Comenzó campaña de recolección de firmas por una nueva ley de salud mental y otro modelo de atención
“Rayados estamos todos. Sí a las redes, no al encierro” decían las banderas instaladas ayer en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, donde más de 40 organizaciones sociales, académicas y culturales firmaron en adhesión a la propuesta y el lanzamiento de la recolección de firmas que la Asamblea Instituyente realizó en dicha conferencia de prensa. La frase de las banderas resume en buena medida ese otro modelo de atención en salud mental al que apuntan esos colectivos: un modelo que termine con el aislamiento que implica la internación en los grandes asilos, con un enfoque de derechos humanos y que cumpla con los estándares internacionales con los que se ha comprometido Uruguay.
La Asamblea Instituyente -en la que están representados directamente usuarios y familiares de personas con patologías psiquiátricas, además de instituciones educativas y gremiales- participa en los dos grupos de trabajo que están discutiendo una nueva ley de salud mental: el que conformó el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el que formó la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Pero saben que los tiempos institucionales son otros y que el cambio que buscan no sólo tiene que plasmarse en papeles, sino que requiere un cambio de mentalidad. Por eso ayer, antes y después de la conferencia de prensa, los integrantes de la Asamblea Instituyente salieron a las calles a informar sobre el cambio que se busca, “para sacar el estigma” que tienen las personas con padecimientos mentales, tal como lo dijo Fanny Azpiroz, integrante del Grupo de la Esperanza, conformado por familiares.
Hasta el 10 de octubre juntarán firmas para forjar un cambio que resumen en seis puntos. En primer lugar piden “que no se postergue la discusión y aprobación de una ley de salud mental adecuada a los estándares internacionales”, que hacen énfasis en “la dignidad del sujeto, el vínculo con su familia y el vínculo con la comunidad”; solicitan que se implemente “un sistema de atención integral e interdisciplinaria de la salud mental, de carácter intersectorial y con una red de servicios de salud mental que funcione con coberturas territoriales”; proponen crear centros de atención diurna, servicios comunitarios culturales y otros dispositivos de atención comunitaria; piden “que se establezcan unidades de atención en salud mental en los hospitales generales”, algo que comenzó a hacerse, lentamente, en la administración anterior; piden “que se revise el posible uso indiscriminado de medidas de fuerza, uso indiscriminado de electrochoques y uso abusivo de psicofármacos”, y para eso solicitan que se revisen y se cumplan los protocolos de actuación. Si bien las autoridades del MSP han manifestado que se pretende el cierre paulatino de las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, la Asamblea Instituyente exige que se elabore un cronograma para el cierre de ambas colonias, del hospital Vilardebó “y de las instituciones públicas y privadas de atención manicomial y monovalente en todo el territorio nacional”. Por último, los colectivos piden crear un órgano revisor de los derechos humanos que tenga independencia, y solicitan “la pronta dotación de recursos para la INDDHH” para que cumpla con la función de mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Publicado en La diaria, 25 de junio
