Sep 30, 2016
El viernes 30 de setiembre a la hora 19 se realizará un Seminario Taller para estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de Universidad de la República en el salón 26 del edificio central en Av. 18 de Julio.
En la jornada, especialistas en temas de libertad de expresión y libertad de información expondrán sobre los avances legislativos que hubo en el Uruguay en los últimos años sobre estas materias, analizando las distintas leyes y novedades de jurisprudencia a la luz de los estándares internacionales.
Además, se presentará el sitio Centro de Acceso, una base de datos que centraliza y mejora la divulgación de documentos relativos a la Libertad de Expresión y Prensa, Radiodifusión, Internet y Acceso a la Información Pública.El sitio funcionará como herramienta para el estudio y la actualización permanente en estos temas tanto a nivel de grado y postgrado de la Facultad de Derecho.
El taller contará con la participación de Edison Lanza, relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El taller se enmarca en las actividades desarrolladas por CAinfo por el primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública, que se celebró este 28 de setiembre.
El día tiene como objetivo de recordar la importancia del derecho de acceso a la información pública como elemento esencial de la vida democrática.
Durante esta semana, CAinfo organizó junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un taller sobre gobierno abierto y transparencia dirigido a gobiernos departamentales; y participó de la nueva edición del informe Saber Más de la Alianza Regional por la Libre Expresión.
Sep 29, 2016
En el marco del primer Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información lanzó la edición #SaberMás2016 «Una década de Acceso a la Información en Las Américas».
El informe contiene una análisis sobre el estado actual del derecho de acceso a la información pública y sus principales obstáculos en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
Vea el informe.
Sep 23, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes un conjunto de propuestas para mejorar el proyecto de ley sobre producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial.
El documento presentado a los legisladores recoge los principales comentarios y aportes de las numerosas audiencias que ha mantenido la Comisión con diferentes actores involucrados, a partir de lo cual sugiere al Parlamento mantener varios aspectos claves del proyecto presentado por CAinfo que han recibido fuerte respaldo social y empresarial, así como cambios a algunos artículos que recibieron observaciones críticas.
En opinión de CAinfo, surgen importantes acuerdos fundamentales, comenzando por compartir que estamos ante un problema de larga data en nuestro país que es necesario encauzar y resolver mediante una regulación legal específica, y que el actual proyecto de ley a estudio de la Comisión establece “reglas claras y precisas que permiten garantizar una mayor transparencia y evitar la discrecional en la asignación de la publicidad oficial”.
Asimismo, en las audiencias se destacó como positivo aspectos como el alcance en la definición de publicidad oficial, las limitaciones que se establecen en periodo electoral, la asignación de la pauta mediante criterios técnicos y no políticos, la exigencia de un piso mínimo para campañas que lleguen a todo el país mediante los medios instalados en el interior del mismo, entre otros.
Dentro de los aspectos que entiende deberían ser modificados o mejorados se propone cuidar las autonomías que garantiza la Constitución a los gobiernos departamentales. En ese sentido, CAinfo entiende que si bien la ley puede establecer criterios y principios generales para todos los organismos públicos, podría ser inconstitucional «definir procedimientos específicos o gastos que violen las autonomías departamentales».
Por otro lado, CAinfo entiende que las disposiciones que el proyecto de ley establece en su articulo 7 sobre transparencia en el mercado «deben alcanzar tanto a organismos públicos, como a las emisoras, prensa y otros soportes de comunicación, así como a las agencias de publicidad, centrales de medios y otros intermediarios que son claves en el proceso de otorgamiento de publicidad oficial», y comparte que sería mejor no crear nuevos organismos públicos para la aplicación de la ley, sino asignar “competencias diferenciadas de control y asesoramiento a organismos ya existentes”.
Además, CAinfo entiende necesario que se incluya a texto expreso que los medios comunitarios no podrán ser discriminados ni excluidos en la asignación de publicidad oficial, tanto en lo que tiene que ver con la distribución como con los fondos públicos creados para la promoción de la diversidad de medios de comunicación, los cuales deberían ser asignados en partes iguales a medios comerciales y comunitarios.
Vea el documento presentado a legisladores.
Sep 16, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).
El texto firmado el 29 de agosto de 2016 establece la posibilidad de que estudiantes de la Licenciatura de Relaciones realicen pasantías curriculares en CAinfo y por otra parte, que la Facultad de Derecho se encargue de actualizar el sitio Centro de Acceso.
El Centro de Acceso es una iniciativa de CAinfo con el apoyo de UNESCO, se trata de una base de datos que se encarga de centralizar y mejorar la divulgación de documentos relativos a la Libertad de Expresión y Prensa, Radiodifusión, Internet y Acceso a la Información Pública.
En la puesta a punto del convenio estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Gonzalo Uriarte, el presidente de CAinfo, Dr. Martín Prats y la coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Lic. Daniella Repetto.
Sep 7, 2016
El Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD por su sigla en inglés), emitió un conjunto de recomendaciones al Estado uruguayo en el marco de la revisión sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proceso de revisión por parte del CRPD tuvo lugar el pasado 15 y 16 de agosto en Ginebra, Suiza.
El comité consideró positiva la ratificación por parte del Estado uruguayo del Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas con Discapacidad Visual. Asimismo, el comité consideró positiva la sanción de la Ley 18651, “que constituye un nuevo paso hacia el establecimiento de un sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad”, señala el CRPD.
En tanto, el Comité de ONU estableció áreas de preocupación y recomendaciones para el estado uruguayo, concentradas en 68 puntos, entre las que destacan:
- La terminología peyorativa y disposiciones que no están armonizadas con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos establecido en la Convención y que aún se mantiene en la legislación, políticas y programas públicos. Recomienda que el Estado parte adopte un plan para la revisión, derogación, reforma y/o adopción de políticas y legislación, incluyendo la Constitución, a fin de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
- El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para revisar la definición legal de discapacidad con el objetivo de armonizarla con los principios y artículos de la Convención y, subsecuentemente, para establecer un sistema de certificación única de la discapacidad que refleje un modelo basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad.
- Al Comité le preocupa que no haya suficientes consultas con personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, a la hora de la adopción de políticas y programas que les afectan. Recomienda al Estado parte que adopte un mecanismo de consultas permanentes a personas con discapacidad a través de sus organizaciones.
Respecto a Igualdad y no discriminación:
- Al Comité le preocupa que la legislación del Estado parte no incluya la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación contra las personas con discapacidad, la ausencia de políticas que combatan la discriminación múltiple e interseccional, y que no existan mecanismos accesibles para denunciar los casos de discriminación por motivo de discapacidad, ni mecanismos de reparación. Recomienda al Estado parte que reconozca en su legislación la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación por motivo de discapacidad en todos los ámbitos de participación y que la sancione. Asimismo le recomienda que incluya las formas múltiples e interseccionales de discriminación en su legislación antidiscriminación. También le recomienda que adopte medidas que garanticen métodos accesibles para la denuncia de actos de discriminación por motivo de discapacidad, así como mecanismos de reparación.
Respecto a la recopilación de datos y estadísticas:
- Preocupa al Comité la ausencia de datos e información desglosados y comparables sobre las personas con discapacidad en el Estado parte en todos los sectores, así como la falta de indicadores de derechos humanos en los datos disponibles. Preocupa también al Comité la ausencia de temas de género, infancia y violencia en los datos estadísticos.
- El Comité recomienda al Estado parte que fortalezca la recopilación sistemática, el análisis y la difusión de datos desglosados comparables sobre las personas con discapacidad en todos los sectores. También recomienda que, en cooperación con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, desarrolle un sistema de indicadores basado en los derechos humanos.
- El Comité recomienda al Estado parte que en estrecha colaboración con las organizaciones de las personas con discapacidad, adopte una política de cooperación internacional armonizada con la Convención, y que introduzca de forma transversal los derechos de las personas con discapacidad en la aplicación y seguimiento nacional de la Agenda 2030, consultando a las organizaciones de personas con discapacidad.
Sobre accesibilidad:
- De conformidad con la observación general número 2 del Comité (2014) sobre accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que implemente un plan de acción para aplicar la accesibilidad en el transporte, el entorno físico, la información y la comunicación, conforme al concepto de diseño universal para proporcionar transporte accesible, urbanización inclusiva con planificación y gestión participativa, y acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Sobre Libertad de Expresión:
- El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la normativa relevante y que transmita, en modos, medios y formatos de comunicación accesibles, toda información pública destinada a la población en general.
Sobre Educación:
- El Comité recomienda al Estado parte que implemente un plan con una hoja de ruta para una transición hacia la educación inclusiva de calidad, a todo nivel hasta el superior, capacitando a docentes y disponiendo de los apoyos y recursos necesarios, y en particular que se tome en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Le recomienda también que desarrolle e integre los derechos de las personas con discapacidad como elemento obligatorio en la formación de docentes y adoptar una política de no rechazo para la admisión de estudiantes con discapacidad. El Comité también le recomienda que lleve a cabo campañas de toma de conciencia dirigidas a la sociedad en general, las escuelas y las familias de personas con discapacidad, con el fin de promover la educación inclusiva y de calidad.
Vea el documento completo con recomendaciones aquí.
