Casos de censura estatal y privada afectan libertad de expresión y deterioran el debate público
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) manifiesta su preocupación ante recientes episodios de censura en Uruguay que afectan a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a información relevante para el debate público.
El primer caso de censura se dio en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que prohibió la publicación del primer capítulo del podcast Golpe a la educación, realizado por la investigadora Virginia Martínez, quien además es la coordinadora del Sitio de Memoria que funciona en la sede del organismo.
Este capítulo, según publicó Brecha, abordaba las políticas educativas durante el período previo a la dictadura en Uruguay, y su censura fue justificada por la supuesta falta de «miradas contrastantes». A pesar de estas justificaciones, la decisión de impedir la difusión de contenidos sobre la memoria histórica en momento del cincuentenario del Golpe de Estado resulta preocupante, sobre todo al provenir de un organismo que tiene la misión de proteger los derechos humanos.
Los otros dos casos están vinculados a la presentación del libro “El caso Astesiano” del periodista Lucas Silva, que aborda el caso de corrupción protagonizado por el exjefe de la Custodia Presidencial. En el primer episodio, el periodista había sido invitado a participar de la Feria del Libro en Maldonado, pero pocos días después le informaron a la editorial que Silva no podía presentar su investigación periodística.
Este hecho fue denunciado por el periodista Eduardo Preve, quien señaló que la decisión de censurar al periodista provino del director de Cultura del departamento, Jorge Céspedes.
El libro de Silva tampoco pudo ser presentado en la Feria del Libro de San José. En este caso, la editorial propuso a la organización hacer un evento particular para este libro, pero la organización se negó.
Cainfo condena estas decisiones en los ámbitos público y privado, que restringen la libertad de expresión y limitan el acceso a la información. Hacemos un llamado a las autoridades responsables a revertir estas medidas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en un contexto en el que es vital promover un debate abierto y plural en la sociedad uruguaya.
Estos casos surgen pocos días después de la publicación del Índice de Chapultepec, por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que refleja una nueva caída de Uruguay en materia de libertad de expresión. Según el documento, el deterioro del clima se debe a la existencia de “agresiones leves representadas en discursos estigmatizantes, restricciones al derecho de acceso a la información pública y agresiones hacia periodistas y medios por parte del gobierno y altos funcionarios”.
