Indice de Transparencia Activa en Linea muestra disparidad en el cumplimiento de las obligaciones de publicar información en sector público
El Índice de transparencia Activa en Línea (ITAel) se propone retratar la situación actual de la provisión de información a través de los sitios web a partir de las dimensiones básicas que suscitan acuerdo en materia de transparencia activa “en línea” del sector público, vinculadas a los contenidos, a las formas en que se estructura la información y a la interacción de los usuarios con ella.
Con el fin de desarrollar este trabajo CAinfo y el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCU firmaron un convenio a partir del cual los alumnos del curso de Metodología de cuarto año de la Licenciatura en Comunicación Social hicieron una evaluación piloto de 40 organismos del Estado.
En una etapa posterior un equipo de CAinfo validó y auditó la recolección de datos, los cuales se remitieron nuevamente al Departamento de Comunicación de la UCU. Finalmente el pasado jueves 23 de mayo se presentó el Índice ante distintas autoridades de los organismos auditados.
Junto a este comunicado encontrará el informe completo con el análisis de todas las mediciones y sus conclusiones.
Resultados
El índice explora los resultados de las páginas web en dos dimensiones distintas: por un lado “Información Obligatoria” y por otro “Participación e Interacción”. La primera refiere a aquella información que es obligatoria publicar proactivamente de acuerdo a la ley N° 18.381, de Derecho de Acceso a la Información Pública; mientras que la segunda refiere a la posibilidad de los ciudadanos de participar -en diversos grados y formas- de la gestión de la organización pública. Si bien esta dimensión no reúne obligaciones que actualmente tengan los organismos el Estado, se basan en referencias internacionales como la Ley Modelo de la OEA.
De los resultados arrojados, se observa que en relación a la dimensión “Información Obligatoria” (en la que se evalúan aspectos como la publicación de la misión y visión del organismo, descripción de sus funciones y competencias, la estructura organizativa y facultades de cada unidad, calendario de actividades, noticias, autoridades y su currículum vitae, la agenda de las autoridades y un plan estratégico, entre otros) resaltan dos organismos que se sitúan en el nivel alto de la tabla: la Contaduría General de la Nación (CGN) y el Banco Central del Uruguay (BCU), ambos superan el 80% de las categorías obligatorias a publicar. También en un nivel alto, superando el 70%, se encuentran organismos como Administración de Ferrocarriles del Estado (80%), Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento -AGESIC- (80%), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (80%), Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (77%), Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- (73%) e Intendencia de Montevideo (72%). Entre los organismos que corresponden al grupo de Poder Ejecutivo, a pesar de tener que cumplir con más obligaciones que el resto de los organismos, hay una tendencia a concentrarse en los niveles más altos, en comparación con los resultados al interior de los otros grupos de organismos.
Mientras tanto, para esta misma dimensión, se observa que organismos como las Juntas Departamentales relevadas, con excepción de la Junta Departamental de Montevideo (45%), se encuentran en el nivel bajo de cumplimiento: Soriano (7%), Tacuarembó (23%), San José (23%), Treinta y Tres (23%) y Rivera (25%). Algo similar ocurre con las intendencias de esos departamentos: San José (26%), Treinta y Tres (29%) . En la parte baja de la tabla hay también organismos como el INE (19%), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (19%), Administración de los Servicios de Salud del Estado (26%), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (27%), Ministerio de Turismo (28%), Dirección General Impositiva (38%).
Respecto a la dimensión “Participación e Interacción” muchos de los organismos que se encuentran con un alto nivel de cumplimiento son aquellos que también puntúan bien en la dimensión anterior, éstos son: CGN, AGESIC y MIDES. Mientras tanto, con bajo nivel de cumplimiento se encuentran nuevamente las Juntas Departamentales (destacan con menor porcentaje: Tacuarembó -3%-, Rivera -12%-, San José -16%- y Treinta y Tres -19%-) e Intendencias ( Soriano -12,5%-, Tacuarembó -25%-, San José -28%-). Los bajos niveles en términos de Interacción y Participación para los grupos Intendencias y Juntas Departamentales son llamativos, ya que su condición de Estado municipal supone otro grado de cercanía con la ciudadanía y, por lo tanto, el cumplimiento con dichos indicadores parecerían ser especialmente importantes.
Respecto a los resultados del ITAeL en general (integrando las dos dimensiones descritas anteriormente), se observa que la CGN y la AGESIC obtuvieron las mejores posiciones (80% y 78%) de cumplimiento de los indicadores monitoreados, respectivamente. A este nivel de cumplimiento sigue el MIDES en la línea del 70% del cumplimiento.
En el extremo opuesto, encontramos que entre los organismos relevados que puntúan menos, se repiten las Juntas Departamentales, tres de las cuales cumplen con apenas un 20% o menos de los indicadores de transparencia en línea (Soriano -15%-, Tacuarembó -16%- y Rivera -20%-).
Análisis de los resultados
Al observar el índice completo, se desprende que todavía es extensa la lista de organismos que no cumplen con la mayor parte de las obligaciones mínimas planteadas por la ley, ni llevan adelante otro tipo de herramientas online que incentiven la participación y la interacción. Luego de cinco años de promulgada la Ley de Acceso a la Información Pública, esto podría indicar la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el control del cumplimiento de estas obligaciones, así como la importancia de desarrollar normas para regular la participación ciudadana.
El hecho de que ningún organismo cumpla con todas las obligaciones de transparencia activa pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la sensibilización respecto a la importancia que tiene esta herramienta para los sujetos obligados, en términos de transparencia y de interacción con la ciudadanía.
Es necesario reforzar los procesos de fortalecimiento institucional para generar los mecanismos internos permanentes que permitan una efectiva rendición de cuentas a la ciudadanía, aprovechando un canal de comunicación de fácil acceso como un sitio web.
La aprobación de esta Ley supuso un avance sustancial en la materia, pero aún quedan procesos de implementación pendientes, de modo de diseminar la temática de manera transversal en todo el Estado.
