Varias organizaciones sociales presentaron un documento a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el que cuestionan los argumentos de la empresa Tenfield acerca de la transmisión de los partidos de la selección uruguaya de fútbol con las selecciones de Bolivia y Colombia. Los encuentros no fueron televisados en canales abiertos, tal como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Después del partido entre Uruguay y Bolivia, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) habían denunciado a Tenfield por cometer una “infracción grave” ante la INDDHH, el organismo que transitoriamente se encarga de velar por el cumplimiento de la LSCA, hasta tanto no se cree el Consejo de Comunicación Audiovisual, como indica la norma. El organismo emitió una “medida provisional urgente” el 13 de octubre, día en que la selección enfrentaba a Colombia en el Centenario.
El mismo día, la empresa alegaría ante la INDDHH por qué los partidos no se transmitieron por televisión abierta. Argumentaron que estaba cuestionada la constitucionalidad de la norma, que no se le dio vista para formular sus descargos sobre la ley, que los artículos no están reglamentados y que la medida le ocasionaría un daño irreparable a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que cambiaría la ecuación económica del negocio.
La respuesta de Tenfield fue duramente criticada por las organizaciones denunciantes. En un nuevo recurso sostienen que no existe “norma alguna que disponga que una Ley que está siendo accionada de inconstitucionalidad, parcial o totalmente, no pueda ser aplicada”. También resaltan que “ni el Poder Ejecutivo ni ningún otro órgano del Estado tienen la obligación de conferir vista” previa en esa hipótesis.
Además, las organizaciones resaltan que “a diferencia de lo que argumenta la empresa, no existe en nuestro Ordenamiento norma jurídica que sujete la vigencia de las normas legales al dictado de una norma de tipo reglamentario”. Por último, se afirma que Tenfield “carece de toda legitimación para representar los intereses de la AUF y de cualquier otro tercero, salvo que acredite una representación”.
El recurso termina denunciando una nueva violación a la ley, al no haberse transmitido el partido disputado entre Uruguay y Colombia en ningún servicio comercial o público de televisión abierta, “con el agravante del manifiesto incumplimiento de la medida provisional urgente emitida por la INDDHH”. Las organizaciones piden que los antecedentes se incorporen al expediente del caso, que se tomen las sanciones que puedan corresponder ante tal infracción y que “se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos reconocidos” en los artículos 38 y 39 de la norma.
El Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas se conmemora todos los 2 de noviembre por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la última década más de 700 periodistas han sido asesinados por ejercer su profesión y llevar la información al público: es decir una muerte por semana de media.
Tan sólo en 2014 se registró en todo el mundo de manera oficial el asesinato de 87 periodistas, productores y trabajadores en medios y redes sociales de interés público. En 2012, el año con más muertes de la última década, 123 periodistas fueron asesinados en ejercicio de la profesión.
En nueve de cada diez casos los autores del crimen no son castigados, según datos publicados por UNESCO, la oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Esta impunidad lleva a más asesinatos y es con frecuencia un síntoma del empeoramiento de un conflicto y del derrumbe del sistema judicial”, según la ONU.
“La impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir unos abusos graves de los derechos humanos, a la corrupción y el crimen. Pedimos a los gobiernos, la sociedad civil, los medios y a todas las personas implicadas en la defensa del estado de derecho que se unan a los esfuerzos a nivel mundial para la poner fin a la impunidad”, exhortó la UNESCO.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en su 68ª sesión del 18 de diciembre de 2013, proclamando el 2 de noviembre como el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” mediante la adopción de medidas para luchar contra la cultura de impunidad. La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013.
La resolución condena “el conjunto de ataques y actos de violencia cometidos contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y convoca a los Estados Miembros a hacer todo lo posible para prevenir este tipo de violencia a fin de garantizar que los autores de estos crímenes sean juzgados y las víctimas sean defendidas.
“La impunidad envalentona a los criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la sociedad, en particular, sobre los propios periodistas. La impunidad conduce a más violencia, y se establece así un círculo vicioso”, sostiene la UNESCO.
Cada 14 días matan un periodista en América
Por su parte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un llamado a terminar con la impunidad en los crímenes contra periodistas.
“A la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años” la convocó a los Estados del hemisferio “para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes”.
Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión. “Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América”, resumió.
La Relatoría alertó sobre el alto nivel de impunidad que existe respecto a estos crímenes en la región. “Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, señaló la RELE.
En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de casos ocurridos de 2010 a la fecha, reseñó la Relatoría.
Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado. En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
No más impunidad
La red IFEX, una alianza de organizaciones de libertad de expresión de todo el mundo que integra CAinfo, lleva adelante una campaña contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.
“La impunidad siempre ha ocupado un lugar destacado en las prioridades de los miembros de IFEX. Esto se explica no sólo por las terribles estadísticas de periodistas amenazados, atacados y asesinados cada año por hacer su trabajo, sino también por el hecho de saber que los autores de estos crímenes siguen saliéndose con las suyas. Luchamos contra esta alarmante tendencia con tiempo, recursos y poniéndole corazón. Los miembros de IFEX dedican recursos humanos y financieros significativos para seguir casos de impunidad, investigar, escribir informes, buscar apoyo legal y trabajar con sobrevivientes, familiares y compañeros de trabajo que se encuentran a menudo aterrorizados o desconsolados”,explicó Annie Game, directora ejecutiva de IFEX.
“No Más Impunidad es un pedido simple con mucho significado. No a la amnistía para los perpetradores, No a la corrupción del proceso judicial, No más paciencia para los retrasos en la justicia. Bajo el nuevo nombre de la campaña No Más Impunidad, estamos empezando una nueva historia, una en la que la red IFEX desafía a los autores y facilitadores de la cultura de la impunidad. La impunidad conlleva efectos alarmantes. Pero cada victoria, por pequeña que sea, será un aviso y podrá ayudar a cambiar gradualmente las reglas y los riesgos del juego de la impunidad, tanto para los autores como para los Estados, y tal vez ofrecerles a las víctimas el cierre definitivo de sus casos”, explicó Game.
En el «Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas», y a la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.
Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2013 al 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y desde entonces todos los organismos de protección de derechos humanos nos unimos a esta conmemoración para recordar una de las formas de censura más extrema que existe: la eliminación de las voces críticas o de quienes informan sobre hechos de interés público.
Desde su creación, la Relatoría Especial se ha ocupado de forma prioritaria del problema de la violencia contra periodistas y ha impulsado tanto el desarrollo de estándares para la prevención y protección de este tipo de violencia, como en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares, a través del sistema de peticiones individuales y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La situación de violencia e impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo un tema prioritario para esta oficina y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo ha manifestado recientemente Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un evento preparatorio de este Día Internacional en San José de Costa Rica.
En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos. Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado. En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
La violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales.
Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.
Asimismo, desde el sistema interamericano se recuerda a los Estados que es importante «reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión».
La Comisión ha señalado que la violencia contra las y los periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.
Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento».
Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
