Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el día del Periodista, Cainfo, APU y la Coalición por una Comunicación Democrática saludan a todos los/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del país algunos temas que tienen directa vinculación con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresión.
Uruguay ocupa en este momento una posición destacada en materia de libertad de expresión, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los últimos años y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jurídico a los estándares interamericanos. Así resultó un impulso importante la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo aún queda planteado el reto de la adecuada implementación de algunas de estas disposiciones legales y la profundización de la regulación legal en la materia, de manera de garantizar que el país cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los estándares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, así como el fortalecimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condición privilegiada para ello.
A continuación planteamos algunas cuestiones que – a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa línea.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A casi dos años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementación como forma de dar certezas jurídicas. Para ello no sólo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicación Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá ser consultado en forma perceptiva para la elaboración del reglamento de la ley.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, expresó sobre este tema: “De unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, por lo que, “en este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte”. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementación de la ley.
Publicidad Oficial
Es un hecho alentador en materia de promoción y garantías de la libertad de expresión e información el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) con el objetivo de establecer criterios más transparentes y justos para la asignación de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permitió su tratamiento parlamentario.
Una ley de regulación de la publicidad oficial otorga garantías jurídicas y democráticas para que la distribución de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos públicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Actualmente el Proyecto está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobación constituiría un gran avance para la libertad de expresión e información para nuestro país.
Acceso a la información pública
La ley 18.381 que entró en vigor en octubre de 2008 reguló el derecho de acceso a la información pública de raigambre constitucional. La aprobación de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que contó el apoyo del sistema político. Sin embargo hoy a 8 años de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementación de la ley aún persisten obstáculos.
En los últimos años CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadanía acceder a información de interés público a través del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requirió ir a la justicia y/o al órgano de control, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los obstáculos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificación de información, así como a la incorrecta aplicación del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tardía de la información y/o de manera incompleta.
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y estándares legales para la clasificación de información y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la información sea aportada de manera clara, completa y oportuna.
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los estándares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la información en el país resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deberían apuntar a fortalecer el órgano de control previsto en la ley, ampliar la nómina de sujetos obligados y perfeccionar el régimen de excepciones entre otros asuntos.
Amenazas a la libertad de expresión de los periodistas
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesión. A pesar de ser uno de los países de la región con los mejores índices en este sentido, persisten en el país algunas prácticas que afectan el ejercicio periodístico.
Sólo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logró confirmar la existencia de 21 casos, la mayoría de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden señalarse mayoritariamente la obstrucción del trabajo periodístico por parte de autoridades de organismos públicos, pero también se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicación de información de interés público.
Desde que comenzó a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el período que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos más eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la población al acceso de una información veraz, oportuna y de calidad.
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y política en lo que resta de este período de gobierno.
CAINFO-COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA-APU
En el marco del Día Internacional del Saber que se celebra todos los 28 de setiembre, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública propone conocer una investigación realizada por tres estudiantes de periodismo de la Universidad ORT a partir de solicitudes de acceso a la Información Pública.
A través del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública las estudiantes pudieron conocer detalles sobre cómo se manejan los fondos para la cultura.
Vea el video:
DÍA DEL SABER
Este día comenzó a celebrarse en el año 2003 impulsado por los defensores del acceso a la información en todo el mundo, con el objetivo de recordar la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento esencial de la vida democrática.
Este año 2016, además, es de especial importancia porque se celebra el primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública.
El año pasado 2015, CAinfo difundió el testimonio periodistas y activistas que utilizaron la ley de acceso a la información pública para acceder a información de interés público. Repase aquí los vídeos:
Víctor Bacchetta del Movimiento por un Uruguay Sustentable, nos cuenta cómo a través de la ley de acceso a la información pública, el movimiento pudo conocer información ambiental del proyecto de megaminería Aratirí.
Richard Muiño explica cómo a través de la ley de acceso a la información pública se pudo conocer la situación de niños con discapacidad en centros educativos.
Nausícaa Palomeque, periodista del programa de radio No toquen nada (Océano FM), pudo conocer a través de la ley de acceso, que sólo uno de cada tres directores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) superó primaria.
Quince organizaciones sociales latinoamericanas se asociaron para crear la “Alianza por la Diversidad y el Pluralismo en la Comunicación” con el objetivo de promover la libertad de expresión en la región a partir de su preocupación por los elevados niveles de concentración mediática.
La Alianza, cuyo lanzamiento se realizó en el marco del “Encuentro Internacional: Libertad de Expresión y Concentración Mediática en América Latina”, está integrada por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y convergencia (OBSERVACOM) , Colegio de Periodistas de Chile, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Artículo 19 de Brasil, CAinfo (Centro de Acceso a Archivos y Acceso a la Información) de Uruguay, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Intervozes– Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS) de Guatemala, Civitas de Guatemala, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES Paraguay, Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa de Costa Rica (RedMica), Foro por el Derecho a la Comunicación de Perú y Artículo 19 para México y Centroamérica.
La declaración fundacional de la Alianza por la Diversidad y Pluralismo establece 6 puntos centrales: en primer lugar, el rol de los Estados para garantizar y proteger la libertad de expresión; el reconocimiento de la fuerte concentración de medios en manos de grupos privados; la demanda a los Estados para ajustar sus marcos regulatorios e implementar planes y políticas públicas activas para garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, así como también medidas concretas para garantizar que los medios de gestión estatal funcionen como medios públicos y no como medios al servicio del gobierno de turno.
La declaración también hace referencia al proceso de convergencia y a la transición digital como oportunidad para asegurar la diversidad de voces y equilibrar los regímenes de propiedad entre el sector privado, comercial y social-comunitario. Por último, las organizaciones piden a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas que emitan estándares y recomendaciones sobre libertad de expresión y concentración mediática.
La presentación pública de la Alianza es la culminación de un proceso iniciado en noviembre de 2015 en Bogotá (Colombia), que tiene por objetivo unir esfuerzos de la sociedad civil para enfrentar la problemática que representan los monopolios, oligopolios y otras formas de concentración indebida en los medios de comunicación y su impacto negativo en el periodismo independiente, la diversidad y el pluralismo de informaciones e ideas y, en general, en el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información.
Son partícipes de la actividad destacados invitados nacionales e internacionales que presentan resultados de investigaciones sobre concentración de medios en distintos países y su impacto en la libertad de expresión. Por su parte, OBSERVACOM expone dos estudios: uno sobre concentración mediática en América Latina, y otro, sobre diversidad y transición de la TV digital en América Latina.
En el marco del encuentro, también se realiza el lanzamiento público de la “Alianza por la Diversidad y el Pluralismo”, una coordinación de organizaciones sociales de la región que trabajan por la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios de comunicación.
Esta presentación pública de la Alianza es la culminación de un proceso iniciado en noviembre de 2015 en Bogotá que tiene por objetivo unir esfuerzos de la sociedad civil para enfrentar la problemática que representan los monopolios, oligopolios y otras formas de concentración indebida en los medios de comunicación y su impacto negativo en el periodismo independiente, la diversidad y el pluralismo de informaciones e ideas y, en general, en el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información.
Las organizaciones sociales que participan del Encuentro son Intervozes de Brasil, el Colegio de Periodistas de Chile, AMEDI de México, Foro de Comunicación de Perú, Art 19 de Brasil, Art 19 de Centroamérica y México, VOCES de Paraguay, la organización regional Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), DEMOS de Guatemala, Comunicándonos de El Salvador, CAinfo de Uruguay, Redmica de Costa Rica y OBSERVACOM. También participan de la Alianza la organización Civitas de Guatemala y la Fundación por la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.
Aleida Calleja, Coordinadora de Advocacy de OBSERVACOM, señaló que “como Observatorio quisimos realizar esta iniciativa en Chile porque hay un proceso de discusión importante respecto de la TV digital y los procesos de concentración. Además se hace paralelamente el encuentro de la PRAI (Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica) y creemos que es un buen momento para impulsar el diálogo entre reguladores del audiovisual y sociedad civil”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, manifestó que “para nosotros es importante este evento, pues ilustra la manera en que hemos venido trabajando articuladamente con otras organizaciones de América Latina. A este espacio vienen 15 invitados internacionales que representan a defensores de la libertad de expresión, a centros de estudios o articulaciones de periodistas o comunicadores sociales de distintos rincones de nuestro continente que, junto a nosotros, han levantado la bandera del derecho a la comunicación y libre expresión como garantías colectivas, que requieren de una regulación que no solo favorezca a unos pocos, sino a todos los ciudadanos de nuestros países”.
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Chile, las jornadas se completan con un “Conversatorio sobre concentración de medios y su impacto en la libertad de expresión”, con expertos nacionales y representantes de organizaciones sociales y universidades chilenas, con el objetivo de intercambiar informaciones y experiencias sobre este tema. Este evento se realizará el 6 de octubre en la mañana en la sede de la Fundación.
Estas iniciativas forman parte de las acciones que OBSERVACOM viene realizando para impulsar el debate en la región sobre el impacto de la concentración mediática en la libertad de expresión y el periodismo independiente.
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un un taller sobre Acceso a la información pública y gobierno abierto dirigido a jerarcas de los gobiernos departamentales.
El taller “Acceso a la información pública: herramientas para el desarrollo” se realizó el pasado lunes 26 de setiembre en el Centro de Formación de la Cooperación Española.
La actividad contó con más de 40 participantes, entre representantes de las distintas intendencias departamentales, así como otros jerarcas del gobierno, representantes de la academia y sociedad civil.
Acceso a la información pública: Avances y retos para fortalecer la implementación de la ley
La jornada se dividió en tres sesiones diferentes. La primera sesión propuso un análisis sobre avances y retos existentes para fortalecer la implementación de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública.
Participaron de la mesa el Dr. Gabriel Delpiazzo (Unidad de Acceso a la Información Pública), Dr. Martín Prats (CAinfo), Cecilia Rossel (Universidad Católica del Uruguay) y Pedro Cribari (Delegado de la Red de Gobierno Abierto). Moderó Tania da Rosa de CAinfo.
Delpiazzo hizo un balance positivo de la ley y sostuvo que en los últimos años creció el número de solicitudes de acceso a la información pública realizadas y que los organismos han ido designando paulatinamente referentes en materia de transparencia. “Hoy son 244 los referentes para promover relacionamiento directo con la ciudadanía», señaló.
La mesa prosiguió con un análisis de los participantes obstáculos que se presentan actualmente para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Allí se mencionó la necesidad de discutir aspectos como ampliar el alcance objetivo de la ley (actualmente las empresas públicas que funcionan en el derecho privado no están alcanzadas por la normativa), mejorar la política en materia de archivos, dotar de mayores potestades a la UAIP (el organismo encargado de hacer cumplir la normativa), la necesidad de precisar las cláusulas que establecen qué información es reservada, entre otros aspectos.
Transparencia Activa en Línea
La segunda sesión tuvo como objetivo promover la reflexión crítica en torno al estado de situación en materia de transparencia activa de los gobiernos departamentales a partir de los resultados arrojados por el último Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL).
El ITAeL es un instrumento elaborado por CAinfo e implementado junto a la Universidad Católica del Uruguay que busca medir el nivel de provisión de información de los organismos públicos en sus páginas web a partir de las obligaciones de transparencia activa que plantea la ley de acceso a la información pública.
Javier Pérez Seveso, coordinador del Índice por CAinfo sostuvo que promedio de cumplimiento de las Intendencias de las obligaciones legales de transparencia activa alcanzó un 39% en promedio. Este porcentaje, si bien significa un avance respecto a los años anteriores, se sigue considerando de nivel “bajo” según las categorías que establece el ITAeL.
La jornada prosigió con la exposición de representantes de las Intendencias de Canelones y Durazno que sobre buenas prácticas en materia de Transparencia Activa.
Por Canelones estuvieron Laura Monzo y Luciana Cabrera (Equipo de Planificación Estratégica de la Intendencia de Canelones) y por Tacuarembó expuso Raúl Vázquez (Equipo asesor de Gobierno Electrónico de la Intendencia de Tacuarembó).
Tras la presentación de los gobiernos departamentales, Paula Veronelli del PNUD y Matías Ponce de la Universidad Católica fueron los encargados de realizar comentarios.
Veronelli destacó que “si bien las realidades a nivel de los gobiernos subnacionales son diversas, conocer los aprendizajes y buenas prácticas de dos Intendencias, entendiendo los procesos que favorecieron su avance, pueden construir nuevas experiencias en las demás”,
Matías Ponce valoró la importancia de la mesa en el entendido que “la transparencia activa y pasiva se retroalimentan” y reflexionó sobre la necesidad discutir a futuro por qué los organismos que están más cerca de la gente como los gobiernos departamentales son los que están más comprometidos en materia de transparencia activa
La segunda sesión fue facilitada por la Directora Ejecutiva de CAinfo, Lucila Carbajal.
Proceso de Gobierno Abierto en Uruguay
En la última instancia de la jornada se desarrolló un conversatorio con el objetivo de realizar un análisis y reflexión crítica en torno al concepto de Gobierno Abierto y sus implicancias políticas, con énfasis en la gestión departamental. El primer módulo contó con la participación de Virginia Pardo (AGESIC), Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer / RGA), Analía Berttoni (ICD) y Cristina Zurbriggen (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR).
Los expositores se centraron en comentar cómo se dio en Uruguay el proceso de gobierno abierto (que comenzó a partir de 2012 con el ingreso de nuestro país a la Alianza de Gobierno Abierto) y cómo se trabajó en conjunto desde AGESIC, sociedad civil y academia para generar compromisos en pilares de Transparencia, Participación y Colaboración.
Los participantes valoraron la importancia del proceso de consolidación del 3er. Plan Nacional de Gobierno Abierto que se viene discutiendo, donde se establecen unos 75 compromisos asumidos por 38 organismos estatales, con 271 metas específicas.
Por último, Juan Prada (de la Intendencia de Montevideo) y Juan Carlos Sandín (de la Intendencia de Rivera) expusieron experiencias en materia de gobierno abierto desarrolladas en sus gobiernos departamentales.
