CSO Day – Representantes de la sociedad civil se reúnen a debatir sobre gobierno abierto: América Latina y el Caribe

El día 30 de octubre se reunieron en Londres representantes de la sociedad civil de varios países de América Latina y el Caribe a debatir en torno a los desafíos a los que se enfrentan en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA). Este encuentro, que contaba con una muy importante delegación (aproximadamente 80 personas) no fue casualmente organizado, sino que tuvo lugar en vísperas del comienzo de la cumbre anual de dicha Alianza, una excelente oportunidad para poner a punto una agenda para presentar en dicho marco.

En esta reunión de la sociedad civil se presentó una serie de puntos en común sobre lo que se entienden como desafíos para el efectivo funcionamiento del gobierno abierto, desde la perspectiva de la región. A continuación se resumen las principales temáticas.

¿Qué entendemos por gobierno abierto?

Uno de los elementos en común es la falta de definición en lo que respecta al concepto de gobierno abierto, no sólo en el sentido semántico, sino además en cuanto a las implicancias que dicho concepto impone a los compromisos asumidos por las partes que lo llevan a cabo.

Definir qué es gobierno abierto supone también hacer una clara distinción con respecto a las agendas del gobierno electrónico que llevan adelante los gobiernos. Se detecta que muchos de los compromisos asumidos por los países en el marco de AGA, responden a cuestiones de gestión y a procesos típicamente identificables con el segundo concepto.

Delimitar esta diferencia no solo es una necesidad en sí misma, sino que también supone trabajar en torno al gobierno abierto con un claro enfoque de derechos humanos. El marco que abre el gobierno abierto supone la posibilidad de marcar agendas políticas, y abrir espacios de diálogo. Teniendo en cuenta estas posibilidades es importante que se embarque en planes que traten temas como salud, medio ambiente, educación, etc. Ahondar en dichos debates va más allá de elaborar procedimientos, por ejemplo documentación electrónica de empresas dedicadas a las industrias extractivas (todos sus ramos). Implica abrir un espacio transparente al diálogo, para generar compromisos políticos colectivos en relación a asuntos económicos/productivos/ambientales, en torno a éstas industrias.

Debatir en torno a la definición de gobierno, tanto en su forma como en su contenido, es esencial también para otro gran debe en la región latinoamericana: la discusión colectiva. Actualmente son pocas las personas y organizaciones (tanto gubernamentales como no gubernamentales) que debaten acerca de cuál es el concepto, y generalmente se trata de aquellas que trabajan en el marco de AGA en cada uno de los países.

La falta de conocimiento de lo que trata gobierno abierto, y en muchos casos del hecho de que existe tal marco, empobrece el debate, se pierde de muchas voces y debilita los compromisos a los que llegan gobierno y sociedad civil. Es fundamental abrir el espacio para la discusión sobre lo que es gobierno abierto para hacer el proceso más plural y a su vez contar con más actores para el control del cumplimiento de los compromisos asumidos por cada país en sus respectivos planes. Un debate más abierto abre a su vez las puertas para una mayor difusión.

Brechas en la representatividad

A nivel de la sociedad civil organizada (SCO) que viene aportando al desarrollo de gobierno abierto en nuestra región, se encuentran varios desafíos que hacen a la recortada representatividad de grupos que se encuentran activos en dicho proceso.

En primer lugar aparece la necesidad que se amplíe la participación de la SCO yendo más allá de los grupos que trabajan temas como transparencia, acceso a la información y datos abiertos. Para que efectivamente el gobierno abierto se ocupe de temáticas más amplias se debería ampliar a organizaciones, colectivos y el sector privado para que aporten desde su experticia, experiencia e intereses acordes.

Otro de los desafíos relacionados con la brecha de representatividad es el centralismo que caracteriza a los procesos de gobierno abierto. En nuestra región hace falta también descentralizar la representatividad de modo que refleje los intereses de gobiernos y organizaciones locales.

También surge del debate la necesidad de la representación del Poder Legislativo y Judicial. Sin la participación de todos los poderes el debate desde el Estado es monopolizado por los ejecutivos, una parcialidad que para la región latinoamericana podría recaer en avalar el centralismo de tomas de decisión que caracteriza a los sistemas políticos de la región. Los otros poderes no solo aportan desde sus propios enfoques y roles, sino que además equilibran el debate desde el Estado.

Desafíos a la participación

El mayor desafío es profundizar en los niveles de participación. Actualmente son pocos los espacios para la participación y son pocas las organizaciones que tienen voz dentro de dichos espacios.

La primera problemática dentro de la participación es la falta de reglas claras de cómo se participa y hasta dónde se puede incidir. ¿Son espacios puramente deliberativos, o la participación puede llegar a marcar agenda en los planes de acción o incluso puede llegar a determinar la toma de decisión en el proceso de gobierno abierto? En general hay un falta de parámetros respecto a estas preguntas. Esto resulta en que se abran espacios muy acotados de participación, donde en última instancia los gobiernos son los que toman las decisiones, pero aún así estos últimos caracterizan a dichos procesos como “ampliamente participativos y abiertos”. La diferenciación entre lo que es y lo que debería ser, más allá de generar frustraciones y conflictos, se soluciona mediante el establecimiento de reglas explícitas y transparentes que determinen las expectativas y sean la referencia para el contralor.

Dentro de la región se dieron procesos de participación muy diversos, algunos casi inexistentes, así como se hicieron consultas públicas (de dispar calidad), hasta la generación de mesas temáticas compuestas de representantes de SCO y gobierno para la construcción conjunta de compromisos para el plan de acción. Sería necesario hacer un análisis de estos procesos de manera de poder extraer buenas prácticas y errores, para construir mejores procesos de participación. Pero a partir de la observación de estos distintos procesos aparece la pregunta acerca de cómo se evalúa la legitimidad de dichos procesos y cómo se mide el impacto de los mismos. La evaluación en sí misma no sería válida si no se establecen una serie de criterios que legitimen los criterios de análisis y los midan.

Estas preguntas y criterios cobran especial relevancia si, como se planteó en la reunión, se interpreta al marco del gobierno abierto como una oportunidad para replantearse las dinámicas de poder en tanto a quienes tienen el poder de decisión. Para poder llegar a tener ese debate, es fundamental antes pasar por los problemas de representatividad y las reglas del juego de la participación.

Surge también en la discusión el método de trabajo. Si se abren espacios de participación, ¿cómo se trabaja? ¿cómo se elabora en torno al gobierno abierto desde los distintos sectores? Se rescató como método el trabajo sobre ejes temáticos, es decir, que el debate y la elaboración de compromisos y su seguimiento se focalice sobre líneas temáticas, como ambiente, salud, transparencia, etc. Trabajar de esta forma permite la generación de compromisos más específicos, donde se determinen acciones concretas, responsables de las mismas y metas identificables y medibles. Además permite la inclusión de más actores, provenientes de diversos grupos que puedan volcar su expertise y reclamos en el proceso, haciéndolo más rico y plural.

Se proponen también algunas recomendaciones para el funcionamiento más eficaz de estos espacios de trabajo gobierno-OSC: la importancia de la presencia de los tomadores de decisión en dichos procesos de manera que existan compromisos reales de quienes tienen responsabilidades en las altas esferas de los organismos estatales. También la necesidad del peer learning tanto entre los diversos actores sentados en una mesa gobierno-SCO, como entre gobiernos y entre organizaciones de la sociedad civil de distintos países que trabajan en gobierno abierto. Esto es fundamental para la transmisión de buenas prácticas y de lecciones aprendidas.

Retos de la sostenibilidad

En el marco de este encuentro aparecen algunas preguntas acerca de la sostenibilidad del proceso de gobierno abierto, cómo pensarlo en el mediano y largo plazo y algunos elementos que retan ese proceso.

Una primera pregunta común a todos los países presentes es si existen o cómo prever mecanismos de sanción por incumplimiento de los compromisos que aparecen en los planes de acción nacionales. ¿Se puede pensar en un proceso sostenido y legítimo de gobierno abierto sin este sanciones? ¿Quiénes evalúan y disponen las penalidades? Estas preguntas deben de encontrar respuestas si se pretende contar con un proceso de gobierno abierto eficaz y legítimo.

Otra pregunta acerca de la sostenibilidad trata cómo perpetuar los planes de acción, y los esfuerzos en general en pos de gobierno abierto, en las transiciones de gobierno. Esto es un desafío general para los países de la región, que en algunos casos se están enfrentando a cambios de gobierno con nuevos gobiernos con un signo político distinto de los que asumieron los compromisos. Reglas, claras, procesos de monitoreo y evaluación, y mecanismos de sanción parecieran ser algunos de los debates a dar para encontrar respuestas al desafío.

También está la interrogante respecto a cómo financiar estos procesos. Si bien algunos países hicieron alguna inversión en la organización de una pequeña campaña o el apoyo de grupos de trabajo, no hay un real planteo respecto al aspecto de sostenibilidad económica del gobierno abierto. Esta pregunta es tanto válida para los Estados como para la sociedad civil. Si realmente se pretende que se un proceso de trabajo conjunto, donde representantes de la sociedad civil deben de estar dedicados y trabajando regularmente para el funcionamiento de procesos participativos, es necesario hacer una propuesta concreta sobre dicho aspecto. Pretender que la sociedad civil siga el proceso de manera voluntaria no da las garantías para que el proceso de participación sea sistemático y efectivo.

Alcance de AGA

Varias de las observaciones en la reunión fueron acerca de los propios procesos de AGA, de su funcionamiento y alcance.

Un tema en común fue el Mecanismo de Evaluación Independiente (IRM por su sigla en inglés), mecanismo que evalúa el nivel de cumplimiento de los planes de acción así como los procesos de su constitución. Las demandas fueron acerca de la falta de claridad de las consecuencias que pudieran generar los resultados de dicho mecanismo. Sin protocolos claros acerca de las consecuencias o de los procesos a través de los cuales llevarlas a cabo, se puede estar perdiendo mucha de la potencialidad de una herramienta fundamental para el control de los niveles de cumplimiento.

En relación también al IRM surgió la solicitud de que las observaciones que se hacen a los países miembros de AGA, hagan un especial hincapié en la evaluación de los procesos de participación. Se observó que es muy importante el rol del mecanismo para contar con un observador externo que evalúe si dichos procesos fueron de calidad y efectivos. Por supuesto que para que tal evaluación se lleve a cabo serían antes necesarias una serie de guías y referencias que permitan un análisis objetivo de los grados de calidad de la participación.

También los participantes se manifestaron acerca de la necesidad de mayor transparencia del trabajo y presupuestos manejados por AGA y sus distintos componentes. En el mismo sentido se propuso que se crearan mecanismos que faciliten los procesos de accountability de AGA hacia el público.

Estas fueron las temáticas que surgieron de la reunión de SCO de América Latina y el Caribe. La misma resultó muy rica tanto para las organizaciones presentes (como pueden ser para sus colegas en sus respectivos países) así como para los distintos cuerpos de AGA. Una serie de puntos en común de una región pueden ser fundamentales para la creación de una agenda colectiva para trabajar en la incidencia tanto en el plano nacional, local y regional en el marco de gobierno abierto.