CIDH señala desafíos para la libertad de expresión en Uruguay

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves 2 de junio su informe anual, en el que incluye un capítulo sobre la situación de Uruguay. 

Allí da cuenta de las denuncias de un “creciente clima de hostigamientos y acusaciones contra periodistas y medios críticos” por parte de voceros oficiales, especialmente a través de redes sociales, y señala que eso puede afectar “las garantías para la libertad de expresión y el espacio informativo”. 

El informe menciona varios de los casos consignados en el último informe sobre “Periodismo y libertad de expresión” presentado por Cainfo el pasado 29 de abril, entre los que se encuentran casos de estigmatización en redes sociales por parte de voceros oficiales, demandas judiciales contra periodistas, y rechazo a pedidos de acceso a la información, entre otros. 

Según el informe, el Estado uruguayo fue consultado ante esta situación, y envió una respuesta a través de su embajada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de Washington Abdala. El Estado sostiene que “el periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, democrática” y que “los abusos de poder no son monopolio de los regímenes autoritarios; se dan también en las democracias, y aunque el periodismo independiente no los puede evitar, la denuncia de esos abusos cumple en sí misma una función extraordinariamente valiosa”.

Sin embargo, en esa misma respuesta el Estado uruguayo argumenta que “el problema principal al que se hace frente hoy es el intento de la sustitución del periodismo por lo que ahora se llama ‘el relato’, es la sustitución del esfuerzo serio, profesional de la enumeración de los hechos, por la imposición de una narración creada al gusto del consumidor”, lo que se encuentra regulado por diversas normativas como la Ley de Prensa y la Ley de servicios de comunicación audiovisual”. 

Entre sus consideraciones, la RELE reiteró que las personas que ostentan posiciones de liderazgo público “están llamadas a mantener un discurso favorable a la libertad de expresión, asegurándose de que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen al debate mediante la expresión y difusión de su pensamiento, como las y los periodistas y los medios de comunicación». 

En cambio, añadió, “los discursos que alientan a la estigmatización de la prensa erosionan el sistema democrático y contribuyen a crear un clima de autocensura”. 

La RELE también da cuenta de la situación de la radiodifusión comunitaria por la reforma legal incluida en la reciente Rendición de Cuentas, que puede afectar “el funcionamiento de varias emisoras”. En materia de libertad de expresión en Internet, la relatoría expresa su “preocupación” por el caso del sitio de noticias Sudestada, que sufrió el retiro de dos investigaciones periodísticas de los resultados de búsqueda de Google. 

Entre los “retos” que tiene el país la RELE subrayó el retroceso denunciado por la sociedad civil en materia de acceso a la información pública, como el que consignó Cainfo en su informe anual del año 2021 y fue objeto de una declaración por parte de 17 organizaciones de derechos humanos el 3 de mayo del mismo año. 

La CIDH está presidida por la peruana Julissa Mantilla (foto) y la RELE está a cargo del colombiano Pedro Vaca.

Lee el informe completo de la RELE en este enlace





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