Grave episodio de censura privada afecta libertad de expresión de la población, periodistas y medios
El empresario Francisco De Posadas, titular del Grupo Magnolio, y personas de su entorno, ejercieron presiones indebidas contra medios de comunicación para que retiraran de la circulación en sus ediciones digitales la noticia de un atentado que sufrió en sus oficinas el miércoles 21 de mayo.
Estas presiones, que pueden considerarse como censura privada, tuvieron un efecto inmediato: al menos la mitad de los ocho medios que inicialmente informaron del hecho, decidieron ceder a los requerimientos de De Posadas y retirar las publicaciones.
Hubo otro medio de comunicación que decidió no publicar la información debido a estas comunicaciones, realizadas directamente por el afectado, o por su entorno más cercano.
La censura privada, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la acción de individuos, empresas o grupos influyentes que, sin el apoyo del Estado, limitan o prohíben la difusión de información o expresiones.
La ocurrencia de este caso de censura privada circuló desde el viernes en diferentes ámbitos periodísticos, pero se hizo pública este domingo a través de un comunicado que se difundió en redes sociales por parte de un colectivo denominado «Encuentro de periodistas», que reúne a profesionales del periodismo de TV, radio, prensa, portales y agencias de noticias.
El hecho es especialmente grave porque está protagonizado por Francisco de Posadas, un empresario que en los últimos años se convirtió en un poderoso jugador del sistema de medios en el país gracias a la compra de numerosos medios de comunicación.
Actualmente, Magnolio controla las radios El Espectador Deportes (810 AM y 92.5 FM), FM Del Sol, Azul FM (Montevideo y Maldonado), y Disney FM.
También tiene intereses en otras áreas de la economía nacional a través del Mainau Group, del que es fundador y CEO desde 2016.
Cainfo condena estas prácticas empresariales porque afectan el derecho a la libertad de expresión de medios y periodistas, y fundamentalmente vulneran el derecho de la población a recibir información oportuna y de calidad. Además, se trata de información de notorio interés público, en momentos que la seguridad se encuentra en el primer lugar de las preocupaciones de la población.
