La Coalición por una Comunicación Democrática saluda que finalmente el parlamento haya comenzado el proceso de selección de candidatos para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) de acuerdo al art. 74° de la ley 19307, aprobada en 2014. Esperamos que, de acuerdo a lo previsto en la propia ley, en este proceso sean tenidas en cuenta las propuestas y comentarios de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la libertad de expresión.
Saludamos también que, tras una larga demora, en octubre de 2017 se haya instalado la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) que, como primer cometido, debe discutir la propuesta de reglamentación de la Ley, que el gobierno presentó a fin del año pasado.
Advertimos, sin embargo, que la propuesta de reglamentación presentada por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión de la CHASCA pretende restarle competencias al Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) y restringir los niveles de autonomía de la nueva institucionalidad, desvirtuando de este modo el alcance y el espíritu de la ley.
Las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Coalición por una Comunicación Democrática hemos advertido al gobierno de algunas ilegalidades presentes en la reglamentación propuesta y hemos presentado redacciones alternativas de manera que la reglamentación no se aparte de la letra y el espíritu de la ley , se encuadre en las mejores prácticas de libertad de expresión y en los estándares internacionales en esta materia.
Hasta el momento los representantes del gobierno han manifestado su voluntad de incorporar algunas modificaciones , pero en aspectos fundamentales tales como garantizar la autonomía e independencia del nuevo organismo regulador (el CCA) han manteniendo su propuesta inicial que insistimos, se aparta en varios casos de la letra y el espíritu de la ley.
Esperamos que la aplicación integral de la Ley 19.307, votada por el Parlamento Nacional en diciembre de 2014, pueda finalmente ponerse en marcha plenamente, en este 2018. Desde la Coalición por una Comunicación Democrática seguiremos activos y aportando como hasta ahora, convencidos que el Uruguay necesita un sistema democrático para la regulación de los medios, que garantice el derecho a la comunicación de todas las personas en igualdad de condiciones.