Nov 25, 2016
El número de casos de amenazas a la Libertad de Expresión de periodistas alcanzó los 25 en lo que va del año 2016, según el monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
La obstrucción al trabajo periodístico, con 10 casos, es la categoría que más se repitió en el período, mientras que el hostigamiento a través de la Justicia fue la segunda con cinco. También se registraron situaciones de hostigamiento físico (4), intento de censura en distintos niveles (4) y amenazas (2).
En cuanto a los responsables de las amenazas a la libertad de expresión, 12 provinieron de autoridades públicas (representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Municipios, Policía y la Armada, entre otros organismos), nueve al ámbito privado (empresas o particulares) y cuatro a partidos políticos.
En los últimos días de noviembre se sumaron dos nuevos episodios que implicaron una obstrucción del trabajo periodístico: la negativa a aceptar preguntas por parte de los periodistas que cubrieron la convocatoria a la prensa por parte de la dirigencia del Club Peñarol y la censura por parte de la empresa Tenfield a la pancarta que los futbolistas desplegaron en los partidos televisados el fin de semana.
También llegó la denuncia del episodio ocurrido cuando el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick concurrió a la Corte Electoral a inscribir su nuevo lema.
El pasado informe anual del monitoreo, presentado el 3 de mayo en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión, había consignado la existencia de al menos 28 casos en el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Desde que se inició el monitoreo de casos a principios de 2014 se ha podido registrar un total de 74 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en el ejercicio de su profesión.
El siguiente es un recuento de los casos registrados en lo que va de 2016.
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (10)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas
- El 7 de enero de 2016 el presidente Tabaré Vázquez recibió en la estancia presidencial de Anchorena a su par argentino Mauricio Macri. La prensa fue convocada a la actividad y desde Presidencia se informó a los periodistas que tendrían posibilidad de realizar cuatro preguntas, dos por cada país. Sin embargo, llegado el momento de la conferencia, se anunció que no se recibirían preguntas.
- El 12 de febrero el ex intendente de Paysandú Bertil Bentos se negó a responder preguntas durante una conferencia de prensa que convocó para hablar de la auditoría ordenada por el actual intendente Guillermo Caraballo sobre la pasada administración.
- El 24 de febrero de 2016 el vicepresidente Raúl Sendic se negó a recibir preguntas de los periodistas que querían consultarlo respecto a la información publicada por el diario El Observador sobre la carencia del título de licenciado.
- El 25 de febrero el presidente Tabaré Vázquez se reunió con su par de Francia, François Hollande en la residencia de Suárez y Reyes en Montevideo. Tras la reunión, los mandatarios hicieron una exposición ante los medios de comunicación pero no se aceptaron preguntas. Según denuncias recibidas por APU, funcionarios de protocolo de Presidencia habían confirmado a varios periodistas asistentes a la cobertura que podrían realizar preguntas, lo cual finalmente no se permitió.
- El 14 de marzo asumió el nuevo directorio de Ancap sin que existiera una convocatoria a la prensa, por lo que en la ceremonia solamente estuvieron presentes los involucrados. Los discursos realizados en la asunción fueron divulgados por el sitio web de la Presidencia de la República, por lo cual se impidió de hecho cualquier tipo de participación de los periodistas y la realización de preguntas.
- El 28 de marzo periodistas de Canal 4 fueron impedidos de ingresar al estadio de Peñarol por orden de la empresa Tenfield, poseedora de los derechos de transmisión del evento. Los profesionales iban a cubrir el partido inaugural entre Peñarol y River Plate argentino, pero no pudieron ingresar al estadio, según denunció públicamente el periodista Mario Bardanca en la edición del informativo Telenoche al día siguiente.
- El 14 de abril el ministro de Salud Jorge Basso advirtió que no aceptaría preguntas ni haría declaraciones a la prensa durante su participación en el lanzamiento del primer curso de cannabis medicinal en Uruguay y América Latina para profesionales médicos.
- El 28 de junio el crítico de cine Al Gorosito denunció que dos distribuidoras de cine (Life y RBS) resolvieron impedirle el acceso a sus funciones de prensa debido al contenido de sus notas periodísticas. A pesar de sus intentos por aclarar la situación a través de distintas comunicaciones el impedimento no fue subsanado.
- El 7 de noviembre un grupo de guardias de seguridad contratados por el empresario Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, impidió el acceso de periodistas al edificio de la Corte Electoral cuando el dirigente político concurrió a presentar las firmas que acompañaban la inscripción de su nuevo lema.
- El 29 de noviembre los dirigentes del Club Peñarol, encabezados por su presidente Juan Pedro Damiani, se negaron a recibir preguntas de los periodistas que asistieron a la convocatoria realizada para dar su posición ante los incidentes que determinaron la suspensión del partido clásico, el domingo 27.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (5)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
- El 10 de febrero el periodista y funcionario de Antel Graziano Pascale inició juicio penal por difamación contra un medio escrito y un programa de televisión por denunciar su vínculo laboral con la Intendencia de Maldonado, donde trabaja como asesor del intendente Enrique Antía a través de un pase en comisión. Luego desistió de la demanda, pocos días antes de la primera audiencia.
- El 4 de agosto se conoció que el Sub Comisario Adrián Martín Olivera a cargo de la seccional policial 5a. de la ciudad de Dolores (Soriano) presentó una denuncia por difamación e injurias contra varios periodistas que informaron sobre un juicio que enfrentaba a raíz de una acusación por presuntas irregularidades cometidas en la comisión de colaboración policial.
- El 31 de octubre el periodista Gabriel Monteagudo del semanario el Eco de la ciudad de Carmelo fue citado a declarar ante la justicia penal por una demanda por difamación e injurias presentada por el presidente del Comité Departamental de Emergencias Luis Garat. El funcionario se sintió agraviado por las críticas que el periodista realizó en su medio y en su perfil de la red social Facebook por las dificultades para acceder a declaraciones de Garat ante hechos de interés público que tienen que ver con su tarea. La audiencia se postergó para el próximo 20 de diciembre.
- El 17 de noviembre el humorista sanducero Andrés Irazoqui fue notificado de inicio de una demanda penal por difamación e injurias por parte de la diputada suplente del Partido Nacional Patricia Vázquez. La denuncia se sintió agraviada por una columna de humor que Irazoqui publicó en su página de la red social Facebook, en la que hacía comentarios satíricos sobre la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Paysandú.
- El 22 de noviembre el matutino La Diaria recibió una carta del comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, amenazando con iniciar “acciones” luego de haberse sentido agraviado por la publicación de la columna de humor “El Faro del fin del mundo”. En la carta firmada por el comandante Alonso se acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces” e intima al medio a aportar las pruebas de sus afirmaciones.
CATEGORIA: Hostigamiento físico (4)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de agresiones directas que pongan en riesgo la integridad física
- El 10 de enero de 2016 el periodista Enrique Lecaille fue amedrentado e insultado por hinchas y dirigentes de un club de básquetbol por tomar fotografías de un grupo de parciales que realizaban incidentes durante un partido entre Bella Vista de Dolores y Anastasia de Fray Bentos.
- El 12 de junio el periodista de Canal 12 Diego Castro fue amenazado por parciales de Peñarol que festejaban el campeonato obtenido ese día. Varias personas le impidieron realizar la cobertura de los festejos y además lo amenazaron para que no mostrara cómo vandalizaban varios comercios y cometían robos en el Centro.
- El 21 de junio la periodista del semanario Búsqueda María Paz Sartori fue insultada a los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorologia (Inumet), Gabriel Pisciottano, quien además intentó sacarla del lugar tomándola de un brazo.
- El 3 de julio el periodista del Canal 8 de Artigas Monty Suárez fue agredido por parciales del Club Wanderers de ese departamento que estaban molestos por los comentarios que realizó durante el partido jugado contra el club 18 de Julio de Paysandú.
CATEGORÍA: Censura (4)
DESCRIPCIÓN: medidas directas o indirectas adoptadas por autoridades públicas a fin de evitar la difusión de contenidos periodísticos y otros materiales considerados objetables. Entre los mecanismos de censura indirecta se encuentra el manejo arbitrario de la publicidad oficial
- El 5 de marzo de 2016 el Plenario Nacional del Frente Amplio emitió una declaración en la que acusó a los medios de comunicación de manera indiscriminada de “debilitar la institucionalidad democrática del país” al informar sobre la falta del título de licenciado del vicepresidente Raúl Sendic. Si bien no existió ninguna medida concreta contra medio alguno, la declaración de este tenor por parte del partido de gobierno implica una medida de censura indirecta por atribuir intenciones que pueden afectar las futuras coberturas sobre las autoridades del gobierno.
- El 8 de marzo miembros de la secretaría del vicepresidente Raúl Sendic llamaron a Radio Sarandí para pedir la grabación de un programa del periodista Gerardo Sotelo donde se había comentado el tema del título académico del funcionario. Si bien no existe ninguna violación legal, se considera –tanto para este monitoreo como para las relatorías especiales de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU- que un pedido de este tipo por parte de un asesor directo de un alto funcionario de gobierno hacia un periodista implica una presión indebida que puede tener la intención de ejercer una presión indirecta para incidir en el tono de las coberturas.
- El 10 de junio el periodista Dino Capelli denunció que el dirigente del Club Peñarol Ignacio Ruglio llamó al diario español Marca (medio para el que trabajaba como corresponsal) para que levantara una nota sobre el número de campeonatos ganados por los dos clubes grandes de Uruguay, argumentando que no era cierta. El periódico decidió levantar la nota escrita por Capelli y despedirlo.
- El 26 de noviembre la empresa Tenfield censuró la pancarta que los futbolistas desplegaron en los tres partidos televisados el fin de semana por la disputa del campeonato uruguayo especial. Los jugadores exhibieron previo al inicio del juego un cartel que decía “Por nuestro fútbol #MASUNIDOSQUENUNCA”, en referencia a la disputa que tienen con la empresa por sus derechos de imagen. El hecho se produjo durante los partidos que disputaron El Tanque y Torque el sábado por la mañana, Cerro y Rampla por la tarde y Defensor y Danubio por la noche pero los periodistas de la empresa lo ocultaron y le atribuyeron otra intención.
CATEGORIA: Amenazas (2)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia
- El 8 de marzo en el marco de una marcha realizada por el Día de la Mujer, un grupo de personas aprovechó la oportunidad para vandalizar vidrieras de la avenida 18 de Julio de Montevideo. Al notar que eran filmados por un integrante del equipo periodístico de Televisión Nacional (TNU), comenzaron a agredirlo verbalmente, lo empujaron y rompieron parte de su equipo.
- El 14 de junio el periodista Daniel García Poggi denunció las amenazas realizadas por la alcaldesa suplente de Ciudad del Plata Laura Colombo a través de mensajes de texto. García Poggi había publicado una nota en la revista Identidades de San José sobre la gestión en el Municipio.
Nov 24, 2016
El Centro de Acceso y Archivos a la Información Pública (CAinfo) en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR), con apoyo de UNESCO y Open Society Justice Initiative (OSJI), realizaron este miércoles 16 de noviembre el seminario “Regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en Uruguay. Avances y mejoras necesarias a 8 años de la vigencia de la ley 18.381”.
La actividad, desarrollada mañana en el edificio Edificio Mercosur (Luis Piera 1992), tuvo como objetivo analizar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en el país, los avances y los desafíos planteados, así como la discusión de posibles mejoras al marco regulatorio.
La apertura estuvo a cargo de José Imaz, integrante del consejo directivo de CAinfo; Mariana Mas, Oficial de Programa de OSJI; Rafael Rafael Sanseviero, representante de FESUR; y Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Edison Lanza destacó que la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales de la democracia. Además se refirió a la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2008: “Hay un antes y un después en los uruguayos después del surgimiento de la ley. Había críticas y temores. Sin embargo, el acceso se estableció como una regla de juego para las personas y organizaciones”.
Sin embargo, tras ocho años de vigencia de la normativa, “a la hora de solicitar la información hay problemas y por eso se deben buscar reformas que den lugar al mejoramiento de la ley”, advirtió..
Lanza brindó datos de Rule of Law Index que posicionan al marco jurídico de acceso a la información pública uruguayo en el puesto 46 de 103. Este dato, según Lanza, da cuenta de que la ley uruguaya cumple con algunos estándares de calidad, pero no con todos.
Finalmente, relator de libertad de expresión presentó una serie de puntos en los que el país debería avanzar para fortalecer la transparencia y el acceso a la información:
- Crear un Sistema Nacional de Transparencia
- Fortalecer la posición e Independencia del Órgano Garante (Unidad de Acceso a la Información Pública).
- Establecer un régimen de sanciones claro y efectivo ante los incumplimientos a la ley
- Ampliar los sujetos obligados por la normativa
- Definir excepciones y revisar secretos
- Capacitar a todo nivel para que se conozca la normativa.
Tras la exposición del Relator Edison Lanza, tuvo lugar la exposición “Acceso a la información pública en Uruguay, avances y desafíos”. Participaron Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, Tania da Rosa de CAinfo y Gabriel Delpiazzo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
Fabrizio Scrollini definió la política de acceso de información pública de Uruguay como “en tensión”, puesto que se observan niveles bajos de publicación proactiva de la información y niveles medios o bajos de autonomía y capacidad del órgano garante.
En función de este diagnóstico, Scrollini consideró que se deben establecer mayores recursos y potestades para la UAIP que aseguren el cumplimiento efectivo de las decisiones tomadas. Por último, Scrollini consideró que se debe ampliar los organismos que están alcanzados por la normativa.
Tania Da Rosa, quien habló en representación de CAinfo, sostuvo que en su momento la aprobación de la normativa significó un importante avance, pero que sin embargo, hoy en día a normativa está por debajo de los estándares internacionales. Consideró que la ley es incumplida aún de manera extendida por los organismos públicos y citó como ejemplo el último informe del Índice de Transparencia Activa en Línea, que señala que los organismos cumplen en promedio un 45% de las obligaciones legales que tienen en materia de transparencia activa.
Da Rosa apuntó una serie de modificaciones que CAinfo considera debería hacerse a la normativa para mejorar. Al igual que los oradores anteriores, coincidió en la necesidad de ampliar los sujetos obligados por la ley y para ello tomar como referencia la ley modelo interamericana de la OEA.
También valoró que se debe revisar el régimen de excepciones que tiene la ley, como por ejemplo la prevista en el artículo 10 en relación a la cláusulas contractuales de confidencialidad.
Da Rosa consideró que un aspecto importante a contemplar en una eventual reforma de la ley es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del órgano de control creado por la norma, la UAIP. Señaló que en esa línea es importante considerar dos elementos: por un lado, robustecer las atribuciones de la UAIP para el control y la aplicación de sanciones; por otro, robustecer el diseño institucional y adecuarlo a los estándares internacionales.
Consideró que la ubicación institucional actual de la UAIP (como desconcentrado de un organismo en la órbita la presidencia de la República), no es la más adecuada, por lo cual si bien el organismo ha venido actuando con autonomía técnica, se debería pensar en fortalecer su autonomía funcional y presupuestal. Da Rosa dijo que una posibilidad es avanzar hacia la creación de otro tipo de organismo, como por ejemplo un servicio descentralizado (para lo cual habría que asegurar presupuesto adecuado para generar una institucionalidad acorde) y un paso intermedio es mejorar el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Unidad, de manera que sea un proceso participativo, transparente y con venia parlamentaria.
Por último, valoró como positivo que muchos de estos aspectos se vienen discutiendo en el Consejo Consultivo de la UAIP de cara a una futura reforma de la ley.
El encargado de cerrar la sesión fue el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dr. Gabriel Delpiazzo.
Delpiazzo sostuvo que la aprobación de la ley significó un importante avance. Consideró que en estos últimos años mejoraron muchos aspectos que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, y señaló como ejemplo que finalmente, en la última ley de presupuesto, se haya establecido por ley que los ciudadanos pueden relacionarse con la administración por vía electrónica.
Delpiazzo coincidió y sostuvo que de cara a una revisión de la ley habría que revisar el régimen de excepciones, particularmente precisar las cláusulas de confidencialidad.
Respecto al alcance objetivo de la ley, el presidente de la UAIP consideró que la normativa debería alcanzar a sociedades anónimas que manejan fondos públicos y a empresas públicas de derecho privado.
Por último, Delpiazzo concordó en que es necesario mejorar las atribuciones de la Unidad de Acceso, y que esa discusión debería enmarcarse en un debate de cómo mejorar en general todos los organismos de control.
Posteriormente, se abrió una sesión espacio para analizar los distintos modelos de regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en la región.
Participaron Moisés Sánchez de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información , Yolli García, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México y Mariana Mas de Open Society Justice Initiative.
Moises Sánchez hizo una puesta a punto de las diversas realidades que presenta la región respecto al derecho de acceso a la información pública; con países como Panamá, Perú o México que sancionaron sus leyes de acceso en 2002, hasta Paraguay o Argentina que fueron los últimos que se sumaron al elenco de países que regularon por ley este derecho. A su vez, Sánchez valoró la importancia de algunos casos que sentaron jurisprudencia a nivel internacional, como el caso Claude Reyes vs. Chile.
La comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México, Yolli García, valoró la importancia que el derecho de acceso a la información pública tenga una protección legal, en tanto es “un derecho en sí mismo, pero a la vez es un instrumento de acceso a otros derechos”.
García hizo un repas
o de la situación del derecho en México, donde actualmente rige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada en 2015.
García destacó que esta ley crea un Sistema Nacional de Transparencia, dota de autonomía el órgano garante, amplía el número de sujetos obligados a sindicatos,
partidos políticos, establece un régimen claro de sanciones, entre otros puntos.
Sin embargo, la comisionada advirtió que todavía no fueron aprobadas otras dos leyes complementarias a la de transparencia: la de datos personales y de archivos.
Por su parte, Mariana Mas de Open Society Justice Initiative, hizo hincapié en las dificultades que se encuentran a nivel mundial cuando los ciudadanos tratan de acceder a la información que está relacionada con los temas de seguridad nacional
Mas señaló que una información pertenezca a seguridad pública no la hace automáticamente reservada. Asimismo, consideró que es necesario que primero los Estados definan claramente los alcances del concepto seguridad pública para luego establecer qué información es reservada.
Ligado a esto, Mariana Mas valoró que es tan importante trabajar en una correcta clasificación de información así como en una política de desclasificación. En ese sentido, recomendó establecer consultas periódicas para poder desclasificar aquella información que ya no amerite estar en carácter reservado.
Por último, se abrió un espacio donde parlamentarios y asesores políticos expusieron sobre el funcionamiento de la ley de acceso a la información pública y evaluaron posibles mejoras a la normativa.
Participaron el diputado Ope Pasquet por el Partido Colorado, el diputado Daniel Caggiani por el Frente Amplio y la asesora Mariela Demarco por el Partido Independiente.
Los tres coincidieron en la necesidad de establecer cambios a la ley de acceso a la información pública.
Ope Pasquet consideró que deberían revisarse las cláusulas de confidencialidad que se establecen en la ley y ampliarse el alcance de la normativa: “todas las entidades que reciben fondos públicos tienen que estar alcanzados por la ley”, señaló.
Por su parte, Daniel Caggiani y Mariela Demarco coincidieron en la necesidad de discutir mejoras al diseño institucional.
Nov 24, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifiesta su repudio a la amenaza que el comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Ramos, le realizó al matutino La Diaria ante la publicación de una columna de humor que lo menciona.
En la edición del día 16 de noviembre, en la sección humorística “El Faro del fin del mundo”, se publicó una nota titulada “Armada presentaría una ley que se adecue a las nuevas realidades: Dará impunidad a cualquier Oficial de la Marina que robe”.
El martes 22 un abogado de la Armada entregó en la redacción de La Diaria una carta firmada por el comandante Alonso en la que acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces”. “Resultan un insulto a la Institución Armada Nacional”, añadió el militar. Si bien el oficial menciona “el sesgo humorístico” del artículo publicado por el matutino, añade que eso no tiene nada que ver con “mentir o pretender mancillar el honor e integridad de las personas, sin ningún tipo de fundamento”.
“De contar usted con documentos o pruebas que demuestren lo manifestado en su mendaz artículo, desde el día que asumí el cargo del Comandante en Jefe de la Armada, lo intimo a presentarlas públicamente o ante el juzgado penal que corresponda”, escribe Alonso. Posteriormente advierte que se reserva el derecho de iniciar “acciones” si esto no sucede.
La carta enviada por el Comandante en Jefe de la Armada implica una amenaza grave a la libertad de expresión y recuerda los tiempos en que los militares ejercían el poder sin estar subordinados a autoridades civiles y democráticas.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que toda sociedad democrática, tal como señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión¹ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su artículo 1:
“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
La CIDH aclara que “El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole”, entre las cuales se incluyen las expresiones humorísticas o la sátira política.
La Comisión ha señalado que “la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático”. Además, la CIDH ha destacado que cuando las manifestaciones cuestionadas se refieren a hechos de interés público o de índole política “la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos” y aclara que “El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica”.
CAinfo incluirá este caso en su monitoreo anual de amenazas a la libertad de expresión que realiza junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya con el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y reclama una condena pública de esta amenaza por parte de los mandos superiores del comandante en Jefe de la Armada, como son el ministro de Defensa Nacional o el Presidente de la República.
Foto portada: La diaria / Federico Gutiérrez
1- Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2fls1iP)
Nov 22, 2016
El Centro de Acceso y Archivos a la información pública (CAinfo) y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) realizaron el lunes 14 de noviembre un conversatorio sobre Derechos Humanos en Internet.
Internet representa una herramienta fundamental para el ejercicio de los Derechos. Sin embargo, el desarrollo de políticas y regulaciones no siempre tiene en cuenta esta vital característica.
En la apertura del evento participaron Rafael Sanseviero de FESUR y Lucila Carbajal de CAinfo.
Rafael Sanseviero valoró la importancia del conversatorio en tanto da la posibilidad de “poner en debate lo que hoy son las tensiones de la democracia”, particularmente en el campo de Internet.
Sanseviero consideró que “es difícil identificar los balances de poder en Internet, puesto que es un debate que todavía no se ha consolidado”.
Por último, advirtió que “el proceso de reconocimiento de los derechos humanos siempre es posterior a los desbalances de poder. Por eso es importante ver dónde están las necesidades”.
La jornada contó con la exposición de tres expertos: Matías Jackson de CAinfo, Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE; y Fabricio ScrolliniScrolini de DATA Uruguay.
Matías Jackson valoró la importancia del encuentro en tanto es importante entender “cómo pensamos internet no solo desde el punto de vista del Estado sino de la sociedad civil”.
Jackson consideró que para empezar a entender el campo de los derechos humanos en internet es necesario hacer un mapeo del ecosistema que permita visualizar quiénes toman las decisiones: “La gobernanza de internet es importante para entender los mecanismos por los cuales se toman las decisiones”.
Jackson enumeró además una serie de principios sobre los que está diseñada internet (llamados “principios arquitectónicos”) y que marcan fuertemente cómo se juegan los derechos en la red. Estos son:
- Principio de Apertura: Internet se basa en una serie de estándares y protocolos que son transparentes.
- Principio de Acceso: cualquiera que tenga un dispositivo que pueda conectarse a internet puede formar parte de la red. “Basta la conexión a la red para que ese dispositivo pueda conversar con otras computadoras”, señaló Jackson.
- Principio de Redundancia: Internet es una red que no está centralizada en un solo lugar.
- Principio de Extremo a extremo: el emisario y el receptor, pero no la red, son los que toman las decisiones. De este último principio es que se deriva el concepto de Neutralidad en la red. Este concepto implica que los datos que circulan a través de la red deben moverse de manera imparcial, sin tener en cuenta el contenido, destino u origen.
Por su parte, Agustina Del Campo del CELE, se centró en el derecho de libertad de expresión en Internet. Del Campo recordó que este derecho tiene una dimensión social y otra individual, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que tiene un rol fundamental en la sociedad democrática.
Dentro del tema de libertad de expresión en Internet, Del Campo planteó la necesidad de debatir cómo se regula la remoción de contenidos. “Cuándo puede removerse contenidos, en qué circunstancias, quién lo determina, por cuánto tiempo”.
En este sentido, Agustina Del Campo planteó de se debe dar un debate acerca de la responsabilidad en Internet cuando algún derecho se ve violentado: “¿debe irse contra la persona que produjo el contenido, contra la persona que los tiene en línea, contra la persona que lo replicó o contra la persona que los indexa?”, se preguntó.
A modo de respuesta, Agustina del Campo consideró que hay que tener en cuenta los principios del sistema interamericano al momento de abordar estas cuestiones. En este sentido, el principio que tiene que regir es el de “responsabilidades ulteriores” y, además, “no se debe establecer una presunción de daño por la naturaleza del medio en el cual el daño se produce”.
Por último, Agustina del Campo recomendó pensar herramientas alternativas, como el derecho a rectificación y respuesta, para compensar los derechos de aquellas personas que puedan haberse visto vulneradas por determinadas expresiones. “Internet ofrece un medio como nunca antes había existido para ofrecer la réplica, la rectificación y la respuesta”, puntualizó.
Por su parte, Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, centró su exposición a la vigilancia de las comunicaciones en internet. Scrollini puntualizó que hay distintos tipos de espionaje: se realiza espionaje entre Estados, espionaje del sector privado, sobre la sociedad civil y vigilancia de comunicación en poblaciones, grupos e individuos.
Scrollini consideró que la vigilancia puede responder a una necesidad legítima del Estado de resguardar la seguridad, pero estas prácticas tienen que venir acompañadas de un marco claro y transparente
que dé garantías a los ciudadanos respecto a estos procedimientos y sus alcances.
