CAinfo alerta ante posible afectación de la libertad de expresión de los periodistas de los medios públicos
Este miércoles 29 de abril se conoció el contenido de una carta enviada por el nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión.
En dicha comunicación, Sotelo anuncia la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes”. Además, se advierte que la consulta deberá ser anterior al inicio del proceso de producción de cada uno de dichos contenidos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública alerta ante las posibles consecuencias negativas que una decisión de este tipo puede tener para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos de radio y televisión que integran el Secan.
Sin perjuicio de la lógica discusión de criterios periodísticos o editoriales que caben a la dirección de todos los medios (públicos o privados), la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de “balancear las opiniones” o “reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial”, además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa.
Este riesgo se agrava por el hecho de que Sotelo mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una de las postulantes a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones de octubre por la coalición gobernante.
En este sentido, CAinfo considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”, señala el informe, que recomienda además que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.
La RELE agrega que la legislación “debería contemplar un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés”, así como “requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios de públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional”.
