Sep 18, 2018
La Coalición por una Comunicación Democrática y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), expresan su preocupación debido a que la Asamblea General del Poder Legislativo aún no designó a los cuatro integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA).
El CCA es el organismo encargado de aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ley aprobada hace casi cuatro años y casi sin aplicación hasta el momento. El organismo está integrado por cinco personas, cuatro de ellas deben ser nombradas por el Poder Legislativo y la quinta, que preside el organismo, por la Presidencia de la República.
Según la LSCA, los cuatro integrantes electos por el Parlamento deben ser designados por una mayoría especial de dos tercios de la Asamblea General.
En la sesión de la Asamblea General del 6 de junio de este año, no hubo acuerdo y la reunión se debió levantar por falta de quórum.
Ante esta falta de entendimiento, la Asamblea General no puede volver a reunirse por este tema hasta que los partidos políticos lleguen a un acuerdo que permita, al menos, habilitar la sesión para luego discutir la votación de los nombres.
Las organizaciones firmantes, que hemos impulsado esta ley, reclamamos al Poder Legislativo que cumpla con lo establecido en la norma, vuelva a sesionar y discuta sobre la integración del CCA. Asimismo, reclamamos que el Poder Ejecutivo designe, sin más dilación, al Presidente del organismo.
Sep 3, 2018
Las organizaciones sociales que conforman la coalición para la firma y ratificación de Uruguay al Acuerdo de Escazú expresan su beneplácito por la decisión del gobierno de Uruguay de firmar el 27 de setiembre ese documento. Así fue confirmado a integrantes de la coalición por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores la semana pasada. Las organizaciones se congratulan de esta decisión tan importante para el medio ambiente.
El Tratado de Escazú es una herramienta clave que permitirá un enfoque más participativo para la toma de decisiones, la formulación de políticas y proyectos relacionados con el medio ambiente y la disminución y mitigación de conflictos generados por la falta de participación efectiva de aquellas comunidades afectadas. El acuerdo profundiza las obligaciones de derechos humanos que los Estados de la región han adquirido previamente a través de otros instrumentos internacionales en relación con el derecho de acceso a la información pública; la participación en la toma de decisiones, incluida la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas; el derecho a un medio ambiente sano; la igualdad de acceso a la justicia en referencia a los derechos ambientales, así como la protección de personas que defienden los derechos humanos y el ambiente, entre otros.
Coalición de Organizaciones Sociales para la firma y ratificación de Uruguay al Acuerdo de Escazú Amnistía Internacional Uruguay:
- Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
- Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR)
- Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA)
- REDES (Red de Ecología Social) – Amigos de la Tierra Uruguay
- Red Uruguaya de ONG’s Ambientalistas
- Vida Silvestre Uruguay
- CAPTE Uruguay
