Índice de Transparencia Activa en Línea 2017

El presente informe da cuenta de los principales resultados del estudio “Índice de Transparencia Activa en Línea” (ITAeL en adelante) para el relevamiento realizado durante el año 2017.

Los indicadores que conforman el ITAeL, elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública e implementados por el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, tienen como objeto relevar el nivel de cumplimiento de los organismos públicos de las obligaciones en materia de transparencia activa dispuestas por la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su decreto reglamentario 232/10; así como el relevamiento de recursos dispuestos por los organismos para la interacción y participación de ciudadanos y ciudadanas a la luz de estándares internacionales como la Ley Modelo Interamericana (OEA) y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública

La transparencia activa es “aquella que corresponde por ley desarrollar a los organismos públicos (generalmente en los sitios web) sin necesidad que los ciudadanos efectúen ningún tipo de solicitud o petición”. En la medida que el derecho humano de Acceso a la Información Pública es un derecho habilitante de otros derechos, la transparencia activa se torna un elemento central para propender hacia una administración transparente de los asuntos públicos y rendición de cuentas, elementos centrales de cualquier sistema democrático.

Fortalecer la calidad de la democracia implica, entonces, el esfuerzo de los gobiernos por mejorar la accesibilidad de los asuntos públicos al monitoreo ciudadano de forma oportuna y confiable, de manera que permita a la ciudadanía tomar decisiones políticas informadas, mejorar la respuesta de los gobiernos y reducir los márgenes de corrupción (Emmerich, G;2004).

El ITAeL, que se presenta desde el año 2013, mide el nivel de transparencia activa de los sujetos obligados monitoreados, pero también pretende ser un insumo para que los organismos públicos introduzcan cambios a nivel operativo o de gestión para mejorar sus resultados de transparencia activa.

Esta versión 2017 contempla una muestra de siete grupos de organismos que se han relevado en las pasadas ediciones del informe: Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, organismos de Presidencia, organismos de Contralor, Personas públicas no estatales, Intendencias, Juntas departamentales y Ministerios.

Se relevaron 127 sitios web de organismos públicos. La primera lectura de los datos de este año muestra la continuación de una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa, aunque sin incrementos significativos.

El total de organismos relevados cumple, en promedio, con 56% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (50% de cumplimiento).

Personas Públicas no Estatales es el único grupo de organismos que desciende su promedio de cumplimiento respecto a la edición del año pasado:

• Presidencia de 54% a 58%
• Ministerios de 64% a 65%
• Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de 71% a 72%
• Personas Públicas No Estatales de 66% a 60%
• Organismos de Contralor 43% a 47%
• Intendencias de 52% a 53%
• Juntas Departamentales de 23% a 29%

Es importante destacar que pese a la tendencia general de mejora en el cumplimiento de indicadores, las Juntas Departamentales, Intendencias, Organismos de Contralor y Organismos de Presidencia se siguen ubicando en niveles de cumplimiento que consideramos “bajos” o “medios”.

Si miramos individualmente a cada organismo de los 127 relevados, encontramos que un 12% exhibe un nivel alto de cumplimiento, lo cual significa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la edición anterior.

De ellos, quienes muestran cumplimiento por superior al 90% son:

• LATU 100%
• BCU 98%
• Plan Ceibal 93%
• El Correo 91%

El ITAeL está compuesto por dos dimensiones: “Información obligatoria” e “Interacción y participación”. El Índice ITAeL es el resultado de la suma de estas dos dimensiones. A partir de cada una de estas dimensiones se construyen dos índices independientes.

La dimensión “Información obligatoria” (en adelante Índice de Información Obligatoria – IIO) compendia las obligaciones de transparencia activa que rigen por ley y decreto. Se evalúan aspectos como la publicación de la misión y visión del organismo, descripción de sus funciones y competencias, la estructura organizativa y facultades de cada unidad, calendario de actividades, noticias, autoridades y su currículum vitae, la agenda de las autoridades y un plan estratégico, entre otros.

El Índice de Información Obligatoria cobra particular relevancia ya que permite evaluar el poder de involucramiento que ha tenido la LAIP y su decreto reglamentario sobre los organismos relevados en relación al cumplimiento de la Transparencia Activa.

El promedio general para todos los organismos relevados del Índice de Información Obligatoria es de 54%. Este porcentaje significa un aumento en el nivel de cumplimiento de 6 puntos porcentuales respecto a la edición anterior.

Si bien se observa este avance a lo largo de las ediciones del ITAeL, es de notar que, en la medida de que se trata de obligaciones legales en este caso, siguen persistiendo importantes situaciones de incumplimiento.

Observamos que a nivel general, a 10 años de la aprobación de la LAIP, el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo: 20% de los organismos relevados publicó menos del 40% de información que se le es exigida legalmente.

De todas formas, debemos apuntar como dato positivo la continuación de la tendencia en cuanto a los niveles de cumplimiento que venimos observando desde 2013. Si comparamos 2013 con 2017 vemos que:

• Nivel Bajo desciende de 43% a 20%
• Nivel Medio desciende de 47% a 34%
• Nivel Medio alto asciende de 10% a 34%
• Nivel Alto asciende de 0% a 12%

Estos movimientos hablan de una porción cada vez mayor de organismos que paulatinamente abandonan los niveles Bajos de cumplimientos y empiezan a transitar por niveles Medio, Medio alto y, en algunos casos, Alto.

La transparencia y el acceso a la información han sido reconocidos y garantizados en el derecho internacional como un derecho humano fundamental (Mendel, 2007:27), que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujetos sólo a un régimen limitado de excepciones, de acuerdo a estándares internacionales y proporcionales al interés que los justifica.

La transparencia se entiende como “una mayor apertura y compartimiento de información que permite al público tomar decisiones políticas informadas, mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos y reducir el ámbito de la corrupción” (Vishwanath y Kaufmann, 1999: 50). La disponibilidad de información pública también es clave para el desarrollo del periodismo independiente, la observancia de las acciones políticas y el debate público informado, todas estas instituciones centrales para el fortalecimiento democrático. Se entiende entonces que la libertad de información es un antecedente del gobierno abierto.

La información gubernamental puede transformarse en una herramienta que facilita la toma de decisiones de los ciudadanos, así como también la libertad de datos enriquece los procesos de pensamiento o debate social, de rendición de cuentas y democráticos (Sandoval; 2015)

Existen estudios recientes de medición de impacto de los Gobiernos Abiertos en los procesos de control, deliberación y participación en las democracias representativas (Ruijer y Martinius; 2017) que dan cuenta de al menos dos observaciones importantes.

La primera observación es que la medición de impacto ha tenido tres vertientes o enfoques diferentes de abordaje: están los estudios que hacen foco en la perspectiva del gobierno; las que miden el rol de los ciudadanos y las que observan la información por sí misma considerados los tres pilares básicos de los Gobiernos Abiertos: la transparencia, la colaboración y la participación.

Los estudios que hacen foco desde el gobierno, señalan impactos positivos para la mejora de sus procesos internos y su imagen pública; a pesar de que se entiende que no alcanza como única herramienta de lucha contra la corrupción.

Los estudios enfocados en el rol ciudadano, advierten que el impacto sobre los procesos deliberativos son aún incipientes y que han desarrollado iniciativas esporádicas y de poco alcance; siendo periodistas quienes más utilizan la herramienta.

Finalmente, en los estudios enfocados en la información misma, se encuentra que la tecnología es percibida como creadora de oportunidades y una manera de influenciar la agenda política.

La “transparencia gubernamental” refiere al mejoramiento de la calidad de la gestión pública, es por esto que se necesita un esfuerzo por parte de los gobiernos para optimizar el acceso a la información pública que sea “accesible, comprensiva, relevante, de calidad y confiable” (Cunill 2006:167).

En este sentido, el acceso a la información también es uno de los instrumentos más eficaces para garantizar una administración pública más eficiente. El cambio de los flujos de información dentro del Estado y hacia fuera de él, permite que la ciudadanía tenga mayor noción sobre lo que el gobierno hace con sus impuestos, cómo se toman las decisiones y cómo las mismas se ejecutan, un rol típicamente de contralor.

Por tal motivo, el rol que asume el sector público es clave a la hora de asegurar el acceso a la información pública como derecho. Por un lado, los incentivos generados por la regulación pueden promover un mayor acceso a la información pública, pero al mismo tiempo, activar resistencias en el marco de culturas organizacionales que no tienen la dimensión de transparencia involucrada en la gestión cotidiana.

En este sentido, puede afirmarse que garantizar la transparencia gubernamental implica costos indirectos a los organismos obligados; reto en la toma de resoluciones, cambiar mecanismos y estructuras instaladas que vienen desde hace ya mucho tiempo, cambiar los perfiles de liderazgos que pueden traducirse en movimientos en las estructuras de poder.

A modo de ejemplo en cuanto a cambio de estructura; el análisis de la estructura y organización actual de los portales de los gobiernos de tipo data.gov en cinco países: Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido, ha dejado algunas observaciones relevantes. (Lourenço; 2015)

Entendiendo los autores que los portales deben ser diseñados para que cualquier persona, más allá que otros actores puedan disponer de los datos, sin conocimientos técnicos debe poder acceder fácilmente, entender y usar la información publicada, el estudio mide los portales con una serie de requisitos o estándares previamente construidos: calidad basada en la validez, consistencia y confiabilidad; exhaustividad, facilidad de acceso y visibilidad; facilidad de uso y legibilidad, pertinencia temporal.

La observación más importante del estudio es que la mayoría de los portales todavía tienen carencias importantes en su organización. Las principales debilidades señaladas son: la dificultad de lograr la publicación de todos los datos señalados como relevantes; especificación de la entidad a la cual hacen referencia, el período de tiempo y el autor. Otra debilidad es la dificultad de poder identificar datos claramente relacionados a la rendición de cuentas e incluso contar con buscadores y mecanismos de navegación, descripciones o definiciones de los conceptos manejados y, también, la fecha de publicación, cuándo ha sido actualizado por última vez y su nivel de precisión. La principal preocupación del estudio señalado es que los portales funcionan como simples bancos de datos y no como herramientas de empoderamiento ciudadano.

Otros estudios recientes señalan otros costos indirectos para los organismos en el cumplimiento de la normativa a tener en cuenta para el diseño de políticas que tienen que ver con aspectos organizacionales (Yupan Zhao, Bo Fan; 2018).Un primer aspecto es un valor intangible a cualquier organización y en particular a estos organismos que hacen referencia a la concientización o el entendimiento de la naturaleza o valor de los gobiernos abiertos para los funcionarios, el cambio de cultura organizacional. Cuando los funcionarios presentan un bajo nivel de concientización sobre el valor para el ciudadano de la información, organizarla, clasificarla y publicarla de forma periódica puede tornarse no solo en un sinsentido sino en una pérdida de poder.

Un segundo aspecto que tiene que ver con que la producción de datos abiertos, dada su cuantía, para la implementación de los sistemas de carga requiere de trabajo extra para los organismos por lo cual se torna imprescindible destinar tiempo y presupuesto específico para la tarea.

Un tercer aspecto organizacional tiene que ver con las estructuras y su nivel de burocratización de los procedimientos y procesos, cuanto menos flexibles son y centralizados se transforman en un riesgo para el funcionario que pierde el entusiasmo para la generación y circulación de información.

Finalmente un último aspecto a destacar es la importancia de la construcción de liderazgos como principal impulsor de estos programas.

La presentación de estos estudios recientes justifican la pertinencia o importancia de monitorear en forma permanente cuál es la lectura y el comportamiento que los actores regulados han generado en función de la legislación en las diferentes realidades y contextos.

El presente informe uruguayo puede revelar cuáles son las claves para el trabajo en torno al derecho, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil organizada y la academia: cuáles son los eslabones más débiles de la normativa, dónde se debe fortalecer el trabajo de implementación de la ley, cuáles son los sectores de la administración pública más vulnerables en la ejecución de la normativa y por qué, dónde se deben invertir recursos y cómo mejorar la política pública a corto, mediano y largo plazo.

La publicación en línea de información, datos y documentos dispone de las condiciones básicas en Uruguay dado que cuenta con una diseminación extensa de las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como una fuerte política de gobierno electrónico.

El país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2012. Esta alianza compuesta por más de 65 países se basa en tres pilares: transparencia, acceso a la información y participación. En la propia Declaración de Gobierno Abierto, de la cual nace la iniciativa, se requiere a los países parte el compromiso a “incrementar la información disponible sobre las actividades del gobierno”.

Todos estos elementos del contexto nacional remarcan las condiciones y las necesidades de que se avance sobre el acceso a la información pública y específicamente, por la naturaleza de esta investigación, en la transparencia activa.

A continuación se desarrollan las principales definiciones que componen el marco conceptual del ITAeL y su aplicación.

Derecho de acceso a la información pública

Se trata de un derecho fundamental reconocido y protegido por los sistemas internacionales de derechos humanos, en especial por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Para la Convención Americana de Derechos Humanos es una manifestación directa de la libertad de expresión y como tal se encuentra protegido por su artículo 13. Textualmente lo define como el derecho de toda persona a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática, y proporcionales al interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios necesarios para su implementación.

Información pública



De acuerdo a “Los Principios” del Comité Jurídico Interamericano, el derecho de acceso a la información refiere a toda información significante, cuya definición debe ser amplia, incluyendo toda la que es controlada y archivada en cualquier formato o medio por los Estados. En el mismo sentido, la Ley Modelo Interamericana define “información pública” como “cualquier tipo de dato en custodio o control de una autoridad pública”.

La LDAIP en Uruguay define información pública como “toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas”

Transparencia Activa

La mayoría de las convenciones o declaraciones sobre el derecho a la información también establecen la obligación de las entidades públicas de publicar información de manera proactiva o sistemática, aunque no existan solicitudes de por medio.

Esta información puede ser publicada de propia iniciativa, o en mérito a una obligación legal, y sin necesidad de requerimiento alguno. Permite acercar la información a las personas, reduciendo así la asimetría en el acceso a información existente entre los ciudadanos y el Estado.

Usualmente se extiende a la información clave de los organismos sobre cómo operan, sus políticas, las oportunidades para la participación pública en su trabajo, y como solicitar información. Publicar la información de esta manera se reconoce cada vez más como una de las maneras más eficaces de mejorar el acceso a la información que está en manos de entidades públicas.

El capítulo II del Proyecto de Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública refiere a “Medidas para promover la apertura”, entre las que sugiere un contenido mínimo para los esquemas de publicación.

En Uruguay las obligaciones en materia de Transparencia Activa están contempladas en el artículo 5º de la ley 18.381. A su vez, el Decreto reglamentario de la LDAIP, No. 232/2010, precisó y amplió las obligaciones de publicar información de modo proactivo que tienen los organismos públicos en general.

Este reglamento también precisó las obligaciones de publicidad de algunos organismos en particular, en relación con su especial competencia. El artículo 38 del decreto individualiza 31 categorías de información de naturaleza presupuestal, funcional, salarial, normativa, de rendición de cuentas, informativa respecto de la actividad de las autoridades políticas, presupuestal y de seguimiento de políticas públicas, que deben estar disponibles para el público. El presente índice incorpora entre sus indicadores monitoreados todo un compendio de estas obligaciones.

Rendición de cuentas

La transparencia es necesaria para el ejercicio del buen gobierno. Las organizaciones públicas deben garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y rendir cuentas sobre el accionar de los funcionarios de acuerdo a las reglas establecidas (O’Donnell, G ;1991)

Gobierno Electrónico

El gobierno electrónico se define, entre otras cosas, por la incorporación de las (TIC) a los servicios e informaciones que los organismos y agencias estatales ofrecen a los ciudadanos y organizaciones en general, mejorando y facilitando los procesos de soporte institucional y facilitando la creación de canales que aumenten la transparencia y la participación ciudadana. La aplicación de TIC en el gobierno –o gobierno electrónico ha sido considerada una estrategia importante de reforma gubernamental, destacándose la posibilidad de transformar las relaciones fundamentales entre el gobierno, los ciudadanos, las empresas y otros grupos de interés (Deloitte;2008).

En lo que importa a esta investigación, la tecnología juega un papel fundamental para facilitar la transparencia y el acceso a la información pública. Además de mejorar la eficiencia, las TIC, aplicadas en forma continua, pueden proveer a las acciones del gobierno de un marco mucho más transparente que el actual (Castoldi, P; 2002).

Gobierno abierto

Un gobierno abierto es aquel que “trabaja con los ciudadanos, la sociedad civil y otros actores para resolver de manera colaborativa problemas importantes que enfrenta la sociedad. Un gobierno abierto se basa en tres principios fundamentales interrelacionadas:

a) Transparencia de la información y de los datos: La información sobre las actividades gubernamentales (por ejemplo, la toma de decisiones, la formulación de políticas, la prestación de servicios, resultados) son fáciles de obtener o encontrar, de comprender y de utilizar.
b) Participación ciudadana: Ciudadanos/as son capaces de incidir, desarrollar, contribuir monitorear y evaluar las actividades gubernamentales, de manera equitativa y sin discriminación.
c) Rendición de cuentas: Existen políticas sólidas y mecanismos que habilitan la rendición de cuentas del gobierno de sus propias actividades, ante la ciudadanía”. (Engineers without Borders, 2013).

El Índice de Transparencia Activa en Línea fue construido a pedido de CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) en el año 2010 por las sociólogas Analía Corti y Mariángeles Caneiro –con el asesoramiento del experto Fabrizio Scrollini (London School of Economics and Political Science).

La iniciativa surgió en el marco en el marco de un concurso abierto convocado por el Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia (FONTRA). Tras la firma de un acuerdo interinstitucional, la aplicación del ITAeL se realiza en conjunto con el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay.

Con el paso de los años el ITAeL se ha ido actualizando en sus dimensiones de análisis e indicadores tomando en cuenta el cambio tecnológico, así como innovaciones en materia legal.

A continuación se presentan los detalles de los elementos que componen el Índice:

Dimensiones de Análisis e Indicadores

A los efectos de este índice, se abordan dos dimensiones para evaluar la transparencia activa “en línea” del sector público, vinculadas a los contenidos y formas en que se estructura la información y a la interacción de los usuarios con la misma, que denominaremos: a) Información Obligatoria; b) Interacción y participación.

Información obligatoria

La información obligatoria resume en una serie de indicadores la información que los organismos estatales y no estatales deben de publicar según obliga la LDAIP y su decreto reglamentario.

Los indicadores definidos para medir esta dimensión son:

1. Creación del organismo
2. Evolución histórica
3. Descripción de funciones, competencias, cometidos, del organismo
4. Estructura organizativa (organigrama)
5. Marco jurídico aplicable al organismo
6. Perfil de los diferentes puestos de trabajo a partir de jefe de departamento, gerente, director o equivalente hasta el jerarca
7. Currículum Vitae de autoridades
8. Contacto: nombre de quienes ocupan los cargos a partir de jefe de departamento con teléfono, correo electrónico, dirección postal
9. Programas operativos (de largo y corto plazo: entre 5 años y 1 año)
10. Listado con los servicios que ofrece el organismo (si corresponde)
11. Listado de los programas que administra el organismo (si corresponde)
12. Trámites para acceder a los servicios (si corresponde)
13. Nómina de los funcionarios que cumplen funciones en el mismo estando en comisión, con indicación de compensaciones recibidas con cargo a las partidas asignadas al funcionamiento del organismo
14. Nómina de los funcionarios contratados, con compensaciones percibidas con cargo a partidas asignadas al organismo
15. Estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistemas de compensación
16. Remuneración mensual nominal de todos los funcionarios incluyendo todas las prestaciones en razón de los diferentes sistemas de compensación que se aplicaren.
17. Indicadores de los viáticos recibidos y la determinación de su utilización
18. Listado de comisiones de servicio en el exterior de los funcionarios, viáticos percibidos, razón del viaje y resultados del mismo, incluyendo a todas las personas que integran la delegación sin excepción alguna
19. Listado de programas de capacitación, número de funcionarios capacitados así como sus evaluaciones
20. Convocatorias a concursos de ingreso para ocupar cargos y resultados de los mismos
21. Presupuesto asignado (Ingresos asignados por el presupuesto nacional)
22. Ejecución del presupuesto
23. Auditorías: Número y tipo. Número de observaciones realizadas por rubro de auditoria sujeto a revisión. Total de aclaraciones efectuadas por el organismo
24. Ingresos recibidos por cualquier concepto, con indicación del responsable en la recepción, 8 administración y ejecución
25. Reporte anual financiero (Balance)
26. Información sobre licitaciones, concesiones etc. (Vínculo electrónico con el sitio compras estatales)
27. Publicaciones y/o estadísticas asociadas a los fines de cada organismo
28. Información sobre la política de seguridad y protección de datos
29. Responsable de la información que se publica en el sitio web
30. Dirección postal del organismo, teléfono, correo electrónico de contacto
31. Mapa del Sitio
32. Fecha de última actualización
33. Acceso a información en formato abierto

Participación e Interacción

La dimensión “Participación e interacción” refiere a la posibilidad que la ciudadanía participe en diversos grados y formas de la gestión de la organización pública, centrado en este caso, en servicios en línea (online) y fuera de línea (offline) y plataformas digitales. En este sentido, el estándar es tomar a las personas como centro en materia de participación y provisión de servicios.

Los indicadores definidos para medir esta dimensión son:

1. Materiales (formularios) en línea
2. Servicios en línea (transacciones, trámites) Solo aplica en caso de que el organismo ofrezca alguna prestación o produzca bienes
3. Datos de contacto con el Organismo: Horario de Atención, Teléfono, etc.
4. Redes sociales. Solo aplica en caso de que el organismo ofrezca alguna prestación o produzca bienes.
5. Actualizaciones – Novedades – Noticias Institucionales.
6. Sala de Prensa en Sitio Web Institucional.
7. Notificación de actualización de la página. Feedburner (u otros).
8. Servicios de búsqueda en la página.
9. Otros idiomas.
10. Preguntas Frecuentes.
11. Glosario.
12. Formato de Impresión (Trámites electrónicos o información administrativa general anunciada en diarios.
13. Atención en línea.

Escala y puntajes

Cada indicador en el instrumento cuenta con una descripción respecto a qué es lo que se tiene que observar. De esta manera se disminuye el error humano y la subjetividad y arbitrariedad en la implementación del instrumento. Además se realiza con doble chequeo cruzado de datos siguiendo los mismos protocolos de medición para cada categoría.

La escala de evaluación está construida de acuerdo a la siguiente escala y puntajes.

• No existe: (0)
• Existe pero está incompleto y/o desactualizado: (0,5)
• Existe, completo y actualizado (1)

A continuación se presenta una nueva evaluación que tiene por objetivo mostrar el cumplimiento en el año 2017 y analizar la evolución respecto a las ediciones anteriores.

El Gráfico N°1 ordena a todos los organismos observados de mayor a menor nivel de cumplimiento en el índice total (dos dimensiones). Quince organismos exhiben un nivel alto de cumplimiento, lo cual supone una mejora respecto a la edición anterior, cuando 13 organismos alcanzaban el mencionado nivel.

Los tres primeros lugares del índice ITAeL se mantienen incambiados respecto a la última edición. Primero encontramos al LATU con 100% de cumplimiento, seguido del BCU (98%) y Plan Ceibal (93%).

El resto de organismos que se encuentran en el nivel de cumplimiento Alto son: El Correo (91%), MEF (88%), OPP (87%), AGESIC (87%), ASSE(86%), ANV (86%), Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (84%), INAU (84%), Agencia Nacional de Investigación e Innovación (83%), Instituto Nacional de Carnes (83%), Intendencia de Montevideo (83%), Intendencia de Canelones (82%).

En el extremo inferior de la tabla, encontramos a la Junta Departamental de Artigas o la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático que no contaban con sitio web al momento del relevamiento.

El Gráfico N°2 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total según la totalidad de los organismos relevados.

La mayoría de los organismos se sitúa en un nivel de cumplimiento Medio o Medio alto (68%) Al igual que años anteriores, el nivel de cumplimiento Alto sigue siendo el menos alcanzado (12%).

El Gráfico N°3 muestra la distribución de niveles de cumplimiento según grupo de organismos.

Manteniendo la tendencia de la edición anterior ITAeL, dos de los siete grupos, (Juntas departamentales y Organismos de Contralor) no presentan organismos en niveles altos de cumplimientos.

En el caso de las Juntas Departamentales se trata además del grupo de organismos que históricamente ha demostrado tener mayores dificultades para exhibir niveles altos de transparencia activa. En la actualidad, 79% de las Juntas Departamentales se sitúa en un nivel de cumplimiento Bajo.

En el lado opuesto, al igual que el año pasado, el grupo que presenta mayor número de organismos en el nivel de cumplimiento Alto es Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados (25%), seguido de organismos de Presidencia (20%). A su vez, solo Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados y Ministerios no presentan organismos en el nivel de cumplimiento Bajo.

En el Gráfico N°4 muestra la distribución de los niveles de cumplimiento del índice total para el período 2013-2017.

En esta edición 2017 continúa la tendencia iniciada en 2013 marcada por un paulatino abandono de organismos del nivel Bajo, acompañado por un simultáneo aumento de la porción de organismos que se sitúan en los niveles Alto y Medio alto.

Desde 2013 a la fecha, la cantidad de organismos en el nivel Bajo se redujo a casi la mitad (43% en 2013 a 20% en 2017); mientras que la porción de organismos en el nivel Medio alto se triplicó (10% en 2013 y 34% en 2017). Antes de 2013 ningún organismo exhibía niveles de cumplimientos alto, mientras que en la presente edición ese nivel de cumplimiento alcanza el 12%.

El Gráfico N°5 presenta una comparación del desempeño promedio por grupo de organismos en el período 2013 – 2017. A diferencia del año pasado, donde todos los grupos de organismos presentaban una mejora respecto a la edición anterior, este año las Personas Públicas no Estatales descienden en su nivel promedio de transparencia de 66% a 60%.

Además, si seguimos observando la evolución respecto a la edición 2016, vemos que tanto Entes autónomos, Ministerios e Intendencias muestran una situación de virtual estancamiento, con aumento de tan solo 1 punto porcentual.

Al igual que las ediciones anteriores del ITAeL, las Juntas Departamentales siguen siendo el grupo que se encuentra muy por debajo del promedio de cumplimiento del total de organismos relevados. Para este año, aunque muestra una evolución, su nivel de cumplimiento sigue siendo de tan solo de 29%.

El Gráfico N°6 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 del grupo de organismos Presidencia. Este año podemos apreciar cómo continúa la tendencia iniciada en 2013 marcada por un paulatino abandono de la porción de organismos que integraban el nivel de cumplimiento Medio en favor de una mayor cantidad de organismos que se sitúan ahora en un nivel Medio alto.

Simultáneamente, se observa la tendencia al aumento del nivel Alto es inversamente proporcional a la trayectoria del nivel Bajo. Para esta edición del ITAeL, por primera vez, en el grupo de organismos Presidencia, nivel de cumplimiento Alto (20%) supera al Bajo (7%).

El Gráfico N°7 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2017 para todos los organismos del grupo Presidencia.

Podemos observar cómo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) continúa su tendencia a la mejora cada año de los niveles de transparencia activa, lo que lo lleva ser este año, junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) los dos mejores rankeados dentro de este grupo de organismos (87%).

A ellos, se le une la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), que con un índice ITAeL de 84% conforman los tres organismos del grupo Presidencia que exhiben un nivel de transparencia alto (mayor a 80%).

En el promedio del grupo, podemos apreciar que todos los años los niveles de transparencia activa aumentan entre 2 y 4 puntos porcentuales. Sin embargo, es de destacar que el promedio de cumplimiento no logra aún ingresar a un nivel Medio alto y que dentro del grupo hay organismos que exhiben índices de transparencia cercanos al 40%.

El Gráfico N°8 permite observar los organismos de Presidencia comparando su nivel de desempeño en las dos dimensiones que componen el ITAeL: la dimensión Información Obligatoria (IIO) y la dimensión Interacción y Participación (IIP).

Como vemos, los organismos del grupo presidencia privilegian la disposición de recursos para la interacción y participación con la ciudadanía más que las categorías de información que son exigidas legalmente. Mientras el IIO es de 53% en promedio, el IIP es de 71%.

Además hay organismos que presentan disparidades marcadas de hasta 50 puntos porcentuales entre el cumplimiento del IIO y el IIP. Tal es el caso de la Secretaría Nacional Antilavado, que mientras presenta un cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia (IIO) de tan solo 31% (nivel de cumplimiento Bajo), exhibe una nivel de cumplimiento alto de 81% en la dimensión Interacción y Participación.

Asimismo, resulta importante señalar que el promedio de cumplimiento del IIO (cumplimiento de la Ley de Acceso y su decreto reglamentario) ha descendido en promedio para este grupo de organismos respecto a la edición anterior del Índice: 58% en 2016, mientras que en 2017 es de 53%.

El Gráfico N°9 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 del grupo de organismos Ministerios.

Desde 2014 los organismos del grupo Ministerios comenzaron a abandonar el nivel de cumplimiento Bajo (de 46% en 2014 a 0% en 2016), mientras que desde ese mismo año 2014 aparece por primera vez un organismo (MEF) que se sitúa en el nivel Alto. Ambos niveles de cumplimiento, Bajo y Alto, se mantienen incambiados para esta edición 2017 del Índice ITAeL respecto a la edición anterior.

Sin embargo, desde 2015 los niveles Medio y Medio alto han ido fluctuando y presentan un comportamiento complementario. Cuando uno sube el otro se presenta a la baja. En esta edición se vuelve a alternar la relación entre uno y otro, pasando a ser mayor el nivel de cumplimiento Medio (54%) en desmedro del cumplimiento Medio alto (38%).

Esta situación revela un conjunto de organismos cuyo cumplimiento de transparencia activa oscila entre 40% y 80% y no ha logrado desarrollar mecanismos que le permitan consolidar sus niveles de transparencia activa. Los avances que logran un año en sus niveles de cumplimiento, los pierden al otro año al caer nuevamente en el nivel Medio.

El Gráfico N°10 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2017 discriminado por organismos del grupo Ministerios. Como mencionamos antes, el MEF sigue siendo, desde 2015, el único organismo que exhibe un nivel de cumplimiento Alto dentro de este grupo.

Para esta edición, su Índice ITAeL aumenta 2 puntos porcentuales respecto a 2016 y se sitúa en 88% de cumplimiento.

En segundo lugar se encuentra el MIEM, que registra cada año mejores niveles de transparencia activa y en esta edición, con 80%, quedó a un punto porcentual de ingresar al nivel Alto de cumplimiento junto con el MEF.

Del lado opuesto, llama la atención el bajo nivel de cumplimiento del Ministerio de Defensa que si bien este año aumenta un punto porcentual (llega a 51%), sigue siendo el organismo que presenta mayores dificultades dentro del grupo Ministerios para cumplir con la normativa de acceso a la información pública

Los organismos del Grupo Ministerios, a la hora de la transparencia activa privilegian los recursos para la interacción y participación (IIP) antes que las categorías de información que les son exigidas legalmente (IIO) como ss observar en el Gráfico 11.

Las disparidades mayores entre los dos subíndices para este grupo la presentan el MGAP y el MSP, que mientras tienen un 92% de IIP, apenas superan la mitad (53%) de la publicación de la información que exige la Ley de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario (IIO).

Este grupo de organismos, al igual que en la edición anterior del ITAeL (2016), continúa siendo el que tiene mejor promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa según revela el Gráfico N°12 sobre la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 .

En esta edición se mantiene la tendencia iniciada en 2015 para este grupo, marcada por un aumento del nivel Medio alto y un simultáneo descenso de la porción de organismos que se sitúan en el nivel Medio.

Ningún organismo de este grupo se encuentra en el nivel bajo de cumplimiento que en 2016 concentraba el 5% de los organismos. Sin embargo, se observa cómo desciende en 5 puntos porcentuales la porción de organismos situados en el nivel Alto, pasando de 30% en 2016 a 25% en 2015.

El Gráfico N°13 presenta el resultado del índice ITAeL en el período 2013-2017 para cada uno de los organismos del grupo Entes autónomos y servicios descentralizados.

Como se puede observar, de los 7 grupos de organismos que componen el ITAeL, este grupo es el que concentra la mayor cantidad de organismos con un nivel de transparencia activa Alto (superior al 80%).

Destaca dentro de este grupo el Banco Central del Uruguay (BCU), que continúa aumentando sus niveles de transparencia año a año y que para esta edición alcanza 98% de índice ITAeL, lo cual lo posiciona segundo a nivel general de los 127 organismos relevados este año.

Situados también en un nivel alto encontramos en esta edición a El Correo (91%), ASSE (86%), ANV (86%) e INAU (84%).

OSE, que en 2016 con un 92% se situaba segundo dentro del grupo y era uno de los mejores rankeados a nivel general, en esta edición exhibe una disminución de 17 puntos porcentuales, lo cual lo hace descender de un nivel Alto a un nivel Medio alto, y es el factor que explica que el nivel Alto haya disminuído de 30% a 25% para este grupo de organismos.

A diferencia de lo que pasa con Ministerios y Presidencia, Entes autónomos y servicios descentralizados exhibe un mayor cumplimiento del índice de Información Obligatoria (IIO) respecto del índice de Interacción y Participación (IIP).

Dentro del cumplimiento de las obligaciones legales destaca el BCU con un 100% de IIO, seguido de el Correo con un 97% de IIO. Si nos fijamos en el IIP encontramos primero al INAU con un 100%, seguido del BCU con 92% y de ASSE y ANV con 85% cada uno.

El Gráfico N°15 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 del grupo de organismos Personas Públicas no Estatales.

La situación este año permanece casi incambiada respecto a 2016, con la única diferencia de la disminución en 2 puntos porcentuales el nivel Medio Alto y el aumento en igual proporción del nivel Medio.

El gran cambio en este grupo se observó en el periodo 2015-2016, en donde se redujo de 39% a 4% el nivel de organismos en el nivel Bajo, aparecieron organismos por primera vez en el nivel Alto, y el nivel Medio alto pasó de 38% a 52%.

No obstante la situación incambiada en cuanto a los niveles de cumplimiento de este grupo, si se toma en cuenta el promedio de cumplimiento del total de organismos en la evolución del último año, hay una reducción de 6 puntos porcentuales: de 66% en 2016 a 60% en 2017.

Esta situación da cuenta de muchos organismos que si bien descendieron sus niveles de transparencia activa dentro de este grupo, la tendencia a la baja no fue suficiente como para producir una caída en los niveles de cumplimiento que contempla el índice ITAeL.

Tal es el caso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Caja Notarial de Seguridad Social, IMPO, Instituto Nacional de la Leche, Instituto Nacional de Semillas y Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Por otro lado, el LATU logra 100% de nivel de cumplimiento y encabeza no solo el grupo de organismos Personas Públicas no Estatales sino a nivel general de los 127 organismos relevados por segundo año consecutivo. Situación similar presenta el Plan Ceibal, que tras incorporarse al relevamiento en la edición 2016 mantiene un nivel de transparencia activa de 93%.

El Gráfico N°17 permite comparar para el grupo Personas Públicas no Estatales los resultados de los dos subíndices que componen el ITAeL: Índice Información Obligatoria (IIO) e Índice de Interacción y Participación IIP).

Ambos subíndices presentan un promedio de cumplimiento de 60%, situación que significa un retroceso respecto a 2016 cuando el Índice Información Obligatoria era de 66% y el de Interacción y Participación de 65%.

Este grupo encabeza en 2017 la lista de ambos subíndices el LATU con 100%, seguido del Plan Ceibal con 94% de IIO y 92% de IIP.

Respecto al Índice de Interacción y Participación, destaca también el desempeño de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que, al igual que en la edición 2016, logra 92% en este apartado.

El Gráfico N°18 muestra la evolución de niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 para el grupo Organismos de Contralor. Se trata de un grupo que, después de las Juntas departamentales, es el que ha demostrado índices de Transparencia Activa más bajos.

El gráfico permite observar cómo los niveles Bajo y Medio se han complementado, compensando uno la suba del otro cada año.

Se observa un descenso de 10 puntos porcentuales del nivel Bajo el último año, con el consiguiente aumento de 8 puntos en el nivel Medio y 2 puntos en el nivel Medio alto. El nivel Alto se mantiene incambiado con 0%.

En este grupo no se encuentran organismos con nivel de cumplimiento Alto que superen el 80% de transparencia.

Desde 2015 la Auditoría Interna de la Nación es el organismo que muestra mayores niveles de transparencia activa dentro del grupo. Situación que se mantiene en esta edición, alcanzando este organismo 79% de Índice ITAeL. En segundo lugar está la Contaduría General de la Nación con 70%.

En promedio del grupo, si bien se registra un aumento de 4 puntos porcentuales de un año a otro (43% en 2016 a 47% en 2017) se trata de guarismos muy bajos que apenas superan lo que consideramos un nivel de cumplimiento Bajo.

El Gráfico N°20 compara el Índice de Información Obligatoria (IIO) con el Índice de Interacción y Participación (IIP) para cada organismo del grupo Organismos de Contralor. En promedio se presenta relativa paridad entre el cumplimiento de uno y otro (48% IIO y 46% IIP). Se destaca como positivo que el cumplimiento de ambos subíndices presenta una leve mejora respecto del año pasado, cuando el IIO era de 43% y el IIP de 42%. A pesar de ello, se señala como preocupante los bajos niveles de cumplimiento de la normativa sobre todo por la naturaleza y rol de los organismos observados.

El Gráfico N°21 muestra la evolución por niveles de cumplimiento en el período 2013-2017 para el grupo Intendencias. Para esta edición destaca una situación de relativo estancamiento si se toma en cuenta los fuertes movimientos en los niveles de cumplimientos observados en el período 2015-2016.

Para la edición 2017 se mantienen inalterados los niveles Medio como Medio alto (53% y 21% respectivamente), mientras que el Nivel Bajo desciende 5 puntos porcentuales y el nivel Alto aumenta en igual medida.

Si se mantiene esta tendencia al ascenso, la próxima edición del ITAeL es de esperar que por primera vez sea mayor el número de intendencias que presenta un nivel de cumplimiento Alto que aquellas que presentan un nivel Bajo.

En 2016 por primera vez un gobierno departamental (Intendencia de Montevideo, IM) presentaba un nivel de cumplimiento Alto (es decir, mayor a 80%).

Para esta edición 2017, a la intendencia capitalina se le suma la Intendencia de Canelones, que tras pasar de 80% a 82% ingresa en el rango Alto de cumplimiento.

Ambos organismos presentaron un fuerte ascenso en sus niveles de transparencia activa en el período 2015-2016, que ahora mantienen o mejoran.

No obstante la situación de estos dos organismos, el promedio general de las 19 intendencias sigue dentro del rango Medio, presentando para este año el aumento de tan solo 1 punto porcentual respecto al año pasado (de 52% a 53%).

El Gráfico N°23 compara el Índice de Información Obligatoria (IIO) con el Índice de Interacción y Participación (IIP) para cada organismo del grupo Intendencias.

El cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia activa (IIO) es menor en promedio respecto de la publicación de aquellas categorías de información que el Índice ITAeL considera buenas prácticas para la Interacción y Participación (IIP).

El promedio de cumplimiento del IIO es para esta edición de 50% (aumento de un punto porcentual respecto al año pasado) y de 61% para el IIP (aumento de dos puntos porcentuales respecto al año pasado).

El Gráfico N°24 muestra que las Juntas Departamentales es el grupo de organismo que tiene mayor dificultades para exhibir niveles óptimos de transparencia activa.

A lo largo de todas las ediciones del ITAeL ninguna Junta Departamental ha mostrado niveles de transparencia Alto o Medio alto. Sin embargo, se destaca como positivo en esta edición la tendencia que se observa desde 2015, donde asciende el número de organismos que muestran un nivel Medio de cumplimiento.

En el año 2015 aparecieron, por primera vez, dos Juntas Departamentales (Florida y Colonia) con nivel Medio de cumplimiento. Para la edición 2016 a este grupo se le sumó la Junta Departamental de Maldonado, que abandonó el nivel Bajo.

En esta edición 2017, a las mencionadas tres Juntas Departamentales, se le suma la de Canelones, que tras pasar de 30% a 45% accede a un nivel de cumplimiento Medio.

Al observar la evolución del ITAeL por organismos (Gráfico 25) se ve una mejora en el nivel de cumplimiento de 6 puntos porcentuales respecto a la edición del año pasado (23% en 2016 vs. 29% en 2017).

Este año, la Junta Departamental que alcanza mayor índice ITAeL es la de Colonia (57%), seguida por las de Maldonado y Florida (52% cada una).

De todas formas, 79% de las Juntas Departamentales se mantiene en un nivel Bajo de cumplimiento. El caso extremo lo presenta la Junta de Artigas que al momento del relevamiento (diciembre de 2017) no contaban con sitio web operativo.

El gráfico N°26 permite ver al grupo de organismos Juntas Departamentales según el Índice de Información Obligatoria (IIO) y el Índice de Interacción y Participación (IIP).

La junta que presenta mayor promedio de cumplimiento del IIO es la Junta de Maldonado con 59%, mientras se nos fijamos en el IIP encontramos en primer lugar a las juntas de Canelones y Colonia con 58%.

En promedio, se observa cómo las Juntas Departamentales han dispuesto más recursos para la interacción y participación con la ciudadanía que en el logro de la publicación de la información pública obligatoria por ley.

El Gráfico N°27 nos permite comparar la evolución del promedio general en 2013, 2015, 2016 y 2017 del ITAeL y sus dos subíndices: el Índice de Información Obligatoria (IIO) y Índice de Interacción y Participación (IIP).

Como se observa, el nivel de cumplimiento del índice ITAeL (línea roja) aumenta sostenidamente desde 2013. Para esta edición 2017 el promedio general del Índice ITAeL vuelve a aumentar 6 puntos porcentuales, igual porcentaje que lo había hecho el año anterior.

El IIO (línea azul) también exhibe un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas cuatro ediciones (2013: 42%; 2015: 45%, 2016: 48%, 2017: 54%).

Este crecimiento demuestra un esfuerzo de los sujetos obligados de cumplir con las obligaciones legales de transparencia activa, aunque persisten desafíos muy importantes dado que a 10 años de la aprobación del marco legal apenas se publica en promedio la mitad de la información que debería publicarse en los sitios web.

Por último, el Índice de Interacción y Participación (IIP) (línea amarilla) mantiene su crecimiento luego de que en la edición 2015 cayera su promedio. Para esta edición 2017 aumenta 5 puntos porcentuales, situándose en 60%.

A la hora de analizar la situación de la Transparencia Activa en general, debe ponerse también como punto de análisis por qué los organismos privilegian la publicación y puesta a disposición de recursos que si bien son importantes para la Interacción y Participación con la ciudadanía, no son obligaciones Legales ( dispuestas por la Ley de Acceso a la Información Pública y su Decreto Reglamentario), siendo éstas menos cumplidas por los sujetos obligados.

A casi 10 años de la promulgación de la ley de Acceso a la Información Pública (18.381) el cumplimiento general del ITAeL es del 56%, lo que sitúa a los organismos en un nivel Medio de cumplimiento. En las conclusiones se avanzan sobre distintas lecturas y desafíos que nacen de este diagnóstico de cumplimiento en Uruguay con la transparencia activa en línea para la información pública.

Desde octubre de 2008 en Uruguay rige la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, una normativa que significó un gran avance en su momento dado que apunta a garantizar un derecho humano fundamental habilitante para el ejercicio de otros derechos. Además, dio el puntapié inicial para comenzar a cambiar una serie de prácticas institucionales reñidas con la transparencia, que alejaban a la ciudadanía de la gestión pública.

Sin embargo, a 10 años de sancionada la norma, los hechos demostraron que el pasaje hacia una cultura de la transparencia ha sido más lento de lo deseado. Son muchos los aspectos a discutir en el fortalecimiento de la tutela del derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Entre ellos, el relativo a la Transparencia Activa.

En un contexto donde las Tecnologías de la Información y Comunicación juegan un rol cada vez más importante y decisivo en los distintos ámbitos de la esfera pública y privada, la Transparencia Activa se torna una herramienta esencial para que los organismos públicos puedan establecer un diálogo directo con la ciudadanía. Nunca antes el Estado y la población habían tenido tal posibilidad de conexión y diálogo inmediato.

Sin embargo, los resultados del ITAeL a lo largo de las cinco ediciones consecutivas demuestran que la enorme mayoría de los organismos relevados continúa sin dar un salto que les permita acceder a niveles de transparencia altos.

De los 127 sitios estudiados para la presente edición, sólo 4 alcanzan niveles de transparencia superiores a 90%. Además 35% de los organismos no cumple la mitad de las exigencias que plantea el índice ITAeL.

El cumplimiento tanto de las obligaciones legales de transparencia activa (medidas por el subíndice Información Obligatoria -IIO) como de aquellas buenas prácticas que no están contempladas en la legislación (subíndice Interacción y Participación – IIP) viene creciendo año a año.

Para esta edición, el IIO se sitúa en 54%, mientras el IIP en 60%. Excepto por la edición 2015, los organismos demostraron, en promedio, cumplir más con la publicación de categorías de información para la interacción y participación que no están contempladas por ley o decreto que aquellas que sí están obligadas.

En cuanto al Índice ITAeL, este año tras un salto de 6 puntos porcentuales se ubica en 56%, es decir que a 10 años de aprobada la ley de acceso, se sigue encontrando en un nivel de cumplimiento considerado como Medio.

Sin dudas esta situación da cuenta de un problema que debe ser abordado desde distintos lugares.

En primer lugar, para empezar a contar con niveles de transparencia altos debemos tener un organismo regulador (Unidad de Acceso a la Información Pública) con capacidad de establecer mayores controles y poder sancionar a los organismos públicos para velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

Por otro lado, a la interna de cada sujeto obligado, debemos pensar en qué situaciones pueden estar operando que expliquen los bajos niveles de transparencia activa. Se hace necesario volver a plantear, al igual que en ediciones anteriores, la necesidad de que los organismos hagan previsiones tanto presupuestarias como a nivel de recursos humanos para desarrollar una estructura que dé cuenta de las obligaciones de transparencia activa.

Además del cambio de estructura y destinación de recursos como factores vitales a la hora de pensar no solo en la publicación de información obligatoria sino en la calidad de la información en términos de accesibilidad, gratuidad, datos abiertos, entre otros; es necesario desarrollar políticas de formación de los funcionarios públicos que permita un cambio de paradigma donde la información no sea vista como un recurso de poder por los organismos sino que se reconozca que es un bien público.

Todas las discusiones tendientes a mejorar la transparencia activa que se den de aquí en más deberán contemplar indefectiblemente que desde hace una década contamos con una ley que habilitó las condiciones necesarias para pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia, pero se hace imperioso adecuarla a las nuevas realidades y poder tomar las medidas necesarias para promover su cumplimiento por parte de toda la administración pública.

En ese sentido, resaltamos que el proceso que se viene llevando adelante en nuestro país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y sus planes bianuales es la mejor herramienta para llevar adelante una discusión tendiente a una reforma.

Un proceso que necesariamente deberá ser amplio e incluir a Estado, sociedad civil, academia y todos los actores interesados; y que deberá resultar, necesariamente, en fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en tanto derecho humano fundamental.

De esta forma estaremos en la senda de reducir la brecha existente entre el reconocimiento de los derechos y la efectivización de los mismos.