IFEX-ALC -de la cual CAinfo es integrante- rechazó mediante un comunicado el contenido del proyecto de Ley de Urgente Consideración impulsado por el gobierno de Uruguay que, en caso de resultar aprobado, implicará un grave retroceso en materia de derechos humanos para el país y una violación de convenios internacionales a los que Uruguay adhirió a través de su ratificación parlamentaria.
La iniciativa legal conlleva una regresión en varios derechos especialmente protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos y que se encuentran estrechamente interrelacionados. En particular, la iniciativa legal afecta los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la información pública, a la privacidad y a la protesta social pacífica, y además implica un serio riesgo de restricción del espacio cívico, ya que impone penas de prisión en caso de que las autoridades policiales se sientan agraviadas o amenazadas por participantes de una movilización, dice el comunicado.
Ifex es una red de más de 100 organizaciones que están unidas por el compromiso compartido de defender y promover la libertad de expresión como derecho humano fundamental.
Desde CAinfo difundimos el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática (de la que somos parte) marcando posición respecto al contenido del proyecto de ley que viene a sustituir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Una delegación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) se reunió este viernes 8 de mayo con integrantes de la Comisión Especial del Senado que analiza el proyecto de ley de urgente consideración.
Pilar Teijeiro y Fabián Werner, plantearon en nombre de Cainfo la preocupación que generan algunos artículos del proyecto de ley ya que pueden afectar la libertad de expresión, el derecho de protesta y el acceso a la información pública.
Desde Cainfo se entiende que aprobar estos artículos implicaría un claro retroceso en materia de derechos humanos para el país y una violación de convenios internacionales a los que Uruguay adhirió a través de su ratificación parlamentaria.
Los artículos cuestionados son el 11,14, 45, 491, 492 y 493 porque implican una violación de la obligación del Estado de garantizar la protesta pacífica y además de implicar una limitación a su ejercicio legítimo, incurre en una penalización que incumple los estándares universales e interamericanos de derechos humanos.
Generan preocupación también los artículos 128 y 129 sobre la información reservada, secreta y restringida en el ámbito del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Cainfo sostiene que estos artículos son regresivos en materia de Acceso a la Información Pública y afectan la protección de datos personales.
Por último, el artículo 105, brinda una total discrecionalidad al Ministerio del Interior para solicitar a las empresas de telecomunicaciones “información detallada de la localización geográfica de la terminal de llamadas, sin necesidad de que exista una orden judicial”, impidiendo una vez más el imprescindible contralor entre los poderes de un Estado democrático.
Aquí puede acceder al documento completo presentado hoy.
Según el sexto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), se registraron en Uruguay 26 casos que afectaron la libertad de expresión de periodistas.
Este sexto informe del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, que abarca desde el 1° abril de 2019 al 31 de marzo de 2020, incorpora la metodología y los indicadores del proyecto “Voces del Sur”, una iniciativa regional que agrupa a organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras Perú, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Brasil. La iniciativa busca aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil, salvaguardar las libertades de expresión y prensa, y establecer mecanismos nuevos de coordinación y colaboración junto a los sistemas de derechos humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.
La categoría que presentó más episodios fue la de “Acceso a la Información” con 9, seguida de “Agresiones y ataques” con 8. Luego le siguió el “Discurso estigmatizante” con 4 episodios. Respecto a su ubicación en el territorio, el 80% de los casos ocurrió en Montevideo. En cuanto a los responsables de las amenazas, diez provinieron del ámbito público, ocho del privado y también ocho fueron provocadas por integrantes de partidos políticos.
Respecto a la clasificación por el sexo de las víctimas, la mayoría de los casos (13) afectó a equipos periodísticos, medios de comunicación o representaron amenazas contra todo el colectivo de periodistas. En diez (10) casos afectaron a hombres y en tres (3) a mujeres periodistas.
Los resultados obtenidos tras la implementación de este sexto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas en Uruguay permiten identificar que se revirtió la tendencia descendente en el número de casos que se venía dando desde el primer informe publicado en el año 2015.
