El pasado 16 de setiembre de 2015, la Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna presentó su propuesta de anteproyecto de ley en el Anexo del Palacio Legislativo ante decenas de usuarios y familiares del sistema de salud mental, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en general.
La propuesta de la Asamblea Instituyente se inscribe en la necesidad identificada por múltiples actores de transformar el actual paradigma de atención a la salud mental adecuándolo a los estándares de derechos humanos internacionales y regionales en la materia.
En este marco, el anteproyecto de ley tiene como parámetros claves seis puntos que debe contener una ley de salud mental en Uruguay que atienda al nuevo paradigma de atención:
- Se dirige a todas las “personas usuarias del servicio de atención de salud mental” haciendo clara referencia a la vida de las personas tanto en sus aspectos individuales como en su vida familiar y/o en comunidad.
- Propone el cierre progresivo de las estructuras asilares y monovalentes permitiendo el avance ordenado hacia un nuevo modelo de atención de salud mental en el país.
- Refleja una visión garantista de los derechos humanos a partir de la cual bajo ninguna circunstancia las personas con internación tanto voluntaria como involuntaria pierden ni se les suspende su calidad de sujeto de derecho. Asimismo, indica claramente la obligación de contar con consentimientos informados en lenguaje y formato accesibles.
- Propone la creación de una estructura de funcionamiento interinstitucional e intersectorial; con participación de usuarios y familiares que viabilicen la operativa de acceso a la vivienda, el trabajo entre otros, concibiendo la atención a la salud mental desde una perspectiva de red e interdisciplinaria.
- Establece un Órgano de supervisión y revisión de los derechos humanos y salud mental independiente y autónomo
- Garantiza la producción y disponibilización de información pública sobre la implementación efectiva de la política de salud mental en el País.
Existe un amplio reconocimiento de que Uruguay tiene que transformar su paradigma de atención a la salud mental a un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental. Este anteproyecto de ley propone lineamientos para ello.
Nuestro país, en tanto país garantista de los derechos humanos, no puede continuar implementando una ley que desconoce la centralidad de la persona y es inadecuada para el respeto de los derechos humanos.