Monitoreo registra 23 casos de amenazas a la libertad de expresión en el último año.
El informe de amenazas a la libertad de expresión de periodistas que realizan cada año en Uruguay el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) registró 23 casos entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de 2017.
Dieciséis de estos episodios se produjo en Montevideo y dos en Paysandú, mientras que los cinco restantes se distribuyeron entre San José, Maldonado, Colonia, Artigas y Flores.
El documento destaca que el número de casos se redujo respecto al informe anterior, cuando se consignaron 28 episodios. “Desde que se inició el trabajo de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas se pudo registrar un total de 87 casos”, señala el informe.
El caso más grave del período “afectó a la periodista Isabel Prieto de la revista Caras y Caretas quien sufrió un atentado con un arma de fuego. A pesar de las denuncias realizadas ante la Policía y la Justicia, además de las reuniones mantenidas con las autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, hasta el día de la publicación del presente informe el hecho no pudo aclararse y los responsables siguen sin ser identificados”. El documento añade que “este es el hecho más grave registrado contra un periodista en los últimos años y requiere de los máximos esfuerzos de las autoridades para su esclarecimiento”.
Recuerda además que APU emitió a finales de febrero un comunicado público en el que anunció que si el atentado contra Prieto no es aclarado “por las autoridades competentes” acudirá “a los organismos internacionales de Derechos Humanos que también han manifestado su preocupación para que el caso no quede impune y haya Justicia”.
En cuanto al número de episodios por categoría, el informe señala en sus conclusiones que las Amenazas registraron el mayor número de casos (7) del período, mientras que la obstrucción al trabajo periodístico en diferentes variantes registró 6 casos, el hostigamiento físico 4, el hostigamiento a través de la Justicia se produjo en 3 ocasiones, los casos vinculados con Censura en 2 y las Lesiones en una ocasión.
Una docena de casos afectó a hombres que ejercían el periodismo, en cuatro casos afectó a mujeres y en 7 ocasiones se trató de episodios que afectaron a medios de comunicación, colectivos de periodistas o hubo un riesgo general para el ejercicio profesional.
Mujeres periodistas
“Es importante destacar que ninguno de los cuatro episodios que afectaron a mujeres tuvo que ver con razones de discriminación relacionadas con el género. Sin embargo es relevante el hecho de que este sea el informe en el que se registraron más casos que involucran a mujeres en el ejercicio de su profesión”, subraya el documento.
En este sentido el documento aclara que “existe un buen número de casos –que todavía no es posible cuantificar–que no son denunciados, o que se encuentran en conocimiento de colectivos de periodistas pero que nunca alcanzan una difusión que permita dar una adecuada dimensión al problema”.
Esos datos surgen de la realización de un cuestionario anónimo en el último encuentro de Mujeres Periodistas, realizado en la sede de APU el 3 de setiembre de 2016, en el que participó una treintena de periodistas.
El 20 por ciento de las periodistas reconoció haber sido víctima de alguna amenaza a la libertad de expresión y seis de ellas describieron su caso particular. Además el 16,7 por ciento dijo conocer a alguna colega que fue víctima de alguna amenaza, mientras que el 18,2 por ciento dijo conocer otras amenazas a la libertad de expresión que no fueron denunciadas.
Entre las recomendaciones incluidas en el informe, se plantea a la sociedad civil la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos que permitan una forma más rápida y accesible para denunciar casos de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas, “especialmente de aquellos que ejercen la profesión en zonas alejadas de las principales ciudades, garantizando su seguridad y su anonimato”.
Además insta a “denunciar en todos los ámbitos a su alcance la existencia de medidas por parte del Estado que significan una amenaza para la libertad de expresión. Entre ellas pueden mencionarse las recientes disposiciones del Poder Ejecutivo que implican un recorte de las posibilidades de realizar protestas sociales de manera pacífica y las que limitan el acceso a la información pública mediante la imposición de sanciones graves a los funcionarios públicos que filtren documentos”.
Entre las recomendaciones a los poderes públicos se incluye la de “Propiciar los ámbitos de diálogo que permitan acordar un protocolo de seguridad para periodistas que prevea situaciones graves de amenazas a la libertad de expresión, que incluya mecanismos rápidos para la presentación de denuncias, así como recomendaciones para la autoprotección y medidas para su difusión entre todos los actores el Estado”.
http://monitoreo.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2017/08/INFORME-MONITOREO-2017.pdf
