer la seguridad pública o la defensa nacional”.
“Desde el MI no hay costumbre de no contestar ese tipo de pedidos”, dijeron fuentes de la cartera a la diaria, que aseguraron que la información pública sobre el tema “no se le está negando a nadie”. En cada sede judicial del país habrá una computadora dedicada sólo a El Guardián, informaron las fuentes, y sólo podrán operarlas funcionarios identificados y que cumplan con el procedimiento, que requiere una orden judicial. El MI creará en la órbita de la Dirección Nacional de Policía una unidad dedicada específicamente al manejo del software. “Si se intervenía un teléfono con la vieja tecnología, el personal a cargo podía intervenirlo por más o por menos tiempo, y no quedaba un registro del procedimiento. Si en el futuro un juez quiere auditar todo lo que hizo El Guardián en el último año, va a poder, porque todas las intervenciones quedan registradas”.
En agosto de 2013, el diputado Jaime Trobo (Partido Nacional) había llamado a Bonomi a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja para que diera información sobre la compra del software, sus mecanismos de utilización y garantías. El ministro dijo que era “una falta de responsabilidad y seriedad” que se le pidiera hacer públicas especificaciones técnicas del software. Comparó la situación con los datos que la prensa difundió sobre la compra de vehículos blindados: “Bien para que el delincuente diga ‘ah, para entrarle al blindado le tengo que tirar con balas con un calibre mayor al que la prensa me informa’”. Ante las preguntas de Trobo, Bonomi explicó que los monitoreos sólo podrán efectuarse por orden judicial y con la colaboración de las empresas de telefonía, correo electrónico y redes sociales. El ministro deberá volver a dar explicaciones sobre El Guardián: será el primer jefe de gabinete de este período en ser convocado al Parlamento, esta vez por iniciativa del senador blanco Javier García, según informó El País. Según supo El Observador, el ministro presentó el sistema la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de la decisión de la jueza sobre el pedido de Cainfo y del resultado del llamado del ministro al Senado, no hay nada que indique que puedan suspenderse las primeras interceptaciones de El Guardián, previstas para abril.
Publicado en La diaria, martes 10 de marzo de 2015. Por Federico de los Santos.
