Operadores judiciales, periodistas y estudiantes debatieron sobre el nuevo Código del Proceso Penal y su relación con el periodismo. El evento fue organizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, en el marco del programa de “Justicia e Inclusión” que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La reforma del Código del Proceso Penal aprobada el año pasado introduce como principales cambios la oralidad y publicidad de los juicios penales, la adopción de un modelo procesal acusatorio en lugar del actual inquisitivo y el cambio de roles que impone a jueces y fiscales.
En este marco, el objetivo del taller fue promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal, así como debatir ante periodistas y estudiantes las principales características del nuevo proceso penal que entrará a regir en el año 2017.
La jornada se desarrolló este miércoles 19 de agosto en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay y significó la segunda edición del taller realizado en diciembre del año pasado.
Participaron en la primer mesa: Dr. Luis Charles (Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4 Turno), Dr. Carlos Negro (Fiscal Nacional en lo Penal de 6 Turno) y Dra. Verónica Acuña (Defensoría Pública Penal).
Vea un resumen de las intervenciones:
Descargue aquí la presentación realizada por el Dr. Carlos Negro
La segunda mesa contó con las intervenciones de los periodistas Rosario Touriño (Brecha), Walter Pernas (Sudestada y Radio Uruguay) y Darío Klein (CNN).
Los días 6 y 7 de agosto se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, un Encuentro Regional por la Educación Inclusiva. Participaron representantes de organizaciones de Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina, que luchan por el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva.
Estas organizaciones acordaron conformar la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI) con el objetivo de incidir políticamente a nivel nacional, regional e internacional para que los Estados garanticen el derecho de todas las personas a una educación inclusiva. Además, la RREI se propone realizar acciones coordinadas para que toda la sociedad y el colectivo de personas con discapacidad, familias y aliados contribuyan al logro de este objetivo.
Se establecieron estos objetivos porque hubo consenso en reconocer que en los países de la región sistemáticamente se violan los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de la educación, donde éstas enfrentan situaciones de discriminación y exclusión, así como barreras que dificultan una participación en igualdad de oportunidades.
También se reconoce que las personas con discapacidad constituyen uno más de los grupos cuyo derecho a la educación se ve vulnerado, y que solo será posible remediar esta situación con el establecimiento de una educación para todas y todos, brindada en escuelas regulares inclusivas, capaces de enseñar a todos y cada uno los niños y niñas, en condiciones de dignidad, calidad y equidad.
Los Estados de los países que constituyen esta Red han asumido obligaciones internacionales al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, las organizaciones participantes acordaron que existe una gran brecha entre el marco normativo, el discurso político y las políticas y prácticas educativas efectivamente implementadas. Además, las personas con discapacidad son invisibilizadas dentro del sistema educativo y no acceden a espacios de efectiva participación e inclusión. La Red se nuclea bajo el lema de “Una escuela para todos”.
Las organizaciones que acordaron la creación de esta coalición, y por lo tanto dan origen a la RREI son el Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva, de Argentina, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down ASDOWN COLOMBIA, Sociedad y Discapacidad –Sodis–, de Perú, la Sociedad Peruana de Sindrome de Down, la Federación Brasilera de Asociaciones de Síndrome de Down, la Fundação Síndrome de Down, de Brasil, la Fundación Saraki, de Paraguay, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública –Cainfo– de Uruguay y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo –iiDi–.
El próximo miércoles 19 de agosto se llevará a cabo una jornada de trabajo con jueces, fiscales, defensores de oficio, periodistas y estudiantes de periodismo sobre el nuevo Código del Proceso Penal y su relación con el periodismo. El evento se realizará entre las 13 y las 17 horas en la Asociación de la Prensa Uruguaya, San José 1330 esquina Ejido.
El taller forma parte del programa de “Justicia e Inclusión” que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República con el financiamiento de la Unión Europea, y está coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
Entre los objetivos del programa se encuentra el de promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal planteada por el Poder Ejecutivo, que fue sancionada por Parlamento Nacional en diciembre de 2014 y entrará en vigencia en 2017.
Los medios de comunicación juegan un papel central en el sistema democrático como vehículos de información y debate público. El sistema penal es una de las principales áreas de cobertura para muchos periodistas que trabajan en los medios de comunicación. En este contexto, los y las periodistas se convierten en reproductores principales del funcionamiento del sistema, así como en actores que eventualmente pueden acentuar sus inequidades y estereotipos.
El taller contará con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y CAinfo.
En junio, cuando se habían presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) diez acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay formularon ante la SCJ una petición para expedir una “opinión en las causas”. En la jerga judicial esa opinión se denomina Amicus Curiae, cuya traducción sería “amigos de la causa”, explicó a la diaria Martín Prats, presidente de Cainfo, quien detalló que las organizaciones pidieron a la SCJ “que nos diera la oportunidad de presentar nuestros argumentos respecto de la constitucionalidad de la ley; no presentamos el Amicus Curiae, simplemente la solicitud”.
Pero la SCJ rechazó la petición; lo resolvió el martes por unanimidad, informaron ayer las organizaciones. “En una escueta resolución, se desestimó su procedencia, argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por la vía de la acción”, sintetiza el comunicado de Cainfo. Prats alegó que “Amicus Curiae es una institución reconocida y usada en la región, en Estados Unidos, en Argentina, es admitida por la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es verdad que en nuestro país no está expresamente prevista, pero tampoco hay algo que la prohíba”. Y añadió que “vendría a ser un desarrollo del derecho de petición que está reconocido en la Constitución de la República y el desarrollo del derecho a la participación. Es simplemente poder opinar sobre determinados asuntos que están siendo entendidos por un poder del Estado y que organizaciones sociales quieren manifestar su interpretación del asunto. En ninguna parte del mundo el Amicus Curiae significa que condicione el fallo, es brindar argumentos para que puedan fundamentar sus fallos o tener otras perspectivas de qué se trata”.
Las organizaciones evalúan “presentar un recurso de reposición”, transmitió Prats, que puntualizó que el petitorio incluyó fundamentos y opiniones internacionales respecto de los que la SCJ no hizo ningún pronunciamiento. Por otra parte, el abogado comentó que los Amicus Curiae “no demoran en nada los procesos” y que significan un insumo más, en este caso, de organizaciones que trabajan en derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de información.
Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley SCA han seguido en ascenso; Cainfo tiene el dato de 19 recursos interpuestos hasta el momento. Los que objetan la ley son, entre otros, las empresas de radio y televisión asociadas en la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, la empresa DirecTV y el Partido Independiente. En sendos dictámenes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le dio la razón a DirecTV en algunos de los artículos objetados, principalmente vinculados a la limitación del mercado de televisión, y desestimó los argumentos del Partido Independiente respecto de que la Ley SCA podría vulnerar la libertad de expresión.
El interés de las organizaciones al proponer la petición es defender los artículos cuestionados argumentando que la ley cumple con la Constitución de la República.
La Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad este martes 11 de agosto rechazar la petición presentada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) en la cual se solicitaba la habilitación a expedir una opinión en las causas (Amicus Curiae) en el marco de los procesos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se encuentran a estudio de la Corte.
En una escueta resolución, se desestimó su procedencia, argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por vía de acción.
La petición realizada por estas organizaciones sociales pretendió que el máximo órgano judicial del país admitiera el instituto del Amicus Curiae de larga tradición y aceptación en la región y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconociera de esta manera que el derecho a la participación ciudadana, en tanto derecho fundamental, se afirma ante todos los poderes del Estado y resulta crucial en aquellos asuntos en los cuales se discute aspectos centrales para la democracia como son en este caso los alcances de la libertad de expresión y la libertad de información.
La petición sostuvo además que la falta de previsión normativa expresa no puede considerarse como un impedimento para admitirla sino que por el contrario esta figura se sustenta en constituirse en un medio no prohibido de ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a peticionar ante las autoridades y de reforzamiento del principio republicano de gobierno.
Cabe señalar también que los Amicus Curiae no producen ningún perjuicio a las partes, ni retardan ni entorpecen la secuela regular de los procesos sino que enriquecen el arsenal de argumentos y justificaciones de las determinaciones de la Justicia.
Por lo expuesto, las organizaciones firmantes lamentan la decisión del máximo órgano judicial y entienden que la misma restringe la posibilidad de participación ciudadana y desconoce el papel de las organizaciones de derechos humanos como actores relevantes en una democracia.
