Publicidad oficial: Cainfo planteó que regulación incluya a gobiernos departamentales y municipales
La comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes recibió este miércoles 17 a una delegación de Cainfo al inicio del análisis del proyecto de ley de regulación de la publicidad oficial.
La organización planteó sus comentarios al texto presentado por los diputados frenteamplistas Javier Umpiérrez y Pablo Inthamoussu. Su propuesta se basa en un texto que originalmente había planteado Cainfo al parlamento en 2015 y que tuvo apoyo de los cuatro partidos con representación parlamentaria. Aquel proyecto tuvo media sanción en Diputados y fue archivado por el Senado.
La iniciativa propone una regulación de la publicidad oficial en línea con los estándares interamericanos de libertad de expresión, incluyendo mecanismos de control del gasto, estableciendo sanciones por incumplimientos e instancias de rendición de cuentas que tendrán carácter público. Además asigna a la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) el rol de supervisión del debido cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligados, que deberán presentar resoluciones fundadas para cada gasto y se establecerá un mínimo del 30% de la pauta destinada a medios del interior.
Los representantes de Cainfo, Fabián Werner y Sebastián Cáceres, plantearon su acuerdo con el contenido general del proyecto, aunque reivindicaron la necesidad de incluir en la regulación a los gobiernos departamentales y municipales, ya que estos distribuyen grandes montos de publicidad oficial a nivel local, con criterios desconocidos y sin rendición de cuentas alguna.
Los efectos de esta falta de regulación son múltiples, planteó Werner, y entre ellos enumeró la censura indirecta y el condicionamiento editorial, la proliferación de la autocensura, la restricción del pluralismo informativo, la indefensión jurídica y la opacidad por falta de rendición de cuentas.
Como ejemplo, por su parte, Cáceres planteó la situación del departamento de Soriano, donde la intendencia gastó 820 mil dólares de publicidad oficial entre 2021 y 2024 sin ningún tipo de controlar ni criterio técnico.
«En caso de que la opción que se tome a nivel legislativo sea excluir a estos niveles de gobierno del cumplimiento de esta ley, y ya que hablamos tanto de transparencia y rendición de cuentas, sería bueno saber por qué se los excluye y quiénes son los interesados en ello para que desde la sociedad civil podamos explicarles por qué esa decisión genera desigualdad, opacidad y enormes márgenes para la corrupción», plantea el informe.
Para acceder al informe completo entrá en el siguiente enlace.
