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Sociedad Civil de las Américas: Gobierno Mexicano debe comprometerse con la justicia social para considerarse Gobierno Abierto

Nov 18, 2014

Han pasado 53 días desde la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes mexicanos y la ejecución extrajudicial de otros tres.
Recientemente México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y como tal debe garantizar espacios verdaderos de confianza y co-creación con la sociedad civil, sólo así podrá fungir como guía para los demás países.
La sociedad civil de las Américas exige al gobierno de México que rinda cuentas sobre los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y garantice la búsqueda efectiva en vida, verdad, justicia, reparación y no repetición.

San José, Costa Rica., a 18 de noviembre de 2014.- La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.

México es uno de los ocho países fundadores de la AGA. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y el gobierno federal, han manifestado públicamente su interés en convertir esta Alianza en una verdadera plataforma de diálogo y colaboración para avanzar en los principios de Gobierno Abierto. Sin embargo, el día de hoy, estos principios en México se encuentran ante circunstancias que ponen de manifiesto una crisis estructural que trasciende eventos, partidos políticos, poderes y ámbitos de gobierno.

Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de 3 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad.

México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y dé cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, programadores y desarrolladores de México y de las Américas se solidarizan con las familias de los jóvenes desaparecidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobierno Mexicano a mostrar un verdadero compromiso con el gobierno abierto.

No somos indiferentes a este doloroso contexto y por esto nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana que ha sufrido por los años de ausencia de un Estado de derecho.

La indignación y el dolor no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más. México necesita un cambio profundo.

La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y exigimos, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es necesario conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.

Ayotzinapa ¡Nunca más!

Organizaciones
1. Artículo 19, Capítulo para México y Centroamérica. México.
2. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). México.
3. Cultura Ecológica. México.
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México.
5. Gestión Social y Cooperación (GESOC). México.
6. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). México.
7. Social TIC. México
8. Transparencia Mexicana. México.
9. Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática. México.
10. Codeando. México.
11. Sonora Ciudadana. México.
12. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIG). Argentina.
13. Asociación por los Derechos Civiles. Argentina.
14. Directorio Legislativo. Argentina.
15. Asociación Nacional de la Prensa. Bolivia.
16. Chile Transparente. Chile.
17. Fundación Ciudadano Inteligente. Chile.
18. Fundación Multitudes. Chile.
19. Pro Acceso. Chile.
20. Foro Nacional por Colombia. Colombia.
21. Transparencia por Colombia. Colombia.
22. Colectivo por los Derechos Digitales. Costa Rica.
23. Estudio Manati. Costa Rica.
24. Fundación Acceso. Costa Rica.
25. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Costa Rica.
26. Red Calm. Costa Rica.
27. Red de Control Ciudadano. Costa Rica.
28. Proyecto Accesa. Costa Rica.
29. Fundamedios. Ecuador.
30. Datos El Salvador. El Salvador.
31. Acción Ciudadana. Guatemala.
32. Doses, Guatemala.
33. Asociación para una Sociedad más Justa. Honduras.
34. C-Libre. Honduras.
35. Fundación Democracia sin Fronteras. Honduras.
36. Fundación Violeta Chamorro. Nicaragua.
37. TI Panamá. Panamá
38. Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Paraguay.
39. DAR. Perú.
40. Open Data Perú. Perú.
41. Grupo Propuesta Ciudadana. Perú.
42. Espacios Abiertos. Puerto Rico.
43. Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana.
44. Centro de Archivos y accedo a la información Pública (CAinfo). Uruguay.
45. DATA. Uruguay.
46. Red Uy. Uruguay.
47. Espacio Público. Venezuela.
48. Transparencia Venezuela. Venezuela.

A título personal
Ana Cristina Ruelas. México.
Aroa de la Fuente. México
Darío Ramírez. México.
Emilene Martínez. México.
Haydee Pérez Garrido. México.
Héctor Rubio. México.
Guillermo Noriega. México.
José Roldán Xopa. México.
Marta Laura Monteleón Sánchez. México.
Pablo Collada. México
Paulina Bustos Arellano. México.
Paulina Gutiérrez México.
Rocío Moreno. México.
Rubén Amhed Moya Vidrio. México.
Agustina De Luca. Argentina.
Renzo Lavín. Argentina.
Paulina Ibarra. Chile.
Fabio Velázquez. Colombia.
José Hernández Bonivento. Colombia
Jeffrey Esquivel. Costa Rica.
José Lidier Artavia. Costa Rica.
Luciana Peri. Costa Rica.
María Fernanda Avendaño Mora. Costa Rica
Nicole Yanez. Costa Rica.
Sharely Alfaro Elizondo. Costa Rica.
Susana Soto González. Costa Rica.
Iris Palma. El Salvador.
PatriceMcDermott. Estados Unidos.
José Marín. Guatemala.
Carlos Hernández. Honduras.
Jessica Estrada. Honduras.
Lester Ramírez Irias. Honduras.
Xenia Hernández. Honduras.
Guillermo Medrano. Nicaragua.
Carlos Gasnell. Panamá.
María José García Ascolani. Paraguay
Aida Gamboa. Perú.
Antonio Cucho. Perú.
Carlos Monje Salgado. Perú.
Epifanio Baca. Perú.
María Fernanda Ramos Cruz. Puerto Rico.
Trojano Vidal. República Dominicana.
Zoe Reiter.

Aratirí: justicia contempló acción patrocinada por CAinfo

Nov 18, 2014

Tras una acción de acceso a la información pública patrocinada por CAinfo, la justicia obligó al Ministerio de Industria a entregar información referida al proyecto Aratirí. La cartera apeló el fallo y se espera resolución de segunda instancia la semana que viene.

El lunes 10 de noviembre el juez Alejandro Martínez de las Heras dio lugar a la acción de acceso a la información pública presentada por el periodista Victor Bacchetta con el auspicio de CAinfo.

La sentencia condenó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar, en el plazo de 15 días, información ambiental clave sobre sobre sobre el proyecto Aratirí, como por ejemplo el cronograma de cierre de las minas.

Bacchetta, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, había presentado una solicitud de acceso a la información pública en junio de este año que no fue respondida por el MIEM, tras lo cual se llegó a este fallo del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2° turno.

La sentencia resalta que el Ministerio no se expidió (ni accediendo ni rechazando) sobre el pedido de acceso a la información pública presentado por el periodista, por lo cual opera el silencio positivo previsto en el artículo 18 de la ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública.

El artículo establece: “Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”.

En consecuencia, Martínez de las Heras señala que el MIEM “se ubica en una situación jurídica de deber brindar la información requerida”, y concluye: “si no ha existido un acto administrativo que rechace la solicitud de acceso a a información pública, no puede haber dos interpretaciones sobre la aplicación del silencio positivo, lo que determina el progreso de la acción”.

Por su parte, el Ministerio esgrime que la información solicitada es confidencial tras una resolución de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) de mayo de 2013, que dio lugar a un pedido de Aratirí para que se declarara de tal carácter cierta información del proyecto.

El juez rechaza estos argumentos y observa que “en la parte dispositiva de la resolución [de la DINAMIGE] sólo se declara confidencial la información relativa a ‘informes técnicos presentados por Minería Aratirí S.A.’ sin especificarse qué tipo de informes técnicos serían y sus respectivas temáticas, desconociéndose si comprende informes de repercusión ambiental de notorio interés general y necesaria difusión pública (…) No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entiendan confidenciales”.

Asimismo, Martínez de las Heras recuerda que la reciente ley N° 19.126 que regula la minería de gran porte consagra expresamente el acceso a la información pública como forma de promover la participación y el control ciudadano en temas ambientales.

El artículo 26 de esa ley establece que los titulares de los proyectos mineros podrán solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de carácter reservada o confidencial la información que pongan en conocimiento de éste. Sin embargo, “en ningún caso podrá ser considerada confidencial o reservada la información relacionada a los aspectos ambientales del proyecto”, señala la ley.

El magistrado enumera una serie de normas nacionales e internacionales de tutela de los derechos humanos que protegen particularmente el derecho de acceso a la información pública: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ley N°17.283 sobre Protección de Medio Ambiente, Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

El juez advierte que “el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental de expreso reconocimiento por la legislación nacional y el sistema internacional de derechos humanos, que debe ser objeto de especial tutela cuando su limitación por razones excepcionales, no se encuentra debidamente justificada”.

“El acceso a la información pública en definitiva no solo remarca la importancia de los principios de publicidad y transparencia en el obrar de la Administración, sino que constituye asimismo un instrumento que alienta e impulsa a la participación democrática inmanente al Estado de Derecho”, concluye.

En definitiva, juez condenó al MIEM a brindar la información solicitada por el periodista Victor Bacchetta, con excepción de aquella que pueda estar protegida por el secreto industrial. Tras la apelación del Ministerio, un Tribunal de segunda instancia dictará una sentencia definitiva la semana próxima.

Organizamos panel sobre gobierno abierto y sociedad civil en #OGPSanJose

Nov 18, 2014

Este jueves 19 de noviembre estaremos coordinando el panel «Experiencias de articulación de la sociedad civil para la construcción de los planes de acción de Gobierno Abierto» en el marco del encuentro regional #OGPSanJose en el que estamos participando.

La sesión buscará presentar y analizar las diferentes estrategias de articulación planteadas desde la sociedad civil en Uruguay, México, Brasil y Costa Rica, para incidir en el proceso de construcción de los planes de acción de gobierno abierto. Mediante el diálogo entre los panelistas se procurará identificar buenas prácticas y desafíos a superar a partir de la complementariedad de miradas y experiencias. Algunos de los temas que se abordarán son: Colaboración y monitoreo; Articulación de la agenda de gobierno abierto con la agenda de derechos humanos; Mecanismos de gobernanza entre OSC y gobierno el marco de la OGP.

Presentan:

Tania da Rosa, Directora Ejecutiva de CAinfo. Integrante de la Red de Gobierno Abierto de Uruguay.
Haydée Pérez, integrante de Fundar y del núcleo de organizaciones de sociedad civil de AGA en México
Jorge Machado, Profesor universitario. Es uno de los coordinadores de Co-Laboratorio de Desarrollo y Participación (COLAB) de la Universidad de São Paulo e integrante de la Red por Transparencia y Participación Social (RETPS).
Pablo Duncan, Director Costa Rica Íntegra, punto de contacto de Transparencia Internacional. Ha sido consultor y facilitador para proyectos internacionales relacionados con sistemas participativos, gobierno abierto, derechos laborales, acuerdos tripartitos y consultas a comunidades, entre otros. Master en Economía y en Derecho del Consumidor de la Universidad Castilla La Mancha de España y en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

Locación: Sala Huetar Norte (ESP/ENG)