En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta el informe Saber Más X: Desafíos y restricciones del Acceso a la Información Pública, la décima edición del informe regional que nuestra red publica y difunde desde el año 2009.
Informe: Desacargar
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública repudia el inicio de procesos judiciales contra varios medios de comunicación por parte del Partido Cabildo Abierto, que encabeza el candidato presidencial Guido Manini Ríos.
El motivo de las denuncias es la publicación de la acusación realizada por un colectivo de expresos políticos durante la dictadura contra Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Manini. Los ex detenidos le atribuyen a Romanelli, mediante una carta pública, la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
Según la citación judicial que llegó al diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal cita a una audiencia que se realizará este jueves a las 14.30 horas en el juzgado penal de 42° Turno, en la calle Juan Carlos Gómez 1236, a cargo de la jueza Dolores Sánchez.
Para CAinfo este tipo de actitudes atenta contra la libertad de expresión, y buscan limitar el legítimo derecho de informar de los medios de comunicación y de los ciudadanos de acceder a noticias de interés público en un contexto de campaña electoral.
Recuerda, asimismo, que como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el inicio de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación puede generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limitaciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para un régimen democrático.
El viernes 20 de setiembre se realizó en el Parlamento un conversatorio sobre la posible regulación de las grandes plataformas sin que ello afecte la libertad de expresión en internet.
El evento fue impulsado por CAinfo y Observacom, y participaron representantes de distintas organizaciones, sociales y públicas, que realizaron aportes y plantearon dudas respecto al alcance de un documento que propone un camino de regulación en el que la moderación de contenidos de terceros sea compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Se propone que mediante este mecanismo se proteja el derecho a la libertad de expresión, se garantice una Internet libre y abierta, y se impulse una iniciativa regional que haga frente a los intentos de regulación estatal que pueden llevar a que las plataformas actúen como policías privadas. La presentación del documento estuvo a cargo de Gustavo Gómez, director de Observacom, la que compartimos a continuación.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ve con preocupación la decisión del Senado de no aprobar este martes 10 el proyecto de ley que regula la publicidad oficial, y regresarlo a comisión para su análisis.
Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar de que el proyecto original contó con el apoyo de los diputados del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que en agosto de 2015 pusieron su firma para que la iniciativa fuera discutida. En julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el texto con el apoyo de todos los partidos.
Si bien varios senadores expresaron que harán lo posible para aprobar una norma de este tipo, el hecho de que el domingo 15 se inicie el receso parlamentario debido a las instancias electorales, hace poco probable que exista el quórum necesario en ambas cámaras para la aprobación definitiva del texto.
Este traspié no será, sin embargo, un obstáculo para que CAinfo, junto a otras organizaciones de la sociedad civil insistan con una iniciativa de este tipo. Y, si es necesario, volverá a plantear el tema en el próximo período de gobierno.
CAinfo reitera que es imprescindible que el país tenga un marco que regule la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la publicidad oficial. Aprobar una norma de esta característica es ineludible para cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, permite tener procedimientos claros para la adjudicación de la publicidad, hasta ahora asignada de forma discrecional. Además, la iniciativa busca eliminar la discriminación que sufren los medios de comunicación del interior del país que reciben un porcentaje ínfimo de avisos oficiales.
El proyecto que impulsó CAinfo en su redacción original, recogió recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que los Estados deberían adoptar normas claras y transparentes para regular la publicidad oficial, para evitar que ésta pueda ser utilizada para castigar o premiar a los medios de comunicación.
En el texto se establece un régimen de contratación en coordinación con las normas del TOCAF. Se describen además los principios y procedimientos de contratación, y se prevé la obligatoriedad de destinar al menos un 30% del monto total de la publicidad de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones periodistas que se realicen en el interior del país. Además de CAinfo, esta iniciativa contó con el respaldo de entidades como la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior, la Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados.