Jun 24, 2020
En el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) recibimos con preocupación la noticia de que el periodista Gabriel Pereyra (VTV, radio Sarandí y semanario Búsqueda), fue amenazado de muerte.
Desde Cainfo expresamos nuestra solidaridad al periodista por la situación que atraviesa y manifestamos nuestra condena a este tipo de hechos que afectan no solo al periodista sino a toda la sociedad porque es una afrenta al derecho a la comunicación, libre expresión e información.
Exhortamos a las autoridades a realizar los máximos esfuerzos para aclarar la amenaza denunciada, establecer de inmediato quiénes son los responsables y, mientras tanto, dar las garantías necesarias para preservar la integridad física de Pereyra.
Asimismo repudiamos el acoso en línea sufrido en las últimas horas por la periodista de Canal 12 Iliana da Silva, luego de haber sido objeto de una agresión durante una cobertura realizada el día martes en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
A través de la red social Twitter, Da Silva ha recibido insultos, amenazas y acusaciones por realizar su trabajo (incluyendo pedidos para que sea despedida), en una serie de ataques con un claro componente de violencia de género.
Además de afectar personal y profesionalmente a los periodistas, este tipo de amenazas buscan amedrentar el trabajo de los medios, acallar las voces críticas, reducir la información de calidad disponible para la opinión pública e imponer una mordaza a las posibles denuncias que la población quiera realizar.
Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
En CAinfo realizamos desde el año 2014 un monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, que ya lleva registrados más de 150 episodios que afectan al colectivo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación. En estos años de trabajo hemos reiterado la necesidad de aprobar un protocolo de seguridad para periodistas, en el entendido de que es imprescindible contar con mecanismos consensuados que garanticen la integridad de las personas víctimas de estas amenazas.
El episodio que vive el periodista Gabriel Pereyra, así como el acoso en línea que está sufriendo la periodista Iliana da Silva, dejan en claro una vez más que es imprescindible acordar mecanismos que permitan dar mayor seguridad a quienes ejercen el periodismo, en tiempos de violencia y amedrentamiento en toda América Latina.
Jun 23, 2020
Una delegación de Cainfo fue recibida al mediodía de hoy martes 23 para dar su opinión sobre algunos artículos del proyecto de ley de urgente consideración, los que generan preocupación ya que pueden afectar la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Pese a algunos cambios aprobados en el Senado, Cainfo mantiene sus críticas a varios artículos.
Los Artículos 11,14, 45, 465, 466 y 467 implican una violación de la obligación del Estado de garantizar la protesta pacífica y, además de implicar una limitación a su ejercicio legítimo, incurre en una penalización que incumple los estándares universales e interamericanos de derechos humanos.
En tanto, los Artículos 125 y 126 que refieren a la información reservada, secreta y restringida en el ámbito del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado son regresivos en materia de Acceso a la Información Pública y afectan la protección de datos personales.
La actual redacción implica carencias en materia del diseño institucional de dicha Secretaría, ya que otorga más potestades a la Presidencia de la República al habilitar un manejo absolutamente discrecional de esos datos eludiendo el contralor de otros organismos del Estado y de los poderes Legislativo y Judicial.
En el siguiente enlace puede acceder al documento completo presentado.
Jun 15, 2020
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) se encuentra en alerta ante varias denuncias de personas que, en el marco de una investigación policial, han sido citadas a declarar a Fiscalía porque compartieron determinados mensajes en las redes sociales. A esto se suma el rechazo a la decisión de un grupo de personas de Rivera que entablaron una acción penal contra los integrantes de un programa de radio debido a que se sintieron ofendidos por los dichos de un personaje humorístico.
Denuncia Raffo
Respecto al primer caso, varias personas denunciaron que fueron citadas por la Fiscalía, donde debieron dar las claves de acceso a sus redes sociales y sus teléfonos móviles para realizar una investigación.
Todo surge a partir de una denuncia que presentó el 24 de mayo de este año la candidata a intendenta de Montevideo, Laura Raffo. La dirigente informó que había presentado una denuncia penal debido a que fue “víctima” en redes sociales y WhatsApp de una “campaña sucia con la clara intención” de perjudicarla.
“Se afirma que uno de los presuntos involucrados en el caso de la llamada ‘Operación Océano’ (sobre explotación sexual de adolescentes) era o es mi pareja. Eso es una mentira”, escribió Raffo en el comunicado con el que anunció la presentación de la denuncia en el Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
La Fiscalía inició la investigación y citó a una decena de personas, cuyos nombres fueron aportados por la denunciante. En ese marco, un juez autorizó que se procediera a solicitar a las personas convocadas sus claves para ingresar a sus cuentas en redes sociales o a sus celulares. Desde Fiscalía se explicó que el procedimiento es el que se realiza en este tipo de casos.
El derecho al honor está protegido en la normativa y se establecen mecanismos para su defensa. En este caso, llaman la atención las denuncias realizadas por usuarios de las redes sociales, ya que afirman que compartieron imágenes públicas que involucran a la candidata a la Intendencia pero no realizaron ningún tipo de acusación.
Preocupa, además, que este tipo de acciones pueden tener un efecto inhibitorio para el futuro en los casos de aquellos ciudadanos que quieran expresarse y criticar a figuras públicas, como lo son los candidatos a un cargo electivo.
Caso Rivera
El segundo caso tiene que ver con la polémica que se generó por la intervención de un personaje humorístico de ficción en FM Del Sol, que se burló de los ciudadanos del departamento de Rivera.
Esto llevó a que el exdiputado de Rivera por el Partido Nacional Fernando Araujo, en conjunto con los comerciantes Roberto Araujo, Holger Vildozola y el abogado Mariano Camacho, de ese departamento realizan una denuncia penal.
Cainfo reitera su rechazo a que se utilice la vía penal para solucionar este tipo de situaciones ya que afecta el derecho a la libertad de expresión, y genera un ambiente hostil que puede derivar en la intimidación de las personas que pretenden manifestar sus opiniones y difundir informaciones.
Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta legalmente reprochable.
Cabe recordar que la vigente ley 19.307, de servicios de comunicación audiovisual, establece un capítulo de Defensoría del Público a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que permitiría una instancia de conciliación entre las partes. En el artículo 85, literal E), se establece que la Institución podrá recibir y tramitar denuncias sobre el eventual apartamiento de los servicios de comunicación audiovisual regulados por la ley, respecto de las disposiciones que reconocen y garantizar el derecho de la personas.
Jun 9, 2020
Damos a conocer el documento elaborado por la Coalición por una Comunicación Democrática que se presentó hoy martes 9 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
En el texto se plantea nuestra preocupación por el alcance de las medidas proyectas y como la iniciativa afectará la transparencia, la participación ciudadana, diversos derechos adquiridos, el pluralismo, la diversidad y la producción nacional. Acceda aquí al documento.
