Intento de amedrentar
Publicado en El Observador, martes 8 de agosto de 2017.
Tratar de amedrentar periodistas por la vía judicial para acallar críticas es una vieja práctica de autoridades políticas en países como Uruguay, donde afortunadamente no existe el extremismo de encarcelarlos arbitrariamente o asesinarlos, como ocurre en Venezuela, México y otras partes del mundo. Un nuevo caso se ha dado con la denuncia penal que la presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muniz, presentó contra Gabriel Pereyra por una columna publicada en El Observador. El artículo detalla minuciosamente las apabullantes claudicaciones de ASSE. Algunas están bajo escrutinio de los juzgados de Crimen Organizado y otras han sido denunciadas por fundada presunción de irregularidades. Son inocultables además las carencias de gestión del organismo, eje de los defectos de la reforma del sistema de salud durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, un proyecto mal concebido y peor ejecutado.
Pero la denuncia penal de Muniz no se centra en los puntos señalados por Pereyra en el funcionamiento de ASSE sino que arguye difamación por el uso de los términos “tus” hospitales y “feudo”, que sostiene le asignan propiedad personal, obviamente inexistente, del vasto organismo asistencial. El argumento carece de todo sustento. Es lo mismo que si Daniel Martínez o Danilo Astori se ofendieran porque un periodista escribiera o hablara de “su” intendencia o “su” ministerio. Son términos que ciertamente no conllevan suponer que el territorio de Montevideo, el Palacio Municipal o el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas forman parte del patrimonio de Martínez o de Astori. Lo mismo ocurre con ASSE. El uso de “sus” o “feudos” no implican que Muniz sea propietaria del organismo estatal sino que, como su presidenta, es la responsable directa e ineludible de su funcionamiento.
Detrás del argumento en que Muniz basa su denuncia está su obvio enojo con el tono del artículo y con las fragilidades operativas que señala. Tiene derecho a molestarse y discrepar pero no lo tiene a la improcedente interferencia en la libertad de prensa, derecho que es uno de los puntales de un régimen democrático como el que existe en Uruguay. Señalar errores y falencias que afectan a la sociedad, en esta instancia en la asistencia a su salud, es obligación de todo periodista serio en defensa del interés público. Y el tono redactor es su derecho, siempre que no infrinja leyes vigentes, como no ocurre en este caso.
Lo confirma el categórico pronunciamiento del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo). Denunció con precisión la denuncia penal de Muniz como “una forma de hostigamiento” a un periodista para intentar “amedrentar su trabajo”. Recordó además que, según la declaración de principios sobre libertad de expresión de la OEA, los “funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Esto es exactamente lo que contribuyó a hacer Pereyra al puntualizar las muchas áreas en que claudica ASSE. Su presidenta aprovecharía mejor su energía en corregir las debilidades y las irregularidades –comprobadas algunas, presuntas otras o que ya están ante la Justicia– en el organismo que preside. Desperdiciar sus esfuerzos con esta airada denuncia sin fundamento contra un periodista es, en cambio, un inútil intento de evitar que el periodismo responsable cumpla su cometido.
