Cainfo y Gaia presentaron informe sobre acceso a la información ambiental
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y Gaia presentaron los resultados de una investigación sobre la aplicación regional del Principio 10 de la Declaración de Río en Uruguay, compromiso referido a las garantías para el cumplimiento del acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en esa materia.
La jornada que se desarrolló el martes 29 de julio en el anfiteatro Reinaldo Gargano de la Cancillería, propició el diálogo entre actores gubernamentales, sociedad civil y público en general en relación al proceso regional tendiente a garantizar los derechos ambientales.
En representación de la sociedad civil expusieron el director del CAinfo, Edison Lanza, y el integrante de Gaia, ALberto Gómez.
Por el Estado intervinieron, entre otros, el director General Adjunto para Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González Arenas, el Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, y el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Gabriel Delpiazzo.
También participaron la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El Principio 10 de la Declaración de Río fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En 2012, durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron una declaración donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas, hasta un convenio regional abierto a todos los países, tendiente al cumplimiento cabal del Principio 10.
