CAinfo presenta acción judicial para acceder a información en poder de ANEP y CEIP sobre la situación del derecho a la educación para los niños y niñas con discapacidad
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pùblica (CAinfo) presentó el miércoles pasado una acción judicial de acceso a la información para que la justicia ordene a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) la entrega de una serie de datos relativos a las medidas que ha adoptado el Estado para garantizar el derecho a la educación delos niños/as con discapacidad, y cuál es la inserción que este grupo de la población tiene hoy en el sistema educativo.
Las solicitudes de Acceso a la Información que CAinfo presentó (al amparo de la ley Nº 18.381, Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública) ante los organismos fueron efectuadas en el marco del proyecto “Acceso a la educación inclusiva en Uruguay”. El estudio, realizado en alianza con la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, busca conocer las medidas que el Estado está implementando para garantizar el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad.
Para realizar el estudio CAinfo dirigió tres solicitudes a estos dos organismos entre diciembre del año pasado y febrero del presente buscando conocer datos como: presupuesto público relativo a la atención de las metas de educación inclusiva, presupuesto público asignado con destino a la adecuación edilicia de los centros educativos para asegurar la accesibilidad de niños y niñas con discapacidad, cantidad de niños/as con al menos una discapacidad diagnosticada matriculados en la educación pública inicial y primaria común a nivel nacional, cantidad de niños con discapacidad que abandonaron la escuela inicial o primaria a nivel nacional, qué protocolos existen para regular la admisión de niños/as con discapacidad en los centros educativos, entre otros datos.
La información que se solicitó a los organismos rectores de la educación inicial y primariaes de alto interés público, puesto que ésta “resulta imprescindible para que la sociedad en su conjunto y los padres de los niños con discapacidad puedan conocer las acciones emprendidas por el Estado a efectos de cumplir con las obligaciones asumidas en el ámbito interno e internacional respecto a garantizar el derecho a la educación de los niños/as con discapacidad y ejercer su derecho a la participación en este asunto público”.
En ese sentido, la omisión de la administración infringe un derecho individual y colectivo, pues además de violentar el derecho de acceso a la información pública (no respondiendo las solicitudes formuladas por ambas organizaciones sociales), se infringe también el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la participación de los asuntos públicos, pues se priva a toda la ciudadanía de conocer sobre los asuntos en cuestión.
La demanda presentada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4to turno destaca que “durante los meses que han transcurrido desde la presentación de las solicitudes de información a la fecha” CAifo realizó “decenas de llamadas en forma semanal a la ANEP y el CEIP con el propósito de dar seguimiento a los expedientes, obtener la información en el menor tiempo posible y evitar tener que llegar a esta instancia judicial”; pero que sin embargo, excepto una contestación parcial a uno de los pedidos, el organismos no han brindado respuesta a las solicitudes formuladas.
En este caso operó el silencio positivo, ya que caducó el plazo de 20 días hábiles (más una eventual prórroga de 20 días más) previsto por la ley 18.381 para que los organismos entreguen la información o bien la deniegue expresamente con expresión de motivos basados en las excepciones legales. Pero como no sucedió ninguna de las dos cosas, la ley estipula que “(el interesado) podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela”, en virtud de lo cual CAinfo solicitó ante el Juzgado que la información sea entregada.
En la demanda CAinfo hace hincapié que la importancia del derecho al acceso a la información pública como herramienta fundamental para ejercer y exigir derechos fundamentales ha sido reconocido y destacado por distintos organismos y tribunales a nivel nacional e internacional; en ese sentido es fundamental que el estado vele por la correcta implementación de la ley que lo regula.
