Debate en el parlamento sobre el límite a informar y la seguridad

Búsqueda, 23 de enero de 2014

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó como «ingenua» la postura de aquellos dirigentes de la oposición que le reclaman que dé más información sobre determinadas compras y procedimientos que realiza la Policía para enfrentar a la delincuencia.
«El derecho de acceso a la información debe ceder ante el interés de preservar la seguridad pública que se sustenta en la efectividad de los servicios policiales», afirmó Bonomi el martes 21 al comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento.
Bonomi fue citado a la Comisión por el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional), porque declaró bajo reserva -al amparo de la «ley sobre acceso a la información pública- la adquisición de material e insumos para la Policía.
La «ley de acceso a la información pública» permite acceder a determinados datos del Estado, pero establece la posibilidad de clasificar la información como reservada o confidencial. Todo aquello que pueda comprometer a la seguridad pública o a la defensa nacional puede entrar en esa categoría.
Durante el 2012, el ministro aprobó ocho resoluciones en las que califica como «reservada» información en poder o producida por sa Secretaría de Estado, según informó «El Observador». En esa categoría incluyó todos los datos vinculados a la estructura edilicia de las distintas dependencias, las «informaciones de urgencia, investigaciones y sumarios administrativos», los datos sobre hechos y personas recabados en los registros policiales, la cantidad de efectivos, móviles y tecnología disponibles, la «estrategia y planificación de las actividades vinculadas a procedimientos de combate a la delincuencia» la infraestructura carcelaria y la compra y venta de «materiales e insumos que utiliza el personal policial, como vestimentas, armas, equipos de comunicación, vehículos de transporte, cantidad de combustible asignado a los mismos, equipamiento para combate de fuego y otros siniestros».
«En el sistema uruguayo no hay forma de ocultar información», dijo Bonomi ante el planteo de Abdala, ya que toda licitación pública o compra directa es remitida al Tribunal de Cuentas.
No obstante, el ministro defendió que se catalogue determinada información como reservada porque de lo contrario se «pondría en riesgo la seguridad pública».
«El crimen organizado he aumentado su potencial para enfrentar a las fuerzas policiales. Consideramos que hay una posición bastante ingenua sobre lo que se puede y debe informar en forma pública. Temo que el diputado cae en esa ingenuidad. Hay que ser cauteloso en la difusión de aquellas circunstancias vinculadas a la seguridad. La información no puede ser difundida y dada a cualquier persona», dijo el jerarca.
Por eso, el ministro entiende que el «derecho de acceso a la información debe ceder ante el interés de preservar la seguridad pública que se sustenta en la efectividad de los servicios policiales».
Bonomi aseguró que el Ministerio del Interior «actuó siempre dentro del marco previsto por la ley» y que hizo «valer» las excepciones en «situaciones fundadas».
El diputado Abdala expresó una posición contraria. Dijo que el Ministerio recurre al «secretismo». «No se puede poner un manto sobre todas las adquisiciones, procedimientos», dijo.
«Sobre declarar la reserva, creo que está claro que el Ministerio ha hecho una evidente extensión desproporcionada sobre el tema, afirmó Abdala. «»Determinadas informaciones» no son todas las compras del Ministerio, ni todos los procedimientos disciplinarios. Se busca obturar, bloquear, limitar, ponerle freno al derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Ministerio».
«Estoy de acuerdo con que la seguridad pública ofrece determinados aspectos que deben ser guarecidos del conocimiento público, salvaguardar estrategia y apuntalar el combate al delito, pero no es un todo vale, el argumento de que hay que combatir a la delincuencia no da para que lo que sea», concluyó.