La Coalición por una Comunicación Democrática presentó en el Parlamento su visión y aportes a la discusión del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Este miércoles una delegación de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) planteó recomendaciones sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a estudio de la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados.

Los integrantes de la CCD fueron recibidos por los diputados Julio Battistoni, Felipe Carballo Da Costa (Frente Amplio), Belmonte De Souza (Partido Nacional), Martín Lema (Partido Nacional) y Walter Verri (Partido Colorado) hoy miércoles al mediodía. Durante la reunión los representantes de la Coalición plantearon su visión acerca de los aspectos que comparten y las disposiciones que podrían mejorarse de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), recientemente enviada por el Ejecutivo al Parlamento.

La Coalición resaltó la importancia de tratar y aprobar en esta legislatura una Ley SCA, por tratarse de una deuda pendiente de la democracia. Sus integrantes recordaron que el país sigue regulando a la comunicación por una norma aprobada durante la dictadura militar, con una filosofía antidemocrática y un sistema de asignación de frecuencias discrecional y perimido.

La Coalición anunció que comparte la estructura del proyecto de ley, las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el balance que contiene con la protección de distintos grupos históricamente discriminados en los medios de comunicación (niños y niñas, mujeres, grupos de la diversidad sexual, personas con discapacidad, afrodescendientes, etc.).

Durante el análisis del texto, integrantes de la Coalición señalaron que no comparten el artículo primero del proyecto de ley, que excluye del objeto de la ley a los servicios de comunicación audiovisual que utilicen como plataforma la red de protocolo de internet. A entender de la Coalición, de esta forma la ley “no podrá operar en un panorama comunicacional en permanente transformación tecnológica y en medio de un irreversible proceso de digitalización”. Pero además, no es entendible que las garantías para la libertad de expresión o la protección de grupos vulnerables no sean aplicables a los medios que transmiten por internet.

Entre los aspectos destacables del proyecto, la CCD señala las medidas antimonopólicas que se incluyen, en el entendido que las concentraciones de medios conspiran contra la democracia, y las la libertad de expresión y opinión. Sería deseable que las medidas de este tipo abarque tanto a los medios públicos como a los privados. Tales disposiciones están ausentes en el proyecto actual.

Para luchar contra los monopolios y oligopolios la Coalición propuso algunas precisiones al proyecto de ley, para mejorar la eficacia de la ley. En particular se propone definir jurídicamente qué es un grupo económico, establecer sanciones a los medios que operen mediante testaferros, hacer extensivo el concepto de “propiedad cruzada” para prohibir otras asociaciones (no sólo entre telecomunicaciones con televisión), definir limitaciones a la acaparación de suscriptores de servicios de televisión para abonados, de forma tal que las grandes empresas que manejan pequeños cables locales en varios departamentos no acaparen toda la audiencia; entre otras propuestas.

Respecto al diseño institucional la CCD propone un proceso de designación de su Consejo Directivo público, transparente y que no dependa del Poder Ejecutivo. Hizo ver también sus diferencias con las potestades que se le otorgan al poder Ejecutivo para sancionar a los permisarios que incumplan con la ley. La Coalición se pregunta “qué sentido tiene tener una autoridad de control independiente (Consejo de Comunicación Audiovisual), si las acciones más relevantes y delicadas dependerán directamente del gobierno”.

Respecto a la protección de los grupos vulnerables, la Coalición destacó que “el proyecto contiene un balance razonable entre la protección y garantías para ejercer la libertad de expresión y un número limitado de excepciones destinadas a proteger los derechos de la niñez, la mujer y otros grupos minoritarios e históricamente discriminados”.

Sin embargo, se considera que el artículo 27 destinado a prevenir y combatir la discriminación contra las mujeres y los colectivos LGTB tiene una redacción ambigua. En cambio se propuso una modificación en la redacción que está en armonía con la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la CEDAW (Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres).

Respecto al apartado sobre publicidad, la CCD propuso ir descendiendo gradualmente los minutos de publicidad máxima que se permiten en la actualidad, desde 15 como está en el proyecto actual hasta un máximo de 12 minutos.

Asimismo, la Coalición alentó a profundizar las medidas para proteger el trabajo de niños, niñas y adolescentes en publicidad, denunciando que actualmente varias productoras “utilizan” una situación de desregularización en este sentido como una ventaja competitiva en la región para vender sus servicios.

Finalmente respecto a la producción nacional, la CCD celebra que se incluya a texto expreso medidas para fomentar su crecimiento, recordando que una larga historia de falta de regulación en este sentido hizo que la tasa de producción de ficción local apenas haya superado el 1 %. Sin embargo, la Coalición visualizó al menos seis medidas que se podrían implementar para el mejor desarrollo de una política pública de producción nacional (ver documento adjunto).

Terminada la intervención de la coalición, el diputado Battistoni hizo uso de la palabra para expresar que lo preocupante es tanto la concentración de los medios, como la concentración de los contenidos. Luego añadió que sería deseable que el pago del canon que se incluye como contraprestación a los licenciatarios por el uso del espectro, sea de mayor monto. Battistoni expresó la necesidad de robustecer la producción de contenidos nacionales mediante un apoyo económico fuerte, que no se lograría cubrir con lo recaudado por el canon. Según estimaciones que la Coalición hizo llegar a la comisión, el pago del canon significa aproximadamente para las empresas tan sólo 1% de la facturación que reciben por año por televisión abierta y televisión para abonados.