La ANEP informó a la justicia que prevé regularizar la seguridad de 2670 locales educativos en aproximadamente 4 años y medio. La jueza letrada de Familia de 19 turno solicitó al organismo que amplíe su informe para conocer el cronograma

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó ante el Juzgado Letrado de Familia de 19 Turno el segundo informe cuatrimestral sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia de agosto del año pasado que, a pedido de varias organizaciones sociales, lo ordenó a garantizar que todas las escuelas públicas del país cuenten con las normas de seguridad contra siniestros e incendios que exige la Dirección Nacional de Bomberos.

El documento presentado el 10 de abril por la ANEP plantea un Plan de Trabajo tendiente a regular “2670 locales educativos en 57 meses (4 años y seis meses aproximadamente)”. Según se anuncia la regularización se ejecutará en cuatro etapas, comenzando por 1135 escuelas rurales. El organismo también informó sobre otras medidas adoptadas, como la designación de un coordinador entre la ANEP y la Dirección Nacional de Bomberos, el funcionamiento de una comisión integrada por representantes de los dos organismos a fin de atender la situación de las escuelas, la realización de un llamado a licitación para la adquisición de extintores y cartelería requerida para la habilitación, y la adopción de un instructivo interno para agilizar la presentación de las solicitudes de habilitación.
En el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Infancia, Adolescencia y Ciudadanía (IACI), y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) plantearon ante la sede actuante un escrito que desembocó en una solicitud de la Justicia para que la ANEP brinde más información respecto a su plan de regularización.

El escrito presentado por las tres organizaciones que originalmente promovieron el proceso de amparo por el cual la justicia ordenó a la ANEP regular la situación de seguridad de las escuelas, señala:

– Varias de las acciones emprendidas por la ANEP reflejan un avance respecto a la situación preexistente a la sentencia de agosto de 2012, en la que –como se recordará- el organismo cuestionó la pertinencia del reclamo para que las escuelas contaran con las referidas normas de seguridad.

– A pesar de lo informado, no surge que se haya dado cumplimiento a la resolución adoptada por el Consejo Directivo Central el 27 de noviembre del año pasado, por la cual las autoridades de cada centro escolar debían iniciar los trámites obtener la certificación a más tardar el 8 de diciembre de ese año.

– Si bien se informa de la existencia de un “Plan Estratégico”, se requiere contar con mayor información respecto a su alcance, los plazos y los recursos proyectados a efectos de posibilitar el correcto monitoreo de la sentencia y los avances que se vayan produciendo. Es fundamental que ANEP amplíe su informe y brinde más detalles sobre el “Plan Estratégico”.

– Resulta fundamental contar con información para que la justicia pueda evaluar la razonabilidad del plazo planteado por las autoridades. Sobre este punto las organizaciones manifiestan su preocupación por el largo plazo proyectado por la ANEP para lograr la habilitación de todas las escuelas, ya que las medidas que se le exigen no tienen otro objetivo que disminuir los riesgos de siniestros e incendio y prevenir su propagación en caso de que esto ocurra, procurando en definitiva la tutela de la integridad y la vida de los niños y niñas durante su permanencia en los centros educativos.

– Es fundamental conocer “cómo el organismo proyecta dar cumplimiento a la sentencia en el menor tiempo posible en mérito a la naturaleza de las misma, atendiendo siempre además al hecho que las medidas de seguridad que se intentan hacer cumplir son exigidas a los colegios y centros de enseñanza privados en protección de los niños y niñas bajo su custodia. Mientras el Estado no regularice las habilitaciones de los locales educativos del sector público persistirá allí una situación – aunque no pretendida- de desigualdad para los niños y niñas que estudian en el sector público”.

En momentos en que el tema de la seguridad edilicia de edificios públicos y comerciales adquiere relevancia en el debate público, CAinfo, IACI y CDN exhortan a las autoridades nacionales, departamentales y al Parlamento a que se involucren en este tema para la búsqueda de soluciones que permitan regularizar la situación de las escuelas públicas en el menor plazo posible, atendiendo al carácter preventivo de las medidas exigidas por la Dirección Nacional de Bomberos y cuya pertinencia fue amparada por la justicia.