May 31, 2018
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por la situación que atraviesa el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, de San José, quien ha sido cuestionado por el edil del partido Nacional, Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental.
En el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez.
En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez y que transcribimos : “Me cuesta creer que la dirección de la Emisora comparta este tipo de mensajes que promueven y acicatean la violación y el desconocimiento de las normas. No tengo dudas que, es lo mismo que promover el desprecio hacia los principios republicanos y democráticos que felizmente desde 1985 –los uruguayos- hemos recuperado”.
En otra carta, al asegurar que el periodista mintió sobre lo ocurrido en una sesión de la Junta, el edil afirmó: “Quien suscribe, interpreta que esto trasciende lo personal (cosa que nos tiene acostumbrado) y se transformó en un daño e injuria a la Institución Junta Departamental. Estamos convencidos que, al atentar contra un Órgano democrático se está atentando contra la democracia toda”. La dirección de la radio respaldó al periodista.
Desde CAinfo reiteramos que según la normativa vigente todo funcionario público, y más si ocupa un cargo electivo, como es el caso, está sujeto a que su gestión sea investigada. La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública.
Foto destacada: edil Danilo Vasallo / sanjoseahora.com.uy
May 7, 2018
El contrato que el gobierno uruguayo firmó con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa prevé que se generen hasta 5000 nuevos puestos de trabajo en la etapa de construcción y un incremento entre 10% y 15% del PIB per cápita en la zona comprendida por los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Sin embargo, ante una solicitud de acceso cursada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), manifestaron que la información había sido clasificada como confidencial, al igual que todos los documentos referidos a las negociaciones entre el Estado uruguayo y UPM.
Además, CAinfo consultó sobre el punto 2.3.3 del contrato, que establece que “el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de US$ 1.000 millones al año, con una recaudación de tributos aproximada de US$ 120 millones”.
Ante este punto el MEF sí contesta en base a cálculos con información de carácter público. En este punto la cartera brinda una respuesta de carácter tautológico: como el contrato dice que la planta producirá 2 millones de toneladas, entonces exportará 1.000 millones de dólares, entonces, 1.000 millones de dólares equivalen a 2 puntos del producto.
Es difícil comprender por qué el MEF puede explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PIB a escala global, y no puede explicar, y se declara confidencial un estudio que fundamenta, según una metodología determinada, la cantidad de empleo que generará la planta, incrementos en la recaudación de tributos; empleos permanentes generados; y crecimiento del PIB en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Esto opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía. ¿Quién realizó el estudio?; ¿lo hizo una consultora privada?; ¿el estudio fue pagado por UPM o por el Estado?; ¿los estudios los hizo el Estado con sus técnicos?; o ¿hubo dos estudios, uno realizado por el sector privado, y otro realizado por el Estado, y se utilizaron los valores de uno solo de ellos?.
Creemos que estas preguntas deben de ser contestadas por el Estado, y además deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación.
Por último, al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), se le solicitó información referente a los precios mayoristas del megavatio hora pagados por UTE desde el 2005 a la fecha. El MIEM respondió a la solicitud que no cuentan con esa información; mientras que la URSEA y UTE proporcionaron la información solicitada.
CAinfo, presenta en este apartado toda la información recibida para ponerla a disposición de la población. Acceda aquí.
May 3, 2018
Cainfo con el apoyo de la Red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) presentan este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cuarto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. En total se registraron 20 casos de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico en el período analizado.
Trece casos corresponden al nivel de gravedad Medio, siete al nivel Leve, no se registraron casos de nivel de gravedad Alto. Además el informe consigna otros dos casos que afectan el derecho a la libertad de expresión y que tuvieron que ver con medios de comunicación, pero que no afectaron a profesionales en el ejercicio de tareas periodísticas.
Respecto a su ubicación en el territorio, la mayoría (16) se produjo en Montevideo, mientras que los departamentos de Colonia, Flores, Salto y Soriano registraron uno cada uno.
La categoría en la que se registraron más episodios fue en la de Amenazas, donde se pudo constatar la existencia de siete episodios durante el último año. Luego le siguieron el Hostigamiento a través de la Justicia, el Hostigamiento laboral y el Rechazo a pedidos de acceso a la información pública (3 casos cada uno), el Hostigamiento físico (2), mientras que la Censura y la Obstrucción al trabajo periodístico registraron un (1) episodio cada una.
Acceda aquí al informe.
