Dic 17, 2013
El País, 17 de diciembre de 2013
Diputados del Partido Nacional dudan de votar mañana miércoles un proyecto de ley que restringe el acceso a información pública, pese a que dicha colectividad en el Senado votó el articulado.
El diputado Pablo Abdala dijo a El País que no votará los cambios a menos que se defina como un caso de disciplina partidaria. Fuentes del Partido Nacional confiaron que hay otros diputados en la misma sintonía.
El proyecto de ley votado en el Senado, promovido por la senadora Lucía Topolansky, prevé nuevos obstáculos para acceder a información pública. Uno de ellos es impedir acceder a la información cuando forma parte de un proceso de toma de decisión (consultas, licitaciones, etc.). No obstante, el más polémico es el que le permite al jerarca de turno declarar clasificada la información cuando llega el pedido de acceso a la misma.
Abdala dijo a El País que este extremo desnaturaliza el espíritu de la ley y que si bien la modificación prevé que la Unidad de Acceso a la Información puede revocar tal decisión, las garantías no están dadas porque dicho órgano depende del Poder Ejecutivo.
Abdala dijo que votará en contra porque no comparte el fundamento legal de lo planteado, pero fundamentalmente por razones políticas. «Esta ley, en manos de este gobierno, ha sido invocada para obstaculizar el acceso a la información, cuando fue creada para todo lo contrario», indicó.
Puso como ejemplo la negativa de Anep a dar los datos de repetición, la actitud del Ministerio del Interior que declaró confidencial prácticamente toda la información en su poder e incluso la conducta de la Caja de Profesionales Universitarios que la invoca para no darle información al Parlamento.
«Esta ley ha dado elementos que han sido utilizados para bloquear el acceso a la información. Hemos llegado a punto donde se tiene que pone todo en debate. Hay que discutir hasta el diseño institucional, debe velar por el cumplimiento de la ley un organismo independiente del Poder Ejecutivo», opinó.
Recordó que el propio director de la Unidad, Gabriel Delpiazzo, recordó que hubo organismos que hicieron un «abuso de las facultades que otorga la ley».
En la Cámara de Senadores Topolansky también se mostró partidaria de hacer el año próximo un gran debate sobre la marcha y uso de la ley.
Dic 12, 2013
El senado dio media sanción al proyecto que reforma la ley N° 18.381, de Acceso a la Información Pública. El texto, que fue aportado por el Consejo Consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), se aprobó por unanimidad (21 en 21) en la cámara alta.
En la sesión de ayer a la tarde la senadora del Frente Amplio Lucía Topolansky expresó que la reforma recupera el “equilibrio” que tenía el texto enviado por el Ejecutivo al Parlamento en julio de este año.
Aquél texto, remitido en el marco de la rendición de cuentas, sufrió una modificación regresiva al pasar por Diputados. Finalmente en el Senado se decidió retirar la reforma de la Rendición y estudiarla detenidamente en la comisión de Educación y Cultura de Senadores.
En esa instancia fue que CAinfo y demás miembros del Consejo Consultivo de la UAIP propusieron en comisión el texto que finalmente fue sancionado. Aunque CAinfo y otros miembros del Consejo Consultivo eran partidarios de discutir una reforma integral a la ley, la decisión de los legisladores del oficialismo de seguir adelante con la reforma determinó al Consejo a presentar una propuesta alternativa.
La reforma
El texto modifica los artículos 9 y 21 de la ley de Acceso a la Información Pública cumple en general con los estándares internacionales en la materia. La primera modificación agrega una nueva causal de reserva. Ahora los organismos podrán clasificar la información cuando su divulgación pueda “afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada”.
La otra modificación establece que la clasificación de información deberá hacerse en el momento en que la información se genere. El mismo inciso instituye la llamada “prueba de daño”, disposición que ya estaba contemplada en el decreto reglamentario pero no por ley, y en la práctica pocos organismos públicos la respetaban.
El tercer inciso faculta a los organismos públicos a reservar excepcionalmente la información en el momento en que se efectúa el pedido. Sin embargo, en este caso la UAIP tendrá la potestad de solicitar que se desclasifique la información siempre que considere que no se ajusta a derecho. Este organismo en todo momento “podrá tener acceso a la información clasificada para evaluar la regularidad de su clasificación”.
Finalmente se agrega un literal al artículo 21 de la ley, que detalla los cometidos de la UAIP. Ahora este organismo podrá “solicitar al sujeto obligado la desclasificación de la información que hubiere sido clasificada sin ajustarse a los criterios de clasificación establecidos en la presente ley”.
En la sesión la senadora Lucía Topolansky anunció la voluntad de instalar para el próximo año una instancia para discutir y evaluar los primeros cinco años de aplicación de la ley.
Vea el texto aprobado
ARTÍCULO 1º.‑ Agréganse al artículo 9º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, el siguiente literal G) y los siguientes incisos:
«G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada.
La clasificación de la información reservada deberá realizarse por el sujeto obligado en el momento en que esta se genere, obtenga o modifique, mediante resolución debidamente fundada y motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido, de acuerdo con las excepciones referidas en el presente artículo.
Excepcionalmente, la información podrá clasificarse como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la misma. En este caso, la resolución fundada que disponga la clasificación de la información deberá remitirse en el plazo de cinco días hábiles a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la que en ejercicio de su cometido de control, solicitará al sujeto obligado su desclasificación si la misma no se ajustare a lo dispuesto en el presente artículo. En cualquier caso, el plazo de reserva comenzará a computarse a partir de que la información pudo ser clasificada.
En todo momento, la Unidad de Acceso a la Información Pública podrá tener acceso a la información clasificada para evaluar la regularidad de su clasificación».
ARTÍCULO 2º.- Agrégase al artículo 21 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, el siguiente literal:
«K) Solicitar al sujeto obligado la desclasificación de la información que hubiere sido clasificada sin ajustarse a los criterios de clasificación establecidos en la presente ley».
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de diciembre de 2013.
DANILO ASTORI
Presidente
HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario
