Oct 29, 2018
El pasado viernes 26 de octubre se presentó el Índice de Transparencia Activa En Línea (Itael), en conjunto entre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y la Universidad Católica.
Este índice mide cuánta información ponen a disposición los organismos públicos en su página web, en función de lo que corresponde legalmente considerando la Ley de acceso a la información pública, que está cumpliendo diez años.
Según el estudio, en promedio los organismos publican el 54% de la información que deberían publicar por ley.
La mitad del vaso lleno es que año a año avanza este porcentaje y la mitad del vaso vacío es la lentitud con que esto se está dando, dijo el integrante de Cainfo Javier Pérez Seveso a El Tungue Lé de Radio Uruguay.
La ley “establece un procedimiento sencillo para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información pública, que es toda aquella que está en posesión o que produce un organismo público”, explicó.
En principio abarca a toda información, pero existe un régimen limitado e excepciones. Por ejemplo información personal o datos que pueden afectar la libre competencia de empresas públicas o poner en riesgo la seguridad nacional.
Entre los organismos públicos, LATU se destaca con “el 100% de las obligaciones de transparencia activa” disponible en su página web. Del otro lado están las Juntas Departamentales, con un promedio de 29%.
Pérez Seveso contó el procedimiento que se debe realizar, destacando que “es una ley para todas las personas”.
Recomendó que la consulta debe ser lo más precisa posible –para evitar respuestas no deseadas o evasivas-, que no hay que informar para qué desea esa información y que existe un plazo de 20 días hábiles para tener una respuesta; plazo que puede ser prorrogable por otros 20 días.
Además recordó que el miércoles 31 de octubre a las 19.00 horas en el salón de acto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) habrá un encuentro referido a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también conocida como Ley de Medios.
Escuche aquí la entrevista.
Oct 26, 2018
Los sitios web de de los organismos públicos siguen mostrando avances en materia de transparencia activa aunque aún persisten importantes desafíos para llegar a niveles altos.
Los datos surgen tras la presentación de una nueva edición del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Universidad Católica del Uruguay presentaron hoy ante responsables de transparencia y comunicación de organismos públicos.
El ITAeL mide cuánta información ponen a disposición los organismos públicos en sus páginas web. Para ello toma una serie de indicadores basados en las obligaciones legales que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) y su decreto reglamentario, a lo que le suma indicadores que surgen de estándares internacionales como la ley modelo interamericana de la OEA.
Presupuesto del organismo, viáticos, remuneraciones de los jerarcas, funcionarios en comisión, llamados a licitaciones, auditorías, llamados a concurso, publicación de la información en datos abiertos; son algunas de las 46 categorías de información que el ITAeL mide si están disponibles en los sitios web de los organismos públicos.
Para esta nueva edición se relevaron 127 sitios web de organismos públicos. La primera lectura de los datos de este año muestra la continuación de una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa, aunque sin incrementos significativos.
El total de organismos relevados cumple, en promedio, con 56% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (50% de cumplimiento).
Si miramos individualmente a cada organismo de los 127 relevados, encontramos que solo 4 alcanzan un porcentaje superior al 90% de cumplimiento de transparencia. Ellos son: LATU 100%, Banco Central del Uruguay 98%, Plan Ceibal 93% y El Correo 91%.
Por el lado del grupo de organismos que muestran menor nivel de cumplimiento, encontramos al igual que en años anteriores, que el conjunto de las Juntas Departamentales siguen exhibiendo grandes dificultades. Pese que para este informe muestran una mejora, el promedio de cumplimiento de transparencia activa de las Juntas Departamentales es de tan solo 29%.
Como parte de las conclusiones, el informe de este año señala que a ya 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, se hace necesario impulsar un debate para una reforma normativa que logre garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública de toda la ciudadanía.
En la medida que el acceso a la información es un derecho humano habilitante de otros derechos, la transparencia activa se torna un elemento central para propender hacia una administración transparente de los asuntos públicos y rendición de cuentas, elementos centrales de cualquier sistema democrático.
Vea aquí el informe completo.
Oct 23, 2018
Este martes 23 de octubre, día del periodista en Uruguay, CAinfo pone a disposición tres guías prácticas con información actualizada sobre: Combate a la corrupción y lavado de activos, Ley de servicios de comunicación audiovisual y Código del proceso Penal.
CAinfo reafirma su compromiso en apoyo al periodismo y a los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión, esenciales para la democracia.
Los tres materiales fueron realizados con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de UNESCO. Acceda a la guías:
Nuevo Código del Proceso Penal
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Combate a la Corrupción y Lavado de Activos
Oct 18, 2018
Sociedad civil, activistas, representantes de organismos internacionales y estatales se dieron cita esta semana en la actividad «Garantizando nuestros derechos», en el marco del cumplimiento de los diez años de la promulgación de las leyes de Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
Las jornadas fueron organizadas por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). En la apertura, el presidente Ejecutivo de la UAIP, Gabriel Delpiazzo, sostuvo que la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública es una normativa fundamental, ya que promueve «un cambio cultural en lo que refiere al manejo y gestión de la información, para que la información pública se sepa».
Delpiazzo consideró que tras estos diez años de ley, se observó un incremento progresivo de las solicitudes de información, además de una creciente publicación de información en formatos abiertos y de procesos de co-creación de los planes de Gobierno Abierto. Sin embargo, pese a los avances, Delpiazzo consideró que «todavía hay obstáculos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública». Entre los desafíos a superar, el presidente de la UAIP detalló que hay organismos que clasifican información de manera genérica, otros que no responden solicitudes acceso a la información, y aún existe resistencia para responder solicitudes de información realizadas por correo electrónico.
Durante la jornada del martes 16 de octubre, se desarrolló el panel «Casos y Tendencias en Acceso a la Información Pública», que contó con la participación de Daniel Lema, presidente del Consejo Directivo de CAinfo. Lema consideró que la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública significó en su momento un avance fundamental en tanto permitió sentar las bases para comenzar a pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia.
Sin embargo, a diez años de aprobada la ley, es necesario iniciar un camino para robustecer el derecho de acceso a la información pública. En línea con lo considerado por Delpiazzo, Daniel Lema señaló que los organismos realizan clasificaciones genéricas para denegar el acceso a la información. Lema afirmó que este tipo de clasificaciones desincentivan a la ciudadanía a seguir buscando información y a hacer uso de la herramienta de acceso.
Además, como ejemplo de incumplimiento de la ley de acceso a la información, Lema señaló que según datos del Índice de Transparencia Activa en Línea-Itael, (que se presentará públicamente el próximo viernes 26 de octubre) en promedio los organismos publican en sus sitios web sólo un 54% de la información que legalmente están obligados a publicar.
Al cierre del panel, Mariana Gatti (asesora jurídica de la UAIP) destacó que como parte de los compromisos que se llevarán adelante en el marco de un nuevo plan de acción de gobierno abierto 2018-2020 se prevé elaborar una propuesta de reforma consensuada y a través de un proceso participativo de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. El objetivo de la propuesta es eliminar los obstáculos detectados en la implementación actual del texto de la ley a efectos de mejorar el alcance y la aplicación de la normativa.
Oct 1, 2018
En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, celebrado el pasado viernes 28 de setiembre, la Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó los avances logrados en las Américas para mejorar y fortalecer el marco normativo y la creación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de accesibilidad y ejercicio del derecho a la información a las mujeres.
Entre los avances registrados, la Relatoría destaca las medidas adoptadas por Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Perú y México, quienes han sancionado entre los años de 2015 y 2018 diferentes normas orientadas a crear mecanismos efectivos de recopilación de información sobre violencia contra las mujeres.
Para el caso de Uruguay, la relatoría destaca el avance que significa la Ley 19.580, que crea Observatorio sobre la Violencia basada en Género hacia las Mujeres. Además, la normativa que entró en vigencia en enero de 2018, consagra la obligación del Instituto Nacional de las Mujeres de “[generar] registros de datos cuantitativos y cualitativos sobre violencia basada en género, que contemplen variables tales como edad, situación de discapacidad, origen étnico racial, religión, territorialidad, entre otras dimensiones de la discriminación.”
Sin perjuicio de los avances registrados, aún persisten desafíos, advierte la RELE.
Pese a que los Estados han construido o poseen bases de datos para generar estadísticas sobre todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres (física, económica, psicológica, obstétrica), incluyéndose las causas, consecuencias y frecuencia de estos actos, en la mayoría de ocasiones estos repositorios no se encuentran actualizados ni consolidados.
A consecuencia de estas falencias, la información sobre la violencia contra las mujeres y su combate se produce de manera fragmentada o incompleta. A su vez, en la mayoría de los Estados no se han desarrollados sistemas unificados de información sobre violencia basada en género contra las mujeres.
La Relatoría Especial insiste en la necesidad de incluir de forma urgente en los sistemas de información datos correspondientes a las diferentes formas de violencia contra las mujeres incluyendo aquellas que no están tan visibilizadas como la violencia psicológica, la violencia económica, y la violencia obstétrica.
Acceda aquí al informe completo:
