Abr 30, 2020
Este miércoles 29 de abril se conoció el contenido de una carta enviada por el nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, a los coordinadores de los servicios informativos de los medios públicos de radio y televisión.
En dicha comunicación, Sotelo anuncia la decisión de someter la difusión de “todos los contenidos informativos y periodísticos” al escrutinio previo de un coordinador dependiente de la dirección, con la intención de “establecer principios y criterios profesionales e institucionales comunes”. Además, se advierte que la consulta deberá ser anterior al inicio del proceso de producción de cada uno de dichos contenidos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública alerta ante las posibles consecuencias negativas que una decisión de este tipo puede tener para la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en los medios públicos de radio y televisión que integran el Secan.
Sin perjuicio de la lógica discusión de criterios periodísticos o editoriales que caben a la dirección de todos los medios (públicos o privados), la imposición de un escrutinio previo a la elaboración de los contenidos, que proclama la intención de “balancear las opiniones” o “reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial”, además de constituir un enlentecimiento en el proceso de producción que requiere prontitud y pertinencia, puede derivar en un mecanismo de intimidación, de autocensura o incluso de censura previa.
Este riesgo se agrava por el hecho de que Sotelo mantiene una actividad político-electoral como candidato suplente de una de las postulantes a la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones de octubre por la coalición gobernante.
En este sentido, CAinfo considera pertinente recordar las recomendaciones para el funcionamiento de los medios públicos contenidas en el documento “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, publicado en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Para asegurar la autonomía de los medios públicos se debería establecer por ley la independencia de su línea editorial o informativa”, señala el informe, que recomienda además que “todos los medios de radiodifusión gestionados por el Estado estén supervisados por una autoridad independiente, cuyos integrantes sean elegidos mediante un procedimiento transparente y competitivo en función de la idoneidad profesional y ética”.
La RELE agrega que la legislación “debería contemplar un régimen severo de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés”, así como “requisitos y procedimientos de designación y remoción objetivos y transparentes para los directivos de cada uno de los medios de públicos de comunicación que no deberían ser de libre nombramiento y remoción del Poder Ejecutivo Nacional”.
Abr 17, 2020
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), felicita la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de aprobar un decreto que habilita la libre divulgación de investigaciones científicas obtenidos en el medio acuático sin que se requiera autorización previa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) ni de otro organismo estatal.
En abril de 2018, Cainfo solicitó al gobierno de entonces que revisara el decreto 115/018 que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (No. 19.175).
En el artículo 44 de este reglamento, se establecía una serie de requisitos para otorgar permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, que debían ser solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).
Entre esos requisitos se estableció que quienes realicen la investigación debían explicar los objetivos del proyecto de investigación, los resultados esperados, el curriculum del personal técnico participante y el compromiso de presentar todos los datos y resultados objetivos. Además, se impedía a los investigadores a dar publicidad a cualquier tipo de información sobre los datos obtenidos sin autorización expresa de la Dinara.
Cainfo afirmó que esta medida no solo afectaba a los investigadores sino también el derecho de acceso a la información de la población en general.
Además, Cainfo entendió que se establecía un mecanismo de censura previa que va en contra de la Constitución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a la cual Uruguay se adhirió.
En el documento aprobado el lunes 13 de abril, Lacalle Pou sostuvo que en los artículos 44, 48 y 71 del decreto 115/018 se establecían “restricciones a la libertad para divulgar los datos obtenidos en las investigaciones científicas del medio acuático”.
Por esa razón, se dispuso que los “resultados de las investigaciones científicas, así como los datos globales o estadísticos obtenidos en el medio acuático podrán ser divulgados libremente, no requiriendo autorización previa de la Dirección Nacional de recursos Acuáticos, ni de ninguna otra dependencia del Estado”.
Abr 16, 2020
El 14 de abril se realizó el primero de los cinco webinars de la serie Articulaciones: diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades, convocado por Fundar-México, Artículo 19-México y Centroamérica, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con el fin de generar un espacio de diálogo sobre la situación en México y otros países de la región en materia de goce de derechos en el marco de la pandemia.
Este primer encuentro, titulado El derecho a la información durante la pandemia, contó con la participación de expertos internacionales en la materia: el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza; la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de México, Blanca Lilia Ibarra; la directora Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas; la Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Justine Dupuy; y la Directora Ejecutiva de Fundar, Haydeé Pérez Garrido; con la moderación de Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
En el primer bloque, el Relator Edison Lanza expuso los puntos principales consensuados por la CIDH: 1) La importancia crucial del acceso a la información pública y la transparencia para enfrentar esta situación; 2) La necesidad de que los gobiernos informen de manera veraz y oportuna; y 3) los derechos de libre expresión e información no deberían ser restringidos.
El Relator insistió en la priorización de algunas categorías fundamentales en este contexto: la información sobre la evolución de la pandemia, las medidas adoptadas por los gobiernos, los fondos destinados, y la afectación desproporcionada de determinados grupos o sectores de la población respecto a otros. Estos temas, señaló, deben ser objeto de información proactiva, veraz, en forma desagregada y en formatos abiertos y accesibles a los diferentes públicos; mientras que, para el caso de temas no prioritarios durante la pandemia, se deben establecer plazos razonables y mantener la posibilidad de apelar a estas resoluciones.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) coincidió en que existen derechos que pueden restringirse en contextos de emergencia pero el de información debe prevalecer: “La universalidad del derecho sigue siendo una aspiración, porque la gente no ha visto la importancia de este derecho sobre cualquier otro”.
Blanca Lilia Ibarra (INAI) coincidió en que la crisis será mejor atendida en la medida en que se cuente con información al respecto, y en que ésta no puede ser limitada bajo ningún esquema. La Comisionada por otro lado detalló las acciones llevadas a cabo por el INAI, explicando que se trata de una suspensión de los plazos de las solicitudes de AIP, pero no de actividades del organismo, con el fin de salvaguardar la salud de los empleados públicos sin menoscabar el derecho de acceso a la información. Explicó que se organizaron reuniones con la Secretaría de Salud para identificar los temas que más interesan a la población en base a las solicitudes presentadas; y anunció la publicación de un micrositio para la publicación de sus respuestas. También coordinarán con las autoridades para incorporar a este sitio un mapa interactivo que permita a la población conocer el estado de la pandemia en sus respectivas ciudades, municipios y estados. Entre los temas más frecuentes en las solicitudes de información, destacó: la cooperación internacional, el equipamiento médico e infraestructura, el presupuesto asignado a combatir la pandemia, las causas del desabasto de medicamentos, y el robo de estos últimos, entre otros.
En relación a la situación del INAI, Justine Dupuy (Fundar), manifestó su preocupación por la decisión de ampliar los plazos en este contexto: en el caso de México, señaló que en este momento las fuentes principales de información son las conferencias oficiales, que en ciertos casos han generado más dudas y preguntas en la ciudadanía y no existe información detallada y oportuna disponible en línea, por lo que resulta importante que el INAI de seguimiento a las solicitudes de información que se realizaron en las últimas semanas, sobre todo en materia de salud y que se impulse políticas de transparencia proactiva en los sectores prioritarios.
Haydeé Pérez Garrido (Fundar) también cuestionó el tema de los plazos suspendidos, y la falta de una explicación sustentada y fundamentada por parte del INAI al momento de tomar la decisión de la suspensión. En este sentido destacó la importancia de que se comunique mejor a la ciudadanía, como parte de una reflexión más amplia sobre lo que significa la transparencia proactiva. Invitó también a pensar cual debería ser el papel de los órganos garantes del derecho de acceso a la información no solo en México sino en la región.
Otro tema que surgió fue el de la desinformación y la circulación de fakenews. Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) destacó la importancia del no bloqueo a la labor periodística para garantizar información objetiva y precisa; y la responsabilidad de toda la población para contrarrestar las noticias falsas evitando su transmisión. También advirtió que las fuentes de desinformación que buscan generar pánico en la ciudadanía pueden generar un colapso de los sistemas de AIP.
En esta línea Edison Lanza también destacó la obligación de los funcionarios públicos de todo nivel a ofrecer información veraz; y la necesidad de acotar la disparidad entre los diferentes estados respecto a la información certera sobre cómo está avanzando el virus: en este sentido señaló la tarea urgente de generar estándares e indicadores precisos sobre la información mínima que la población debe tener: respecto a testeos; número de infectados, personas en cuidados intensivos y recuperados; la generación de bases de datos abiertas para generar las propias curvas y consideraciones científicas por parte de actores independientes al estado.
En este contexto, y de cara a la reunión plenaria del INAI prevista para el 15 de Abril, se anunció además el envío de una carta al organismo donde las OSCs firmantes manifiestan su preocupación en torno a la suspensión o aplazamiento de plazos, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, así como recomendaciones y propuestas sobre el rol del INAI en este contexto:
Carta presentada al INAI:
Extraído de: http://www.alianzaregional.net/blog/2020/04/15/webinar-el-derecho-a-la-informacion-durante-la-pandemia/
Abr 8, 2020
Durante 2019, 27 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en las Américas por motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico. Esta cifra se mantiene dentro de la tendencia de la última década en relación con los ataques graves a comunicadores, según surge del Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe, divulgado este martes 7de abril, la Relatoría Especial llamó la atención en relación con la generalización en la región de una narrativa que “estigmatiza a periodistas y medios de comunicación, dirigida por altas autoridades públicas de modo intencional y que es seguida de ataques coordinados en redes sociales”. Esta práctica, presente en una diversidad de Estados – incluso con gobiernos democráticamente electos-, incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de los y las periodistas a sufrir represalias, hostigamiento físico y acoso en línea.
En el caso de Uruguay, la Relatoría Especial observó que, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay se realizaron denuncias sobre difusión de campañas de desinformación deliberada. Destacó que alrededor de 70 medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha un programa de verificación de información denominado Verificado.uy, que jugó un rol destacado en la verificación de información.
Asimismo, la Relatoría Especial resaltó la aprobación del decreto que aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que propondría realizar reformas a la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública (UAIP) para actualizar las obligaciones de transparencia de los organismos públicos gubernamentales y no estatales.
También, la oficina destacó avances respecto a varias decisiones judiciales que protegieron la libertad de expresión y ordenaron archivar denuncias penales solicitado por actores políticos contra varios medios de comunicación en el marco de un debate sobre la participación de esos dirigentes en la dictadura militar (1973-1985).
En el siguiente link, se puede acceder al documento completo.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf
