CAinfo repudia denuncia penal por difamación presentada por el Jefe del Ejército contra periodista
El Comandante en Jefe del Ejército, general Claudio Feola, presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista de radio Sarandí Gabriel Pereyra. El juicio se presenta a raíz de su opinión respecto a recientes declaraciones del jerarca castrense sobre los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Feola, quien asumió como comandante el pasado 8 de abril, había declarado durante la primera conferencia de prensa tras asumir el cargo que no estaba dispuesto a “repudiar” los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares porque no sabía si “están confirmados o no”. Estas manifestaciones derivaron en un llamado de atención del ministro de Defensa, José Bayardi, tras lo cual Feola aseguró que “no se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”.
Según informó el diario El Observador el sábado 11 de mayo, Feola demandó por “difamación” a Pereyra en respuesta a sus expresiones en el programa Informativo Sarandí, donde cuestionó las declaraciones del jerarca castrense.
“Tengo una duda: si este hombre además de atorrante es un cobarde, porque lo que dijo lo dijo con una enorme claridad y ahora se desdijo. Pensé que quedaba un poco de decencia en el Ejército pero a esta altura de los acontecimientos, cuando se excavó en los cuarteles y se sacaron restos de desaparecidos… No le digo que el propio Ejército en dos oportunidades en posdictadura ya reconociera las violaciones en derechos humanos, no le digo que reconozca la frase de su propia fuerza sino la fuerza de los hechos”, dijo Pereyra, al informar sobre la aclaración de Feola.
Si bien posteriormente el periodista aclaró que no quiso afectar el honor del Ejército, el jefe militar igualmente decidió presentar la demanda ante la Justicia, y lo hizo en representación de todos los oficiales superiores de dicha institución militar.
Ante este anuncio del comandante en Jefe del Ejército, general Claudio Feola, CAinfo expresa su repudio y considera que la denuncia penal configura una amenaza contra la libertad de expresión, que agrava la preocupante situación que se viene registrando en los últimos años en el país.
En el reciente informe de Amenazas a la Libertad de Expresión de los Periodistas en Uruguay, presentado el 3 de mayo, CAinfo alertó a las autoridades públicas sobre la proliferación de este tipo de hostigamiento a través de la Justicia, señalando la existencia de 22 juicios en los últimos cinco años.
CAinfo recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, señala en su artículo 11 que “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y ha reiterado que “la amenaza de responsabilidad penal por deshonrar la reputación de un funcionario público inclusive como expresión de un juicio de valor o una opinión, puede utilizarse como método para suprimir la crítica y los adversarios políticos”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha señalado, asimismo, que “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
La RELE agrega que “los funcionarios públicos y las personas públicas, se han expuesto voluntariamente a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y en aras del control social necesario para un eficiente y adecuado ejercicio de los poderes del Estado, han de ser más tolerantes a la crítica. La protección al honor en estos casos ha de darse en sede civil, en virtud de que la sanción penal podría inhibir el control de la función pública necesario en una sociedad democrática”.
Foto portada: FocoUy – Dante Fernández
