Libertad de expresión: una agenda para los próximos cinco años

Ley de medios, acceso a la información, más espacios para la participación y la regulación de la actividad de las grandes plataformas, fueron algunos de los asuntos que la sociedad civil y la academia plantearon a las autoridades del gobierno durante un encuentro que se realizó el pasado martes 27 de mayo en la sede de Unesco. 

Autoridades de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento( Agesic), Antel, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) del Ministerio de Industria, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia de la República (Secom) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), escucharon durante dos horas las propuestas de 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace más de 14 años para elaborar una agenda de libertad de expresión en el país. También había representantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República. 

La convocatoria fue realizada por el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (Observacom) y Cainfo, con el apoyo de la Oficina Regional de Unesco en Montevideo. 

“La sociedad civil propone: La agenda de libertad de expresión y comunicación en Uruguay para los próximos 5 años” fue la consigna que reunió por primera vez en lo que va de la nueva administración a las organizaciones expertas en libertad de expresión con algunos de los organismos encargados de llevar adelante las políticas públicas de comunicación. 

La necesidad de discutir la aprobación de una nueva ley de medios, que deje atrás la aprobada en el último período del gobierno anterior, fue un planteo recurrente en casi todas las intervenciones. En ese sentido, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) mencionó la concentración mediática, la extranjerización de la propiedad de los medios y la precarización laboral de sus trabajadores como algunas consecuencias de la nueva norma, cuya reglamentación fue suspendida por el gobierno actual. El nuevo decreto reglamentario se encuentra a estudio del Poder Ejecutivo. 

En materia de concentración, la FIC profundizó en la propuesta de volver a los límites anteriores a la aprobación de la nueva ley, estableciendo nuevas políticas que incluyan medidas efectivas para su cumplimiento. 

Para la organización El Abrojo, la aprobación de la última ley de medios fue un retroceso en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque se perdieron los pocos avances que tenía la anterior ley, votada en 2013. 

Asimismo, también fue una norma regresiva en materia de medios públicos, cuya institucionalidad fue modificada, luego de un período de deterioro ostensible en infraestructura y apuesta a la producción nacional, planteó Cainfo. 

En este aspecto, la FIC propuso trabajar hacia una legislación que garantice su carácter de “públicos” en cuanto a su gobernanza e independencia técnica con el objetivo de que cuenten con fuentes de recursos adecuadas y estables. 

Para la Asociación de Sordos, la derogación de la ley N° 19.307 implicó un retroceso grave en cuanto a la accesibilidad, ya que se eliminó el lenguaje de señas de la mayoría de los programas de producción nacional, dejando solamente para los informativos y algunos otros contenidos aislados. 

Amnistía Uruguay planteó su preocupación por el hostigamiento al periodismo que se reiteró en los últimos años por parte de representantes del ámbito político, poniendo en el foco de los ataques a la prensa que planteó coberturas críticas al gobierno. Por su parte, Cainfo recordó que en los últimos informes de monitoreo de restricciones y amenazas a la libertad de expresión, el Estado ha sido el principal agresor del periodismo, y recordó que en el último relevamiento presentado en 2025 el 49% de los episodios fue protagonizado por algún representante estatal, sin que hubiera ninguna condena por parte de los altas autoridades nacionales. 

Acceso a la información

Las garantías al Derecho de Acceso a la Información Pública fue otro tema que apareció en distintas intervenciones. Amnistía Uruguay planteó su preocupación por la falta de cumplimiento por parte de muchos organismos, especialmente respecto a las obligaciones de transparencia activa en materia medioambiental. 

Para APU, los problemas vinculados al cumplimiento de la Ley de AIP pasan por la existencia de demoras artificiales en la respuesta a los pedidos de acceso a la información, lo cual muchas veces deriva en la necesidad de recurrir a la Justicia ante la reticencia de los sujetos obligados. 

Para Cainfo, la modernización de la Ley N° 18.381 se convirtió en algo impostergable, a fin de armonizarla con los avances de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA. Para ello, la organización destacó la existencia de dos insumos relevantes, el proyecto de ley presentado por el entonces diputado Daniel Caggiani en la pasada legislatura (2020) y una propuesta elaborada por la Unidad de Acceso a la Información Pública para dotar a la UAIP de una mayor influencia como órgano garante.

Cainfo también resaltó la regresión sufrida respecto a las obligaciones en materia de transparencia activa, a la luz de los últimos informes realizados por la organización en los últimos 15 años, que dan cuenta de un grave retroceso. El nivel de cumplimiento en el último documento, presentado en el año 2023, muestra que sólo el 36% de los organismos relevados cumple con sus obligaciones y que menos del 3% tiene un nivel alto de cumplimiento. 

Cotidiano Mujer también puso énfasis en el cumplimiento de la Ley AIP, particularmente en la vigencia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que Uruguay ratificó en 2021. 

Radiodifusión comunitaria

La FIC reclamó políticas “inteligentes” de promoción del sector comunitario, aprendiendo de la experiencia local y aprovechando la internacional, y mencionó la oportunidad de aprender del fracasado intento de abrir espacio para la televisión comunitaria cuando se inició un proceso de digitalización en 2013, y repensar el sector en el área audiovisual dentro de un nuevo contexto tecnológico y cultural.

Por su parte, AMARC reclamó políticas de promoción del sector, como la posibilidad de crear un fondo que provea de equipamiento y capacitación, así como que se retomen los llamados para nuevas radios. También pidió un trato igualitario con los medios comerciales, por ejemplo respecto a las auditorías con estándares de imparcialidad, transparencia y equidad, como reclamó un dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Reclamó, además, que se revise la ley de radiodifusión comunitaria respecto a los distintos tipos de radios, especialmente aquellas que funcionan bajo el estatus de frecuencia compartida. Finalmente, expresó la necesidad de retomar las instancias de participación, que fueron dejadas de lado en los últimos cambios a la normativa. 

La Red de Radios Comunitarias, por su parte, insistió en la importancia de acceder a materiales educativos, culturales e informáticos, para enriquecer la programación. También propuso la ampliación de la potencia de transmisión de las radios, especialmente en zonas rurales, y pidió el apoyo estatal para la modernización de los equipamientos y distintos tipos de incentivos económicos, incluyendo la pauta oficial. 

Además, pidió una revisión del espectro radioeléctrico a fin de asegurar un acceso equitativo junto a nuevos procesos de adjudicación accesibles, transparentes y adecuados a la realidad de cada comunidad.