Aprobación de nueva Ley de Medios afecta libertad de expresión en un contexto de disminución de amenazas
Un nuevo descenso en el número de casos de restricciones y amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay se registró en el último informe «Periodismo y libertad de expresión en Uruguay» que elabora Cainfo, en base a la metodología de la red Voces del Sur. Se registraron 51 casos entre abril de 2024 y marzo de 2025, con una clara mayoría de episodios que tienen como responsables a funcionarios u organismos del Estado.
El caso más grave de todo el período fue la aprobación de una nueva ley de medios que aumenta la concentración y legaliza la situación actual de varios grupos mediáticos, habilita la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y elimina la participación pública y el control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
Su votación por parte de los legisladores oficialistas provocó el rechazo de grandes sectores de la sociedad civil, de la academia, de expertos internacionales y de relatores especiales de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Incluso la relatora especial de la ONU Irene Kahn envió una carta al canciller de la época, Omar Paganini, instando a rever la normativa.
Tendencia decreciente
En esta edición se muestra un descenso de casos respecto a los informes anteriores (es el menor número de los últimos cuatro años) lo cual refleja una tendencia positiva si se tiene en cuenta el número de 69 episodios registrados en el informe de 2022. De hecho, es notable que este nuevo descenso se haya producido a pesar de la incidencia del año electoral, un período en el que suelen producirse discrepancias o enfrentamientos entre dirigentes políticos y periodistas por el tono de las coberturas de campaña.
A pesar de ello, se mantienen las agresiones a periodistas y discursos estigmatizantes provenientes en un número significativo de personas vinculadas a organismos del Estado, políticos de relevancia o funcionarios públicos. De hecho, el Estado continúa siendo el principal responsable de la mayoría de los ataques con 25 casos (49%), seguido de personas que provienen de ámbitos privados con 17 casos (33%) y personas no identificadas o grupos en 9 episodios (18%).
Las Restricciones en el acceso a información es la categoría más repetida, y es el indicador que presenta uno de los episodios más graves del período, la decisión de la Fiscal de Corte Subrogante de prohibir la difusión de los pedidos de formalización en causas que tienen interés público, como aquellas que tratan de casos de corrupción en el Estado.
La categoría que señala los episodios de Discurso estigmatizante sigue siendo un porcentaje importante del total (28%), aumentando respecto al informe anterior, y Agresiones y ataques le sigue en número de casos (18%).
Montevideo concentra la mayoría de las afectaciones a la libertad de expresión de periodistas (40). En el interior se registraron 11 casos en 4 departamentos: Maldonado (4), Cerro Largo (3), Canelones (2) y Colonia (2).
En los casos consignados, tomados por sexo de las víctimas, 21 de ellas fueron varones, 11 fueron mujeres y el resto se trató de grupos de periodistas o medios de comunicación. En 7 episodios hubo componentes de género en la agresión.
Junio de 2024 y Marzo de 2025 fueron los dos meses del período en los que se registraron más incidentes.
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