La Suprema Corte habilita diálogo sobre transparencia judicial con la sociedad civil

El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) destaca la decisión adoptada días pasado por la Suprema Corte de Justicia destinada abrir un ámbito de diálogo con la sociedad civil a los efectos de dotar de mayor transparencia y acceso a la información a la actividad jurisdiccional.

A través de su presidente, Leslie Van Rompaey, la corporación convocó al CAInfo y a la Liga de Defensa Comercial para reinstalar la comisión que analizó hace más de tres años los criterios de transparencia y acceso a la información para el acceso a los datos de los expedientes judiciales a través de la Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos (ORDA).

El jueves 14 de abril, durante una reunión en la que participaron representantes de la Suprema Corte, CAInfo y la Liga de Defensa Comercial, se resolvió que en el plazo de 15 días la comisión eleve a la Suprema Corte una propuesta sobre la publicidad y el acceso a la información de los expedientes judiciales.

También se acordó la posibilidad de habilitar un ámbito de trabajo sobre otros temas relativos a la transparencia en el Poder Judicial, como el relacionamiento de los jueces y la prensa y la transparencia en la gestión de ese poder del Estado,  con la presencia de otras organizaciones de la sociedad civil que han planteado preocupaciones semejantes, como la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).

Antecedentes

Hace más de tres años, la Suprema Corte decidió suprimir la consulta y búsqueda de expedientes por teléfono o página web para cualquier persona, a través de la base de datos de asuntos que se presentan al Poder Judicial. Varias organizaciones reclamaron por esta restricción a la publicidad de los procesos, que impedía identificar y llegar a las partes de los mismos, salvo que se tratara de las personas u abogados directamente involucrados en el caso.

En 2010 CAInfo incluso denunció esta decisión ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), ante un caso concreto.

En ese caso, la UAIP resolvió lo siguiente:

1.- Que el Poder Judicial se encuentra alcanzado por las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 18.381) y por tanto debe dar cumplimiento a la misma.

2. Sugerir al Poder Judicial que entregue al denunciante la información requerida, en el caso que la Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos (ORDA) tenga organizados los juicios por asuntos. Asimismo, elaborar versiones públicas de los documentos y en el caso que los mismos contengan datos personales proceder a su disociación.

Este dictamen fue mencionado como un caso líder por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el año 2010, que acaba de ser difundido.