May 3, 2016
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta en el Día mundial de la Libertad de Prensa, el informe ARTÍCULO XIII “Control Estatal de las Redes Sociales”, cuarta versión de esta colección que se inició en 2013. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones miembros de la Alianza Regional para mostrar el estado actual de la libertad de expresión en las Américas.
El tema de este informe fue seleccionado por las mismas organizaciones, que consideraron de la máxima importancia comenzar a dar visibilidad y constatar como un fenómeno que se esta expandiendo a nivel regional, a las nuevas modalidades de control ilegítimos que ejerce el Estado sobre la opinión de medios, periodistas y ciudadanos en las redes sociales. Los capítulos por país fueron desarrollados por cada uno de los miembros que integran la Alianza Regional, y en ellos se encontrará la información y puntos de vista que consideraron relevante para la comprensión de su problemática local.
ARTICULO XIII tiene por objetivo informar sobre el estado de situación en materia de control estatal de las redes sociales, a fin de contribuir con el desarrollo de análisis y reflexiones sobre esta materia, aportando insumos para el debate regional.
Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información trabajamos para fortalecer el derecho de libertad de expresión, teniendo en cuenta el valor de los aportes de la sociedad civil en todos los procesos que se generan en los Estados, tanto en la discusión de políticas públicas como en su implementación.
Consulte el informe aquí http://bit.ly/1rQZOWx
Las organizaciones miembros que participaron de la elaboración de este informe son:
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Artigo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) – Uruguay
Comité por la Libre Expresión (C-libre) – Honduras
Espacio Público – Venezuela
Fundación Democracia sin Fronteras – Honduras
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) – El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
Fundar. Centro de Análisis e Investigación – México
Fundación Pro Acceso – Chile
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay*
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Transparencia por Colombia – Colombia
Transparencia Venezuela – Venezuela
May 3, 2016
Casos de obstrucción al trabajo periodístico fueron mayoría en el último año
Según la definición de una de las categorías incluidas en el informe, la obstrucción del trabajo periodístico implica la “adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas”.
Si bien no ha sido una práctica generalizada, en el último año se constataron 10 casos
–tanto en ámbitos públicos como privados- donde se produjeron hechos que se encuadran en esta categoría e implican una limitante a la libertad de expresión. Así por ejemplo han sido numerosos los casos en los que autoridades nacionales convocaron a los periodistas a conferencias de prensa pero no se aceptaron preguntas.
Se registró, además, un caso en el que directamente no se convocó a la prensa para una actividad pública de un organismo del Estado como Ancap, envuelto en medio de una polémica por su funcionamiento.
Además se pudo constatar durante la campaña electoral para las intendencias departamentales la utilización de lo que se conoce como “tráficos”, es decir “autoentrevistas” a los candidatos que son enviadas a los medios de comunicación con la intención de hacerla aparecer como una entrevista periodística, cuando en realidad de este modo se anula la posibilidad de los periodistas de hacer preguntas sobre otros temas de la agenda informativa.
Comparecer ante los medios de comunicación implica necesariamente estar abierto a las preguntas de los periodistas a fin de recibir las consultas y dudas que se generan con una determinada temática. Negarse a contestar preguntas o difundir materiales ya elaborados con el objetivo de hacerlos pasar como entrevistas impiden el normal desarrollo del trabajo periodístico y disminuye la calidad de la información que recibe la población por parte de los medios de comunicación.
No se aceptan preguntas
En el último año en Uruguay se registraron varios casos en los que los periodistas fueron convocados pero no se habilitaron preguntas o se limitaron las consultas a realizar. A modo de ejemplo mencionaremos algunos de ellos (la descripción de todos los casos se encuentra disponible en el informe completo).
El 6 de julio de 2015, el presidente Tabaré Vázquez encabezó una conferencia de prensa junto a varios ministros. En ella el mandatario informó sobre la firma de un
acuerdo comercial y de cooperación con Venezuela. Antes de comenzar con su intervención, Vázquez aclaró que en la conferencia de prensa se iba a referir solamente a ese tema.
“Los periodistas tuvieron limitadas la cantidad de preguntas para realizar, y los medios que tuvieron la oportunidad no consultaron a Vázquez sobre la polémica”, informó el diario “El Observador”. Por esos días se había desatado una polémica en torno a la decisión del gobierno de suspender la construcción del Antel Arena.
En el ámbito judicial también se registró un incidente de obstrucción del trabajo periodístico. El hecho ocurrió el lunes 19 de octubre en la sede del Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno. Allí se realizaba una audiencia en el marco de la indagatoria contra el general (r) Wille Purtscher por las amenazas realizadas contra los jueces y fiscales que intervinieron en el proceso penal que culminó con la condena del general Miguel Dalmao.
En la ocasión se encontraban presentes periodistas de distintos medios de comunicación que se vieron impedidos por los magistrados de asistir a la audiencia, a pesar de que el espacio dentro de la sala era suficiente para permanecer dentro de ella. Es importante señalar que el juicio tenía lugar por la ley de prensa, por lo que se trataba de una audiencia oral y pública.
El 22 de diciembre de 2015 tuvo lugar otro episodio en el que los periodistas se vieron impedidos de realizar preguntas. Fue en la Intendencia de Montevideo, durante una conferencia de prensa convocada por el intendente de Daniel Martínez y el dirigente del Partido de la Concertación Edgardo Novick. En la ocasión se dieron detalles del acuerdo alcanzado por ambas partes para votar en la Junta Departamental de Montevideo el Fondo Capital para la realización de obras en la ciudad. Tras la comparecencia de Martínez y Novick se informó que no se aceptarían preguntas de los periodistas.
El 7 de enero de 2016, el presidente Vázquez recibió a su par de Argentina, Mauricio Macri, en la estancia de Anchorena, Colonia. La prensa fue convocada a la actividad y desde Presidencia se informó a los periodistas que tendrían posibilidad de realizar cuatro preguntas, dos por cada país. Sin embargo, llegado el momento de la conferencia, se anunció nuevamente que no se recibirían preguntas.
El 12 de febrero el ex intendente de Paysandú por el Partido Nacional, Bertil Bentos, se negó a responder preguntas de la prensa durante una conferencia de prensa que convocó para hablar de la auditoría ordenada por el actual intendente Guillermo Caraballo sobre la pasada administración. Luego de leer una declaración escrita en la que dio su posición sobre la investigación dispuesta por el intendente se negó a contestar interrogantes de los periodistas.
El 25 de febrero de 2016, Vázquez se reunió con su par de Francia, François Hollande en la residencia de Suárez y Reyes en Montevideo. Tras la reunión, los mandatarios hicieron una exposición ante los medios de comunicación pero no se aceptaron preguntas.
El 14 de marzo de 2016, asumió el nuevo directorio de Ancap. Para esta actividad no fue convocada la prensa, por lo que en la ceremonia solamente estuvieron presentes los invoucrados, y los discursos realizados en la asunción fueron divulgados por el sitio web de la Presidencia de la República.
Otro hecho que tuvo relevancia pública –aunque esta vez en el ámbito privado- fue la decisión de la empresa Tenfield de impedir el acceso a periodistas del Canal 4 al partido inaugural del estadio del Club Peñarol. El hecho fue denunciado por el periodista Mario Bardanca, quien atribuyó la decisión de la empresa (poseedora de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo y de la transmisión de dicho partido) a un conflicto privado entre el mencionado canal y Tenfield. Con esta decisión se perjudicó a los televidentes del Canal 4 que se vieron impedidos de ver las imágenes del mencionado encuentro que había suscitado expectativa en la opinión pública.
También desde el ámbito privado el 8 de marzo se produjo una agresión contra un camarógrafo de Televisión Nacional (TNU) por parte de manifestantes que participaban de una movilización por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que trataron de impedir que el periodista registrara el momento en que se rompían vidrieras de los comercios de la zona.
Mientras se dieron estos hechos, que constituyen formas de obstrucción del trabajo periodístico, es importante señalar la actitud de la Suprema Corte de Justicia que desde la asunción de su actual presidente Ricardo Pérez Manrique ha establecido encuentros periódicos con los periodistas con agenda abierta para realizar las preguntas. Se considera que esta práctica debería servir de ejemplo para el resto de los organismos públicos y funcionarios públicos, así como los dirigentes políticos, que por estar involucrados en temas de interés para toda la sociedad deben estar abiertos al requerimiento de los periodistas, intermediarios naturales entre la actividad pública y la población.
Vea el Segundo Informe de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión
