En la nota se explica que Hadad suscribió un contrato de compraventa de acciones y luego presentó una solicitud de transferencia en la Ursec. El texto aclara que todavía “no existió ni existe un cambio en la gerencia, directorio o títulos accionarios de Radio Colonia SA”. La Ursec definirá en los próximos días si acepta la solicitud del argentino y deja sin efecto la compra de las radios.
En un principio Hadad había pedido la suspensión del trámite pero ahora solicitó la cancelación. El interés del argentino en esta emisora reside en que Radio Colonia tiene una importante penetración en Buenos Aires. El problema es que la legislación uruguaya prohíbe que los extranjeros sean titulares de frecuencias de radio y televisión. La ley de medios exige ciudadanía y domicilio real y permanente en la República y preferentemente en la localidad donde se prestará el servicio.
La Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) confirmó a No toquen nada que el trámite que faltaba para completar la transferencia de la frecuencia era la demostración de ciudadanía. Hadad dice en la carta que envió su representante, que no existió cambio de gerencia.
Sin embargo, FM Mágica cambió totalmente luego de que Hadad comprara (o se comprometiera a comprar) la emisora. Dispuso la cancelación de varios programas locales (Protagonistas de Willy Artús, Buenos Días Colonia y Boletín Dalmás y Viví, Disfrutá Colonia) y comenzó a pasar la hora de Buenos Aires en los flashes informativos de Radio Colonia.
La situación irregular fue denunciada por CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) y la APU (Asociación de Prensa del Uruguay) ante la Ursec. “Hadad, sin autorización del Poder Ejecutivo, tomó posesión de Radio Colonia y empezó a introducir cambios en su programación. Es un hecho grave porque, en el caso de la legislación uruguaya, para tomar posesión de una emisora podés hacer un boleto de compra-venta con el dueño pero hasta que el Poder Ejecutivo no autoriza la transferencia vos no podés tomar posesión. Si lo hacés antes estás cometiendo una irregularidad”, señaló José Imaz, integrante de CAinfo.
El periodista Gabriel Monteagudo, del semanario El Eco de Colonia, había entrevistado al empresario Daniel Hadad. En la conversación Hadad aseguró que el objetivo era cortar los programas que se hacen desde Argentina y dijo que tenía doble ciudadanía. “Soy uruguayo, mi madre es uruguaya. Desde que nací paso gran parte del tiempo del año en Uruguay”, expresó Hadad.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to Turno confirmó ayer la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, la que rechazó la demanda presentada por la directora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) para acceder a una copia del protocolo elaborado por el Ministerio del Interior dirigido a las empresas de telecomunicaciones para la implementación del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”.
En su fallo, el Tribunal sostuvo que la información requerida se encuentra “claramente cubierta por el secreto”. Según la Sala “parece obvio que el secreto de la operación de adquisición del sistema operativo “guardián”, avalado por el Tribunal de Cuentas, radica no solamente en la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue oculta) sino que también alcanza a las características técnicas del producto adquirido, por simples razones de seguridad y protección de los derechos de todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido”. Agregó: “Se trata de un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo de esa tarea, dejándola librada a la actividad de “hackers” y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional…”.
Ante este nuevo pronunciamiento judicial, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) desean expresar su preocupación por cuanto se confirma el rechazo a la demanda y con ello a la posibilidad de que el Protocolo solicitado tome estado público, sin que el Tribunal haya realizado un análisis de fondo respecto al carácter público o no de la copia del documento que fue peticionado a la luz del régimen estricto de excepciones de la ley 18.381 Derecho de acceso a la información pública.
De ningún modo es admisible trasladar y extender el mecanismo de compra directa por excepción para mantener el secreto de la operación (Art. 8 del TOCAF) a la implementación de todo el sistema.
La petición presentada en vía administrativa y la demanda judicial tuvieron como pretensión acceder al referido documento elaborado por el Ministerio del Interior: se pidió copia del documento. No se fue variando la pretensión de información como interpreta erróneamente el tribunal. A efectos de ilustrar respecto a cuál es la importancia de acceder al Protocolo tanto en la demanda, como en la audiencia y en la apelación, se expusieron una serie de razones que reflejan la relevancia de que el documento se haga público. Se plantearon allí una serie de asuntos y preguntas sobre los cuales se entiende que es importante saber “qué se ha previsto en el protocolo respecto a estos temas”. Así fue explicitado en los diferentes escritos, por lo cual, de ningún modo se comparte la afirmación del Tribunal1
Nos permitimos retomar algunas de esas preguntas, las que más allá del fallo judicial que avala la posición sostenida por el Ministerio del Interior respecto a que el documento reclamado debe permanecer en secreto, entendemos requieren una respuesta por parte de la Secretaría de Estado antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema:
¿Qué obligaciones se han impuesto en el Protocolo a las empresas de telecomunicaciones que son las que poseen los datos sobre las comunicaciones de toda la población? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el documento, es un decreto, es una resolución ministerial? ¿Qué se ha previsto en el protocolo respecto a la custodia de la información que disponen las empresas de telecomunicaciones? ¿Se regula en el Protocolo la necesidad de conservar o retener datos de flujo de comunicaciones? ¿Se regula quiénes tendrán acceso a las comunicaciones?
Como hemos expresado antes, este litigio no busca de ninguna manera frustrar la implementación del sistema y no se pretende que el Ministerio del Interior brinde detalles técnicos que puedan tornarlo vulnerable.
La solicitud de información fue presentada luego que el diario El Observador publicara en el mes de octubre del año pasado que El Guardián estaría próximo a ser empleado y que para ello el Ministerio del Interior había elaborado un Protocolo en el que se impusieron obligaciones a las empresas de telecomunicaciones.
Se ha afirmado por parte del Ministerio del Interior que la utilización de El Guardián requerirá autorización judicial y que será empelado en el caso de una indagatoria. Se debe concluir entonces que sólo serán vigiladas las comunicaciones en caso de que exista una autorización judicial. Sin embargo se impone saber qué garantías tendremos todos los ciudadanos/as respecto a la privacidad de nuestras comunicaciones, por cuanto no se ha explicitado qué ocurrirá con todas las personas que interactúen, que se comuniquen, con las personas indagadas. ¿Cómo se prevé proteger su derecho a la privacidad? ¿Podrán saber en algún momento que en el marco de una indagatoria han sido interceptadas sus comunicaciones?
El Guardián aumentará exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado sobre las personas. En el marco de un Estado de Democrático de Derecho estos asuntos deben ser objeto de un amplio debate público y de marcos regulatorios robustos para prevenir arbitrariedades y la vulneración de derechos.
Estos temas vienen siendo debatidos ampliamente en el mundo y la región. Reclamamos en Uruguay un debate informado. Para ello es necesario reducir las asimetrías naturales de información entre el Estado y los particulares. Leyes como la 18.381 contribuyen a democratizar la sociedad y a facilitar el acceso a la ciudadanía a información en poder del Estado. El documento cuya copia se ha solicitado es claramente un documento público. Si en él hubiera algún dato o informaciones que debieran ser “reservadas” por alguna causa legítima, entonces corresponde que el Ministerio del Interior realice una versión pública del mismo, pero de ningún modo es ajustado a derecho que se impida conocer todo el documento y con ello se evite que se conozcan y se puedan verificar las regulaciones y las garantías que se prevén para la protección de los derechos de todas las personas. Con esta convicción, CAinfo y el IELSUR analizarán todas las alternativas posibles para darle continuidad a este reclamo.
1- Esto puede ser corroborado en los Punto 1.3.7 de la demanda; párr. 15, 17, 18, 19, 20, 26 entre otros de la apelación, documentos que quedan a disposición de los interesados a través del correo: info@cainfo.org.uy
El sábado 18 de abril se cumplieron dos meses desde que la jueza Letrado de 1 Turno de Carmelo, Dra. Alexandra Facal, ordenó la incautación de los equipos electrónicos del semanario “El Eco” de Carmelo, en el marco del proceso iniciado a raíz de una denuncia por la utilización de software sin licencia presentada por la Asociación Antipiratería del Uruguay.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) han realizado una serie de reclamos para que se deje sin efecto la medida que afecta de manera grave la libertad de expresión. Además de la denuncia pública, ambas organizaciones pusieron en conocimiento de la situación a un integrante de la Suprema Corte de Justicia.
En los últimos días surgió un nuevo elemento respecto a la denuncia presentada contra El Eco que llama la atención a la APU y CAinfo.
El jueves 16, la empresa de software Adobe publicó un comunicado en el que descarta cualquier relación con las gestiones realizadas por el abogado Fernando Couto y la Asociación Antipiratería que preside a fin de cobrar multas contra empresas uruguayas que utilizan software sin licencia.
“Aun cuando el uso de software no autorizado es una infracción que se persigue de oficio en el sistema legal de Uruguay, Adobe Systems Inc manifiesta: que no ha mandatado, ni autorizado, a ninguna persona física o jurídica, a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc.
Respecto de los hechos anteriormente referidos Adobe Systems Inc deslinda toda responsabilidad.
Se comunica a todos los consumidores que cualquier asunto relacionado con los hechos mencionados en el texto, pueden ser dirigidos al email: reportur@adobe.com”, dice el comunicado publicado en “El Observador”.
A esto se suma que Couto declaró en su momento que el dinero que él le cobraba a los medios tenía un destino que no se podía hacer público y que quedaba en un secreto acordado entre él y las empresas, según le dijo al semanario Brecha. “La Asociación Antipiratería es sin fines de lucro. Pero ese es un tema reservado entre las marcas y yo. Eso es un tema aparte”, contestó, al ser consultado sobre cuál era el uso que se le daba al dinero.
Precisamente, la presunta representación de Couto para reclamar en nombre de Adobe y otras empresas fue “reconocida” por la jueza Facal cuando decidió dar curso al juicio contra El Eco.
Ante el comunicado de Adobe, la APU y CAinfo reclaman que esta situación sea aclarada y que la jueza Facal libere los equipos de “El Eco” para que el semanario pueda ser editado de manera normal.
CAinfo y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) lanzaron el proyecto «Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Uruguay», que busca potenciar las herramientas de acceso a la información para trabajar en torno a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El lanzamiento, el pasado viernes 17 de abril, consistió en un primer taller brindado en la sede del Pit-Cnt donde el equipo de CAinfo expuso ante diversos colectivos que trabajan por los derecho de las mujeres las principales nociones sobre el acceso a la información y cómo presentar solicitudes en el marco de la ley N° 18.381.
Esta iniciativa forma parte de «información para la acción», un proyecto regional que CAinfo se encuentra desarrollando en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina. El proyecto se enfoca sobre el acceso a la información como herramienta para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Human Rights Initiative de Open Society Foundations.
CAinfo participó este miércoles 15 de abril del día de Discusión General sobre el Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad, organizado por las Naciones Unidas.
En el encuentro que se desarrolló en Ginebra, Suiza, contó con la presencia de organizaciones sociales y Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Los participantes centraron la discusión en el artículo 24 de la CDPD, que promueve la implementación de la Educación Inclusiva en los Estados que son parte de la Convención.
Las organizaciones coincidieron en señalar que es necesario trabajar en adecuar los programas de formación docente e instar a los Estados a que produzcan datos fiables sobre la calidad de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo común.
Además, los actores presentes solicitaron al Comité de Naciones Unidas que supervisa la implementación de la CDPD que profundice y defina qué es la educación inclusiva, y que avance en definir el concepto de «ajustes razonables» que figura en el artículo 24 de la Convención.
«El Sistema Educativo común debe dar respuestas apropiadas a todas las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación», señaló Catalina Devandas, Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, agregó que “los Estados deben asegurarse que ninguna persona es rechazada en ningún centro educativo por razones de discapacidad».
Barbara Bailey, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hizo hincapié en la necesidad de producir información: «El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad debe alentar a los Estados a que generen datos de calidad y fiables sobre la situación de las personas con discapacidad a nivel nacional».
“Los y las estudiantes con discapacidad son el grupo más excluido y discriminado en América Latina. La falta de datos de calidad que permiten monitorear esa situación hacen que las brechas de discriminación aumenten a lo largo de todo el ciclo educativo de las personas con discapacidad» coincidió Rosa Blanco, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura.
Rabjyot Singh Kohli, adolescente Indio de 17 años, remarcó que la inclusión no sólo reporta beneficios para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad: “Al poder estudiar en un contexto inclusivo he podido hacer amigos y proyectar sobre el futuro de mi vida. El entorno inclusivo en mi escuela ha promovido la sensibilidad de las personas que allí asisten. Los docentes de todas las partes del mundo deben estar preparados para recibir a personas con discapacidad en los salones de clase. Los padres y las familias deben poder acceder a información relevante para poder tomar decisiones informadas en relación al futuro educativo de sus hijos e hijas».
Por último, Jorge Cardona, integrante del Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, señaló: «La incomprensión de lo que es la Educación inclusiva por parte de los Estados ha sido una barrera para garantizar la integración de las personas con discapacidad en el sistema educativo común».
El día de discusión fue convocado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta instancia, el Comitè podrá incluir alguna de las propuestas dentro de sus Observaciones sobre la aplicación del artìculo 24 de la Convención.
Previo a esta instancia, CAinfo junto a otras organizaciones sociales uruguayas nucleadas en torno al Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva en Uruguay, habían elevado al Comité una serie de propuestas sobre educación inclusiva.
