Cainfo ve con preocupación la escalada de declaraciones agraviantes contra periodistas por parte de senadores del gobierno
En los últimos días desde cuentas en redes sociales de primeras figuras del oficialismo, han proliferado comentarios tendientes a deslegitimar la labor informativa de periodistas. En especial, respecto de las coberturas que son consideradas críticas hacia el accionar del gobierno.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos acusó la semana pasada (por segunda vez) al semanario Búsqueda de practicar un “periodismo sicario” al responder a una publicación que lo vincula a él y a su familia a un campo del Instituto Nacional de Colonización.
A su vez, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, descalificó al periodista del diario El País, Tomer Urwicz, quien realizó una publicación en Twitter sobre la actividad de la legisladora en las redes sociales. Primero lo entrecomilló como periodista y siguió arrobándolo en posteos sucesivos, intentando cuestionar su trabajo periodístico.
Bianchi también acometió contra la periodista Georgina Mayo atacándola con varios calificativos por diferentes coberturas periodísticas o publicaciones en redes sociales.
A lo largo de 2021, la senadora oficialista ya había realizado posteos contra periodistas como Ana Laura Pérez, Paula Barquet, Denisse Legrand, Cristina Richeri, Guillermo Garat, Darío Klein y Fabián Cardozo. Además, en varias ocasiones sostuvo que cuenta con el apoyo del presidente de la República en sus dichos y acciones.
Cainfo alerta sobre el efecto amedrentador y de silenciamiento que tienen estos discursos agraviantes desde primeras figuras públicas, no solo a las personas directamente involucradas, sino a toda la sociedad. Esto resulta particularmente grave en un contexto electoral, donde los agravios más recientes se asocian a la cobertura periodística de la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Estas acciones no solo vulneran la libertad de expresión de periodistas sino que atentan contra el derecho de la población a buscar, recibir y difundir todo tipo de información, propiciando un debate democrático y robusto, como señalan convenios internacionales a los que el Uruguay adhirió.
Este ambiente de hostigamiento, que Cainfo ya denunció en 2021 y se ha mantenido, se produce a pocos días de que el país se convierta en sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que organiza Unesco entre el 2 y el 5 de mayo en Punta del Este. Este foro internacional de primer nivel pondrá a Uruguay en el foco de la comunidad global de libertad de expresión, en momentos en que el periodismo enfrenta a nivel mundial diversas amenazas, muchas veces provenientes de los gobiernos y agentes estatales.
