El Centro de Acceso y Archivos a la Información Pública (CAinfo) en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR), con apoyo de UNESCO y Open Society Justice Initiative (OSJI), realizaron este miércoles 16 de noviembre el seminario “Regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en Uruguay. Avances y mejoras necesarias a 8 años de la vigencia de la ley 18.381”.
La actividad, desarrollada mañana en el edificio Edificio Mercosur (Luis Piera 1992), tuvo como objetivo analizar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en el país, los avances y los desafíos planteados, así como la discusión de posibles mejoras al marco regulatorio.
La apertura estuvo a cargo de José Imaz, integrante del consejo directivo de CAinfo; Mariana Mas, Oficial de Programa de OSJI; Rafael Rafael Sanseviero, representante de FESUR; y Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Edison Lanza destacó que la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales de la democracia. Además se refirió a la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2008: “Hay un antes y un después en los uruguayos después del surgimiento de la ley. Había críticas y temores. Sin embargo, el acceso se estableció como una regla de juego para las personas y organizaciones”.
Sin embargo, tras ocho años de vigencia de la normativa, “a la hora de solicitar la información hay problemas y por eso se deben buscar reformas que den lugar al mejoramiento de la ley”, advirtió..
Lanza brindó datos de Rule of Law Index que posicionan al marco jurídico de acceso a la información pública uruguayo en el puesto 46 de 103. Este dato, según Lanza, da cuenta de que la ley uruguaya cumple con algunos estándares de calidad, pero no con todos.
Finalmente, relator de libertad de expresión presentó una serie de puntos en los que el país debería avanzar para fortalecer la transparencia y el acceso a la información:
- Crear un Sistema Nacional de Transparencia
- Fortalecer la posición e Independencia del Órgano Garante (Unidad de Acceso a la Información Pública).
- Establecer un régimen de sanciones claro y efectivo ante los incumplimientos a la ley
- Ampliar los sujetos obligados por la normativa
- Definir excepciones y revisar secretos
- Capacitar a todo nivel para que se conozca la normativa.
Tras la exposición del Relator Edison Lanza, tuvo lugar la exposición “Acceso a la información pública en Uruguay, avances y desafíos”. Participaron Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, Tania da Rosa de CAinfo y Gabriel Delpiazzo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
Fabrizio Scrollini definió la política de acceso de información pública de Uruguay como “en tensión”, puesto que se observan niveles bajos de publicación proactiva de la información y niveles medios o bajos de autonomía y capacidad del órgano garante.
En función de este diagnóstico, Scrollini consideró que se deben establecer mayores recursos y potestades para la UAIP que aseguren el cumplimiento efectivo de las decisiones tomadas. Por último, Scrollini consideró que se debe ampliar los organismos que están alcanzados por la normativa.
Tania Da Rosa, quien habló en representación de CAinfo, sostuvo que en su momento la aprobación de la normativa significó un importante avance, pero que sin embargo, hoy en día a normativa está por debajo de los estándares internacionales. Consideró que la ley es incumplida aún de manera extendida por los organismos públicos y citó como ejemplo el último informe del Índice de Transparencia Activa en Línea, que señala que los organismos cumplen en promedio un 45% de las obligaciones legales que tienen en materia de transparencia activa.
Da Rosa apuntó una serie de modificaciones que CAinfo considera debería hacerse a la normativa para mejorar. Al igual que los oradores anteriores, coincidió en la necesidad de ampliar los sujetos obligados por la ley y para ello tomar como referencia la ley modelo interamericana de la OEA.
También valoró que se debe revisar el régimen de excepciones que tiene la ley, como por ejemplo la prevista en el artículo 10 en relación a la cláusulas contractuales de confidencialidad.
Da Rosa consideró que un aspecto importante a contemplar en una eventual reforma de la ley es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del órgano de control creado por la norma, la UAIP. Señaló que en esa línea es importante considerar dos elementos: por un lado, robustecer las atribuciones de la UAIP para el control y la aplicación de sanciones; por otro, robustecer el diseño institucional y adecuarlo a los estándares internacionales.
Consideró que la ubicación institucional actual de la UAIP (como desconcentrado de un organismo en la órbita la presidencia de la República), no es la más adecuada, por lo cual si bien el organismo ha venido actuando con autonomía técnica, se debería pensar en fortalecer su autonomía funcional y presupuestal. Da Rosa dijo que una posibilidad es avanzar hacia la creación de otro tipo de organismo, como por ejemplo un servicio descentralizado (para lo cual habría que asegurar presupuesto adecuado para generar una institucionalidad acorde) y un paso intermedio es mejorar el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Unidad, de manera que sea un proceso participativo, transparente y con venia parlamentaria.
Por último, valoró como positivo que muchos de estos aspectos se vienen discutiendo en el Consejo Consultivo de la UAIP de cara a una futura reforma de la ley.
El encargado de cerrar la sesión fue el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dr. Gabriel Delpiazzo.
Delpiazzo sostuvo que la aprobación de la ley significó un importante avance. Consideró que en estos últimos años mejoraron muchos aspectos que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, y señaló como ejemplo que finalmente, en la última ley de presupuesto, se haya establecido por ley que los ciudadanos pueden relacionarse con la administración por vía electrónica.
Delpiazzo coincidió y sostuvo que de cara a una revisión de la ley habría que revisar el régimen de excepciones, particularmente precisar las cláusulas de confidencialidad.
Respecto al alcance objetivo de la ley, el presidente de la UAIP consideró que la normativa debería alcanzar a sociedades anónimas que manejan fondos públicos y a empresas públicas de derecho privado.
Por último, Delpiazzo concordó en que es necesario mejorar las atribuciones de la Unidad de Acceso, y que esa discusión debería enmarcarse en un debate de cómo mejorar en general todos los organismos de control.
Posteriormente, se abrió una sesión espacio para analizar los distintos modelos de regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en la región.
Participaron Moisés Sánchez de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información , Yolli García, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México y Mariana Mas de Open Society Justice Initiative.
Moises Sánchez hizo una puesta a punto de las diversas realidades que presenta la región respecto al derecho de acceso a la información pública; con países como Panamá, Perú o México que sancionaron sus leyes de acceso en 2002, hasta Paraguay o Argentina que fueron los últimos que se sumaron al elenco de países que regularon por ley este derecho. A su vez, Sánchez valoró la importancia de algunos casos que sentaron jurisprudencia a nivel internacional, como el caso Claude Reyes vs. Chile.
La comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México, Yolli García, valoró la importancia que el derecho de acceso a la información pública tenga una protección legal, en tanto es “un derecho en sí mismo, pero a la vez es un instrumento de acceso a otros derechos”.
García hizo un repas
o de la situación del derecho en México, donde actualmente rige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada en 2015.
García destacó que esta ley crea un Sistema Nacional de Transparencia, dota de autonomía el órgano garante, amplía el número de sujetos obligados a sindicatos,
partidos políticos, establece un régimen claro de sanciones, entre otros puntos.
Sin embargo, la comisionada advirtió que todavía no fueron aprobadas otras dos leyes complementarias a la de transparencia: la de datos personales y de archivos.
Por su parte, Mariana Mas de Open Society Justice Initiative, hizo hincapié en las dificultades que se encuentran a nivel mundial cuando los ciudadanos tratan de acceder a la información que está relacionada con los temas de seguridad nacional
Mas señaló que una información pertenezca a seguridad pública no la hace automáticamente reservada. Asimismo, consideró que es necesario que primero los Estados definan claramente los alcances del concepto seguridad pública para luego establecer qué información es reservada.
Ligado a esto, Mariana Mas valoró que es tan importante trabajar en una correcta clasificación de información así como en una política de desclasificación. En ese sentido, recomendó establecer consultas periódicas para poder desclasificar aquella información que ya no amerite estar en carácter reservado.
Por último, se abrió un espacio donde parlamentarios y asesores políticos expusieron sobre el funcionamiento de la ley de acceso a la información pública y evaluaron posibles mejoras a la normativa.
Participaron el diputado Ope Pasquet por el Partido Colorado, el diputado Daniel Caggiani por el Frente Amplio y la asesora Mariela Demarco por el Partido Independiente.
Los tres coincidieron en la necesidad de establecer cambios a la ley de acceso a la información pública.
Ope Pasquet consideró que deberían revisarse las cláusulas de confidencialidad que se establecen en la ley y ampliarse el alcance de la normativa: “todas las entidades que reciben fondos públicos tienen que estar alcanzados por la ley”, señaló.
Por su parte, Daniel Caggiani y Mariela Demarco coincidieron en la necesidad de discutir mejoras al diseño institucional.