Índice de transparencia activa en línea: Uruguay mantiene un bajo nivel de acceso a la información pública

Los organismos del Estado uruguayo tienen un bajo nivel de cumplimiento de la Ley N° 18.381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2022. 

El ITAeL evalúa el cumplimiento de la normativa, sobre la base de 33 indicadores de información obligatoria y otros 13 referidos a mecanismos de interacción y participación. 

El informe es elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) e implementado por el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay desde el año 2013.

Datos relevantes

• En promedio, el nivel de cumplimiento es de 35,84%, lo que muestra una leve caída respecto al informe de 2021 (36,36%).

• Los primeros lugares del Índice ITAeL lo ocupan el Plan Ceibal (92,22%), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) (91,86%), el Banco Central del Uruguay (BCU) (90,91%), la Administración Nacional de Correos (88,04%), el Banco de Previsión Social (BPS) (84,78%), el Fondo Nacional de Recursos (FNR) (82,95%), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) (81,52%) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) (80,68%).

• Sin embargo, organismos relevantes en el control de la transparencia estatal, como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Auditoría Interna de la Nación (AIN), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) presentan niveles insatisfactorios de cumplimiento de la normativa.

• De los 270 organismos relevados, sólo ocho (3%) tiene un alto nivel de cumplimiento de la normativa que regula la transparencia en el país y publican más de 80% de la información requerida. En contraposición, 62% de los sujetos obligados por ley (167) cumple con menos de la mitad de las exigencias de publicación de datos.

• A 14 años de aprobada la ley 18.381, los hechos demuestran que el camino hacia una cultura de transparencia ha sido más lento de lo deseado. Los resultados del ITAeL a lo largo de las distintas ediciones demuestran un comportamiento oscilante, donde la mayoría de los organismos relevados sigue sin dar un salto que les permita acceder y mantenerse en niveles de transparencia altos.

• La falta de transparencia se produce en una amplia gama de categorías de información, que va desde la ausencia de balances financieros, rendición de cuentas presupuestales, auditorías, escala de remuneraciones, pago de viáticos, compensaciones, currículum de autoridades, hasta la omisión de formas de contacto o el horario de atención.

• En varios casos, la información -cuando se encuentra disponible- es de difícil acceso, una situación que se repite en cada relevamiento. Además, hay organismos que poseen dos páginas web, en las que hay información incompleta en cada una de ellas y a veces discordante.

• En ese sentido, la plataforma Gub.uy, gestionada por AGESIC para facilitar y promover la implementación de servicios de Gobierno Digital en Uruguay, no ha redundado en un mayor ni más claro acceso a la información.

• Como regla general la mayoría de los organismos tampoco cumple con habilitar mecanismos de Interacción y Participación Ciudadana, de gobierno abierto, ni atiende necesidades de grupos específicos como recomienda la Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información Pública aprobada en 2020. 

• En este sentido, se observa que en las páginas web de los sujetos obligados no se presenta información relevante y necesaria para promover una mayor equidad de género o sobre programas sociales destinados a atender las necesidades de grupos específicos de población. 

• Es destacable la permanencia en el Nivel Alto del LATU, el Banco Central y el Correo. Asimismo, se subraya la mejora que les permitió subir de nivel a cinco organismos: el Plan Ceibal (que tuvo una mejoría de caso 20 puntos porcentuales), el BPS, el FNR, la URSEC y el INC. 

• Si se analiza específicamente el grupo de Organismos de Contralor, se observa una notable caída de diez puntos porcentuales respecto a la medición anterior. También presentan un descenso las Personas Públicas no Estatales y los Municipios, aunque en ambos casos la pérdida es de un punto porcentual.

• Los últimos lugares del Índice -todos con 7,61% de cumplimiento- lo ocupan los municipios de Mariscala (Lavalleja), Bañado Medina (Cerro Largo) y Centurión (Cerro Largo), creados en 2020 y Fraile Muerto (Cerro Largo), creado en 2010. 

• En líneas generales, los organismos del tercer nivel de gobierno – municipios- son los peores ubicados en el índice, con los guarismos de cumplimiento más bajos. Teniendo en cuenta que fueron creados a fin de aumentar la participación ciudadana, resulta preocupante este incumplimiento que se mantiene en las sucesivas ediciones del informe. 

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