Índice de Transparencia Activa en Línea 2023
1 . Resumen Ejecutivo
2 . Resultados Generales
3 . El Índice
Derecho de Acceso a la Información Pública
4 . Marco Metodológico
5 . Anexos
- Gráficos
- La rebeldía de los 15. Por Gabriel Delpiazzo
- Los pedidos de acceso en Uruguay. Por Daniel Lema
Investigación: Pilar Teijeiro, Carolina Molla, Daniel Lema, Fabián Werner.
Asistentes de campo: María Natalia Rodríguez, Lucía Silveira, Lucía Pereira, Angie Álvarez, Luciana Delgado y Sofía Dri.
Por consultas y comentarios: info@cainfo.org.uy
1. Resumen Ejecutivo
A 15 años de la vigencia de la Ley N° 18.381, los organismos del Estado uruguayo mantienen un bajo nivel de cumplimiento en lo establecido en la norma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según el resultado del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) 2023.
En promedio, el nivel de cumplimiento es de 35,58%, apenas por debajo del 2022 que fue 35,84%. Esto consolida la tendencia decreciente que se viene registrando en los últimos relevamientos y confirma el deterioro en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Este es el peor resultado del Índice desde su creación hace diez años.
De los 271 organismos relevados, sólo ocho (2,95%) tiene un alto nivel de cumplimiento de la normativa que regula la transparencia en el país y publican más de 80% de la información requerida en el Decreto N° 232/010 que reglamentó la ley. En contraposición, el 61,99% de los sujetos obligados (168) cumple con menos de la mitad de las exigencias de publicación de datos. Del resto de los organismos, el 23,62% (64) tiene un nivel medio de cumplimiento y el 11,44% (31) un nivel medio alto.
Es importante destacar que los organismos que se encargan del control de la transparencia estatal y de la lucha contra la corrupción se ubican en niveles insatisfactorios de cumplimiento de la ley, con las consecuencias que eso tiene para la adecuada información de la población. Del mismo modo, los municipios, organismos estatales del tercer nivel de gobierno, son los que en conjunto presentan los peores resultados, a pesar de tener la obligación de tener una mayor cercanía en el territorio.
La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (N° 18.381, en adelante LDAIP) vigente desde 2008, que promueve la transparencia de la función administrativa de todos los organismos públicos, estatales y no estatales, sigue sin cumplirse a cabalidad. Si bien su aprobación ubicó a Uruguay a la vanguardia del continente en la materia, a 15 años de aprobada la norma los hechos demuestran que el camino hacia una cultura de transparencia ha sido más lento de lo deseado y que incluso en los últimos años se han experimentado retrocesos por la vía legal, como lo han mostrado diversos pronunciamientos de Cainfo y otras organizaciones de la sociedad civil.
Los resultados del ITAeL a lo largo de las distintas ediciones demuestran un comportamiento oscilante, donde la mayoría de los organismos relevados sigue sin dar un salto que les permita acceder y mantenerse en niveles de transparencia altos.
La falta de transparencia se produce en una amplia gama de categorías de información, que va desde la ausencia de publicación de balances financieros, rendiciones de cuentas presupuestales, auditorías, nómina de personas contratadas, escala de remuneraciones, pago de viáticos, compensaciones, hojas de vida de autoridades, hasta la falta de formas de contacto o el horario de atención al público.
La información -cuando se encuentra disponible- muchas veces es de difícil acceso, una situación que se repite en cada relevamiento. Además, hay organismos que poseen dos páginas web, en las que hay información incompleta en cada una de ellas y a veces discordante.
En ese sentido, la plataforma Gub.uy, gestionada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para facilitar y promover la implementación de servicios de Gobierno Digital en Uruguay, no ha redundado en un mayor ni más claro acceso a la información. De hecho, en algunos organismos la calidad de la información disponible en la actualidad es menor que antes de la migración a la nueva plataforma.
Como regla general la mayoría de los organismos tampoco cumple con habilitar mecanismos de Participación Ciudadana, de gobierno abierto, ni atiende necesidades de grupos específicos como recomienda la Ley Modelo Interamericana 2.0 de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada en 2020. En este sentido, es bueno recordar que Uruguay todavía sigue sin armonizar su legislación a estos estándares internacionales, lo cual lo ubica en la actualidad como uno de los países rezagados a nivel regional.
Como ejemplo, se observa que en las páginas web de los sujetos obligados no se presenta información relevante y necesaria para promover una mayor equidad de género o sobre programas sociales destinados a atender las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, en muchos casos se incumple con criterios básicos de accesibilidad, lo cual implica la ausencia de publicación en formatos accesibles a través de un sistema de búsqueda simple y eficaz.
Datos relevantes
A 15 años de aprobada la norma, el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía es un horizonte lejano. El nivel de opacidad en el Estado uruguayo se mantiene en niveles muy altos debido a la brecha que todavía existe entre la obligación legal de publicación y su efectivo cumplimiento.
Para este año 2023, el promedio general ITAeL es otra vez menor a 36% ubicándose en un Nivel Bajo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.
Los Municipios, las Juntas Departamentales y las Intendencias siguen siendo los organismos con más bajo cumplimiento, a pesar de que dentro de sus principios de creación están la cercanía y la promoción de la participación ciudadana.
La gran mayoría de los portales municipales son sitios creados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (municipios.gub.uy) con datos genéricos, sin un listado concreto de servicios ofrecidos a la ciudadanía, ni información sobre cómo acceder a los mismos. En muchos casos ni siquiera se dispone de los nombres de las autoridades (alcaldes y concejales), por lo que lejos está de cumplirse el mandato de participación ciudadana y cercanía planteados en la ley de creación de los mismos.
En materia de accesibilidad, el país está muy lejos de lo recomendado en los nuevos estándares internacionales establecidos en la Ley Modelo Interamericana 2.0. La falta de accesibilidad informativa en los portales del Estado impacta directamente en las poblaciones especialmente vulnerables o con necesidades particulares, ya sea porque no se publica información discriminada sobre los grupos, por la falta de servicios específicos, o porque el lenguaje utilizado no es accesible a personas con discapacidad.
Como consecuencia de los datos contenidos en este nuevo informe, es importante insistir en la necesidad de que la Transparencia se constituya en un eje del plan estratégico de todos los organismos, una línea transversal de trabajo, además de que tenga un ítem en el presupuesto y se le asigne recursos humanos para poder cumplir con las obligaciones a cabalidad.
En ese sentido, este informe cierra con dos documentos de análisis: El Dr. Gabriel Delpiazzo (Ex presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública), hace un balance de la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro país, y subraya la falta de voluntad política para implementar las mejoras necesarias.
Asimismo, Daniel Lema, integrante de Cainfo, analiza los pedidos de acceso a la información pública (transparencia pasiva) en la última década, el nivel de cumplimiento de los organismos, y la necesidad de actualizar la ley con modificaciones que establezcan más y mejor acceso a la información.
2. Resultados generales
De acuerdo con el relevamiento realizado en 2023, el promedio general de cumplimiento con la normativa es de 35,58%, es decir un Nivel Bajo. De 271 organismos relevados, 168 (61,99%) cumplen con menos del 40% de obligaciones de transparencia activa. Sesenta y cuatro instituciones (23,62%) tiene un cumplimiento de Nivel Medio, 31 organismos (11,44%) se ubican en Nivel Medio Alto y 8 (2,95%) alcanzan el Nivel Alto.
Los primeros lugares del Índice ITAeL lo ocupan el Banco Central del Uruguay (BCU) y la Administración Nacional de Correos con un 93% de cumplimiento. Le siguen el Plan Ceibal y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) con 92%. Un poco más atrás aparecen el Fondo Nacional de Recursos (87%), OSE (83%) y el BPS (82%). Salvo OSE , que en la edición 2022 se ubicaba en un nivel medio alto de cumplimiento, y en esta edición mejoró, se repiten los organismos que tienen buen desempeño en transparencia activa.
Organismos relevantes en el control de la transparencia estatal y lucha contra la corrupción, como la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Auditoría Interna de la Nación (AIN), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) presentan niveles insatisfactorios de transparencia activa en línea.
En este sentido, si se analiza específicamente el grupo de Organismos de Contralor, se observa una caída de dos puntos porcentuales respecto a la medición anterior (2022). También presentan una caída de seis puntos porcentuales las Personas Públicas no Estatales. Los últimos lugares del Índice lo ocupan los municipios de Cerro Chato y la Charqueada con 5%.
En líneas generales, los organismos del tercer nivel de gobierno – municipios- se ubican al final de la tabla con bajos guarismos de cumplimiento. Teniendo en cuenta que fueron creados para “acercar la gestión del Estado a todos los habitantes” y propiciar la participación ciudadana, es preocupante la poca información que publican. Incluso muchos de ellos no tienen un sitio web propio. En este informe nuevamente se relevaron las páginas creadas por la plataforma digital puesta a disposición de los Municipios de Uruguay, desde el Área de Descentralización, Desarrollo y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Es que, salvo el Municipio B en Montevideo que pasó del 46% al 55% respecto a la edición anterior y el Municipio E del mismo departamento que subió al 43%, el resto de los gobiernos locales presenta un Nivel Bajo de cumplimiento ya que publican menos del 40% de las obligaciones del Índice.
En el otro extremo, los entes autónomos y servicios descentralizados presentan los mejores registros de cumplimiento de la ley: 52% tiene un Nivel Medio Alto (13 puntos más que la medición anterior) y 17% Nivel Alto (igual que el año anterior).
En nivel de cumplimiento le siguen las personas públicas no estatales (PPNE), que también muestran una mejora respecto a 2022. El 21% de los organismos tiene un nivel Medio Alto de cumplimiento (siete puntos más que el año pasado), un 9% está en nivel Alto (dos puntos más). A la vez creció dos puntos porcentuales la cantidad en nivel Bajo (28%).
A nivel departamental, de las comunas únicamente Montevideo se ubica en un nivel medio alto de cumplimiento. En tanto Canelones, Florida, San José, Rivera, Paysandú y Lavalleja registran un cumplimiento medio de las obligaciones de transparencia activa. Salvo Lavalleja que presenta una notoria mejoría respecto a la edición anterior, todas presentan una leve caída de su registro.
En cuanto a las Juntas Departamentales, que cumplen un rol legislativo y de contrapeso al ejercicio de los gobiernos departamentales, 15 deliberativos presentan un Nivel Bajo de transparencia.
La Junta de Cerro Largo aparece con 0% debido a que al momento del relevamiento y posterior supervisión la web estaba caída.
Recomendaciones
Los resultados del ITAeL 2023 reflejan, una vez más, la necesidad de que los organismos públicos avancen en un compromiso por la transparencia activa, destinando presupuesto y personal capacitado, que permita publicar la información y mantenerla actualizada, en línea con una verdadera política de Estado.
También es necesario fortalecer al organismo garante del cumplimiento de la LDAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), para que cumpla de manera adecuada y oportuna con las funciones de control, asesoramiento, consulta e instalación de capacidades.
En este sentido Cainfo comparte la propuesta de la UAIP, realizada en el marco de la discusión de la última Rendición de Cuentas, para dotar al organismo de potestades sancionatorias ante el incumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados.
Finalmente, es necesario discutir y actualizar la armonización de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública vigente en el país, acorde a los nuevos estándares internacionales establecidos en la Ley Modelo Interamericana 2.0. Esta actualización brindará mayores garantías a la población, que genere confianza en sus instituciones democráticas; y empodere particularmente aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad “permitiéndoles obtener un adecuado conocimiento de los medios a su alcance para mejorar sus niveles de vida y tener mejores oportunidades de participar en los beneficios del crecimiento económico” (OEA, 2020).En este sentido, Cainfo ha expresado su respaldo al proceso de discusión iniciado en el parlamento con la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley N° 18.381, que se encuentra en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha Contra el Lavado de Activos y el Crimen organizado de la Cámara de Representantes. En ese marco, la organización presentó un informe a consideración de los legisladores a fin de realizar aportes para la discusión de avances en materia de Acceso a la Información Pública.
3. El Índice
El ITAeL es elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) con el objetivo de medir el nivel de cumplimiento de los organismos públicos de las obligaciones dispuestas por la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública (2008) y su decreto reglamentario 232/010 de 2010. También releva los recursos dispuestos por los sujetos obligados para la interacción y participación de la ciudadanía a la luz de estándares internacionales como la Ley Modelo 2.0 Interamericana sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública de la OEA y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Sobre la base de 33 indicadores se evalúa la publicación de información general de cada organismo, del funcionariado, información financiera, de servicios (en caso de que ofrezca), y los mecanismos de participación ciudadana que se ofrecen en otros 13 ítems.
Para esta edición del ITAeL se relevaron 271 organismos, que son los obligados por la ley. El estudio establece cuatro niveles según el cumplimiento de indicadores.
- Nivel Alto (cuando cumplen con la publicación de más del 80% de las categorías de información)
- Nivel Medio Alto (cumplen con la publicación entre 61% a 79,99% de los indicadores),
- Nivel Medio (completan entre 41% a 60,99% de los indicadores)
- Nivel Bajo (publican menos de 40,99% de indicadores obligatorios).
Principales conceptos
A continuación se desarrollan las principales definiciones que componen el marco conceptual del ITAeL y su aplicación.
Derecho de Acceso a la Información Pública
Se trata de un derecho fundamental reconocido y protegido por los sistemas internacionales de derechos humanos, en especial por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Para la Convención Americana de Derechos Humanos es una manifestación directa de la libertad de expresión y como tal se encuentra protegido por su artículo 13. Textualmente lo define como el derecho de toda persona a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación.
Información pública
El derecho de acceso a la información refiere a toda información significante, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio por los Estados. La Ley Modelo Interamericana define “información pública” como “cualquier tipo de dato en custodia o control de una autoridad pública”.
En Uruguay, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública define información pública como “toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas”.
Transparencia activa
La transparencia “activa”, también llamada “proactiva”, es la difusión periódica publicada por iniciativa propia, o en mérito a una obligación legal a los órganos del estado, y sin necesidad de requerimiento por parte de la ciudadanía. Esto es el acceso a un nivel mínimo de información sobre las funciones y el desempeño de los organismos (actividades, presupuesto, objetivos, indicadores de gestión, sistemas de atención al público, etcétera).
La segunda modalidad es la transparencia “pasiva”, asociada a la solicitud específica de acceder a información que obre en poder de los órganos públicos. Esta información tiene excepciones de reserva que está establecida legalmente.
En Uruguay las obligaciones en materia de Transparencia Activa y las razones de reserva están contempladas en el artículo 5º de la ley 18.381, y el Decreto reglamentario de la LDAIP, No. 232/2010.
4. Marco Metodológico
El Índice de Transparencia Activa en Línea fue construido a pedido de CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) en el año 2010 por las sociólogas Analía Corti y Mariángeles Caneiro –con el asesoramiento del experto Fabrizio Scrollini (London School of Economics and Political Science).
La iniciativa surgió en el marco de un concurso abierto convocado por el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA). Tras la firma de un acuerdo interinstitucional, la aplicación del ITAeL se realizó hasta 2022 en conjunto con el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay.
El trabajo de campo de esta edición 2023 se realizó en los meses de agosto y octubre. La recolección de los datos contó con un primer relevamiento en el mes de agosto y dos supervisiones en el mes de setiembre y octubre.
Organismos relevados
El ITAeL 2023 abarca 271 sujetos obligados por la LDAIP: Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (23), organismos de Presidencia (17), organismos de Contralor (11); Personas públicas no estatales (43), Intendencias (19), Juntas Departamentales (19), Ministerios (14) y Municipios (125).
Qué se mide
El Índice consta de dos dimensiones para evaluar la transparencia activa “en línea” del sector público. Una vinculada a los contenidos y formas en que se estructura la información: Información Obligatoria; y otra a la interacción del público con la misma: Interacción y participación.
Información obligatoria
La información obligatoria es la que los organismos estatales y no estatales deben publicar según obliga la LDAIP y su decreto reglamentario 232/010 y su actualización Decreto N° 54/0173 que estableció que las entidades públicas obligadas por la ley además de la publicación en formato visible, amplio y de fácil acceso lo hicieran en formato abierto.
Los indicadores definidos para medir esta dimensión (son las obligaciones del artículo 5 de la Ley):
1. Creación del organismo
2. Evolución histórica
3. Descripción de funciones, competencias, cometidos, del organismo
4. Estructura organizativa (organigrama)
5. Marco jurídico aplicable al organismo
6. Perfil de los diferentes puestos de trabajo a partir de jefe de departamento, gerente, director o equivalente hasta el jerarca
7. Currículum Vitae de autoridades
8. Contacto: nombre de quienes ocupan los cargos a partir de jefe de departamento con teléfono, correo electrónico, dirección postal
9. Programas operativos (de largo y corto plazo: entre 5 años y 1 año)
10. Listado con los servicios que ofrece el organismo (si Aplica)
11. Listado de los programas que administra el organismo (si Aplica)
12. Trámites para acceder a los servicios (si Aplica)
13. Nómina de los funcionarios que cumplen funciones en el mismo estando en comisión, con indicación de compensaciones recibidas con cargo a las partidas asignadas al funcionamiento del organismo
14. Nómina de los funcionarios contratados, con compensaciones percibidas con cargo a partidas asignadas al organismo
15. Estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistemas de compensación
16. Remuneración mensual nominal de todos los funcionarios incluyendo todas las prestaciones en razón de los diferentes sistemas de compensación que se aplicaren.
17. Indicadores de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización
18. Listado de comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios, viáticos percibidos, razón del viaje y resultados del mismo, incluyendo a todas las personas que integran la delegación sin excepción alguna (si Aplica)
19. Listado de programas de capacitación, número de funcionarios capacitados, así como sus evaluaciones
20. Convocatorias a concursos de ingreso para ocupar cargos y resultados de los mismos
21. Presupuesto asignado (Ingresos asignados por el presupuesto nacional)
22. Ejecución del presupuesto
23. Auditorías: Número y tipo. Número de observaciones realizadas por rubro de auditoría sujeto a revisión.
24. Ingresos recibidos por cualquier concepto, con indicación del responsable en la recepción, 8 administración y ejecución.
25. Reporte anual financiero (Balance)
26. Información sobre licitaciones, concesiones etc. (Vínculo electrónico con el sitio compras estatales)
27. Publicaciones y/o estadísticas asociadas a los fines de cada organismo
28. Información sobre la política de seguridad y protección de datos
29. Responsable de la información que se publica en el sitio web
30. Dirección postal del organismo, teléfono, correo electrónico de contacto
31. Mapa del Sitio
32. Fecha de última actualización
33. Acceso a información en formato abierto
Participación e Interacción
ITAeL no mide participación ciudadana sino los mecanismos que se ponen a disposición de la ciudadanía por parte del organismo para facilitar la interacción, servicios en línea (online) y fuera de línea (offline) y plataformas digitales.
Los indicadores definidos para medir esta dimensión son:
1. La existencia de materiales (formularios) en línea
2. Servicios en línea (transacciones, trámites). Solo aplica en caso de que el organismo ofrezca alguna prestación o produzca bienes
3. Datos de contacto con el organismo: horario de atención, teléfono, dirección y correo electrónico
4. Redes sociales. Solo aplica en caso de que el organismo ofrezca alguna prestación o produzca bienes
5. Actualizaciones – Novedades – Noticias institucionales
6. Sala de prensa en sitio web institucional
7. Notificación de actualización de la página web
8. Servicios de búsqueda en la página
9. Otros idiomas
10. Preguntas frecuentes
11. Existencia de glosario
12. Formato de impresión
13. Atención en línea
Escala y puntajes
La escala de evaluación está construida de acuerdo a la siguiente escala y puntajes:
- No existe (0)
- Existe pero está incompleto y/o desactualizado (0,5)
- Existe, completo y actualizado (1)
- No Aplica. Por la naturaleza de algunos organismos, no están obligados a publicar todas las dimensiones de información que señala la LDAIP.
5. Anexos
A. Gráficos
El Gráfico N°1 “Resultados Generales” ordena de mayor a menor los organismos según su resultado en la totalidad del ITAeL que abarca las dos dimensiones de Información Obligatoria y la interacción y participación.. Sólo 8 organismos exhiben un Nivel Alto de cumplimiento.
El Gráfico N°2 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total según la totalidad de los organismos relevados.
El Gráfico N°3 muestra la distribución de niveles de cumplimiento según grupo de organismos.
El Gráfico N°4 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total para el período 2013-2023.
El Gráfico N°5 muestra la distribución por grupos de organismos para el período 2013-2023.
Presidencia
El Gráfico N°6 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2023 del grupo de organismos de Presidencia.
El Gráfico N°7 presenta el resultado del índice ITAeL de cada uno de los organismos del grupo Presidencia, en el período 2013-2023.
Ministerios
El Gráfico N°8 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2023 del grupo de organismos Ministerios.
El Gráfico Nº 9 presenta la evolución del índice entre 2013 y 2023 para cada ministerio.
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
El Gráfico N°10 muestra los niveles de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa en el período 2013-2023 para este grupo de organismos.
El Gráfico N°11 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2023 para cada uno de los organismos del grupo Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
Personas Públicas no Estatales
El Gráfico N°12 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2023 del grupo de organismos Personas Públicas no Estatales.
El Gráfico N°13 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2023 para cada uno de los organismos del grupo Personas Públicas No Estatales.
Organismos de Contralor
El Gráfico N°14 muestra la evolución de niveles de cumplimiento en el período 2013-2023 para el grupo Organismos de Contralor.
El Gráfico N°15 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2023 para cada uno de los organismos del grupo Organismos de Contralor.
Intendencias
El Gráfico N°16 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2023 para el grupo Intendencias.
El Gráfico N°17 muestra el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2023 para cada Intendencia.
Juntas Departamentales
El Gráfico N° 18 muestra la evolución de los niveles ITAeL para Juntas Departamentales 2013-2023.
El Gráfico N°19 muestra el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2023 para cada organismo del grupo Juntas Departamentales.
Municipios
El Gráfico N°20 muestra el nivel de cumplimiento en el período 2021-2023 para el grupo Municipios.
El Gráfico N°21 muestra el nivel de cumplimiento ITAeL por cada Municipio 2021-2023.
2. La rebeldía de los 15.
Por Gabriel Delpiazzo
3. Los pedidos de acceso en Uruguay.
Por Daniel Lema
