Pronunciamiento de la sociedad civil sobre la necesidad de avanzar en esta legislatura en una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, redes integradas por las siguientes organizaciones, entre otras: Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), DATA, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora, RedCon, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y Uruguay Transparente, quieren dar a conocer el siguiente posicionamiento frente al inminente tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores:

En los últimos días asistimos a un debate sobre la pertinencia de que el Parlamento apruebe la primera ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de la democracia en el marco del presente año electoral.

Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas.

La sociedad civil reivindica además, un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta Ley de Servicios de Comunicación, sin caer en adjetivaciones y calificativos tremendistas y descalificadores, que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden.
A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar de dar su aprobación a la LSCA:

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
– Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población.
– Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
– Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
– Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas entorno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
– Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
– Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
– Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años.

¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión?
– El proyecto de LSCA a estudio del Parlamento: i) no regula a la prensa escrita, ii) no afecta a los contenidos (salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos o en desventaja social); iii) contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
– La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
– El proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección a la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias.
– Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
– Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Sólo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura.

Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado:
La Coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley (el Consejo de Comunicación Audiovisual), con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de sus directivos, que presenta las garantías suficientes para todos los actores.
También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos parece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación.
Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la defensoría de las audiencias, en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.