Sep 22, 2014
El periodista Fabián Werner, encargado del área de libertad de expresión de CAinfo, reafirmó la necesidad de regular la publicidad oficial de acuerdo a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistado en el programa «El tiempo no para» de Radio Nacional, Werner expresó que el país debe avanzar hacia una legislación que regule la asignación justa y transparente de la publicidad oficial, de forma tal de evitar que el manejo discrecional de la pauta se convierta en una amenaza al ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión.
En ese sentido recordó que el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión que CAinfo lanzó en el mes de setiembre, incluye como uno de sus indicadores la asignación arbitraria de publicidad oficial. El primer informe del monitoreo estará disponible en el próximo mes de mayo.
Escuche la entrevista con Fabián Werner.
Entrevista al Periodista Fabián Werner, Encargado del Área de Libertad de Expresión de CAinfo by Radionacional on Mixcloud
Sep 22, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Cotidiano Mujer, DATA y el Instituto de Comunicación y Desarrollo enviaron una carta al parlamento uruguayo reclamando mayor transparencia y apertura de los datos.
La acción forma parte de la semana de la Transparencia Parlamentaria (Global Legislative Openness Week – GLOW), una iniciativa global que se desarrolla hasta el 25 de setiembre con el objetivo de fortalecer y modernizar las legislaturas, hacerlas más transparentes y permitir la participación ciudadana a través de los datos abiertos.
A nivel local las organizaciones enviaron al parlamento la carta de la iniciativa, que solicita a los legisladores “publicar información de forma que permita a los ciudadanos comprenderla y poder interactuar con el trabajo de cada cámara”.
La misiva señala que es hora de que “los-as parlamentarios-as de todo el mundo se involucren con las nuevas tecnologías” para que toda la información parlamentaria sea abierta por defecto. Una información de este tipo debe ser publicada de manera proactiva y estar exenta de costo.
La información publicada de esta manera permite a organizaciones sociales desarrollar software para que los electores contacten con sus representantes parlamentarios (y viceversa), crear visualizaciones que muestre el recorrido de un proyecto de ley y sus apoyos, o desarrollar sistemas de alertas individualizables para hacer un seguimiento de las acciones parlamentarias.
Sin embargo, “algunos parlamentos limitan innecesariamente el acceso ciudadano a la información crucial al proporcionar cierta información sólo a petición, o en formatos cerrados que restringen a las personas en su capacidad de acceder, buscar, analizar y reutilizar los datos”, advierte la carta.
La semana de la transparencia parlamentaria busca visibilizar el problema y generar ámbitos propicios para a superar estos impedimentos técnicos e institucionales, así como también crear un plan de acción que fortalezca la transparencia del proceso legislativo.
Como parte de la acción local, CAinfo y DATA organizaron para el próximo jueves 25 de setiembre una instancia de trabajo con parlamentarios-as, encargados-as de transparencia activa del parlamento, encargados-as de la cobertura parlamentaria y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo del encuentro es identificar los desafíos pendientes en relación a la Transparencia Parlamentaria.
Vea el texto de la Global Legislative Openness Week (original, en inglés) y la versión en español. Siga la iniciativa en twitter a través de las etiquetas #openparl2014 o #ParlamentoAbierto
Sep 21, 2014
Lo que está en juego en la polémica por el manejo de la publicidad oficial.
Manejo de la publicidad oficial: “Desde la sociedad civil exhortamos al nuevo gobierno y al nuevo parlamento que surgirán de las próximas elecciones nacionales a abordar el tema a fin de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales como surge de la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresa CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública). En un comunicado de prensa que a continuación compartimos CAinfo recuerda que en el año 2009 el Grupo Medios y Sociedad elaboró un anteproyecto de ley, intentando que se regulara esta situación, pero hasta el momento no ha sido aprobado.
Comunicado
La polémica en torno a la política del gobierno en el manejo de la publicidad oficial irrumpió en los últimos días en la agenda pública en el marco de la campaña electoral. Varios candidatos a la Presidencia de la República han cuestionado al gobierno por lo que – afirman- constituye un manejo ilegítimo de la pauta publicitaria estatal con criterio de propaganda electoral. Mientras, desde el oficialismo se ha defendido la gestión de la actual Administración en esta materia, planteando que es legítimo que el gobierno quiera exhibir sus logros en materia de políticas públicas.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) en conjunto con otras organizaciones sociales ha venido planteando en los últimos años la necesidad de que el país avance en una legislación que regule la asignación justa y transparente de la publicidad oficial, en particular teniendo en cuenta que este recurso público incide fuertemente en el debate público, el sistema de medios y en definitiva en la libertad de expresión.
La adopción de un marco normativo en Uruguay que recoja los estándares internacionales es una materia pendiente en relación a la libertad de expresión. Desde la sociedad civil, en el año 2009 el Grupo Medios y Sociedad elaboró un anteproyecto de ley que pasó por el parlamento sin que fuera aprobado.
De acuerdo a una investigación publicada en 2012 por FESUR, el Estado en su conjunto concentra el 25 por ciento del total de inversión publicitaria a nivel nacional, lo que lo constituye en “el principal inversor publicitario a escala nacional” (Buquet, Lanza y Rabinovich; 2012). De acuerdo a este estudio, la inversión total en publicidad por el Estado Central en el año 2010, incluyendo los gastos generados en la contratación de agencias (un 20%) superaría los 50 millones de dólares.
Es oportuno señalar que dentro del gasto de publicidad oficial también debe tenerse en cuenta el que realizan los gobiernos departamentales, que muchas veces implica una amenaza mayor para la libertad de expresión de medios de comunicación locales que dependen mucho más de esta pauta para su supervivencia. Por esa razón, el posible manejo discrecional de estos dineros públicos puede tener una incidencia mucho mayor en los contenidos periodísticos de medios más vulnerables, particularmente en el interior del país.
Desde la sociedad civil exhortamos al nuevo gobierno y al nuevo parlamento que surgirán de las próximas elecciones nacionales a abordar el tema a fin de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales como surge de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dado que el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial es considerado como una amenaza al ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión, este es uno de los indicadores incluidos en el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión que CAinfo lanzó en el mes de setiembre y cuyo primer informe de relatoría se culminará en el próximo mes de mayo.
Sep 19, 2014
El Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) monitorea el cumplimiento de la Ley de acceso a la información pública de los sitios web de organismos públicos. “Ninguno de los 113 organismos relevados cumplen con los niveles altos” de transparencia activa, dijo a 180 Matías Ponce, uno de los autores del estudio.
El ITAeL fue diseñado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo) e implementado y mejorado por el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay.
Los resultados de las mediciones a 113 organismos (“casi un censo”, según Ponce) dieron que el 90% de los monitoreados no supera el 60% de los requisitos del Índice de Transparencia Activa. Además, ninguno alcanza el nivel alto. Los datos son los siguientes: Nivel Alto (81 a 100%) – 0, Nivel Medio-alto (61 a 80%) – 10%, Nivel Medio (41 a 60%) – 47% y Nivel Bajo (hasta 40%) – 43%.
Este instrumento cuenta con dos dimensiones. La primera “busca reflejar las disposiciones obligatorias de la Ley de acceso a la información pública y el decreto reglamentario del año 2010 en lo que llamamos el Índice de información obligatoria (IO)”, contó Ponce. La segunda “refiere a la posibilidad de interacción con los ciudadanos que están previstos por los organismos” y es llamado Índice de interacción y participación (IIP), según se explica en el propio estudio.
Ponce explicó que a pesar que la Ley de acceso a la información pública fue reglamentada en Uruguay en 2010, “sigue siendo bajo el cumplimiento con la legislación”. Explicó que en el Índice de información obligatoria observan mayor cumplimiento que en el otro. Al respecto, comentó que para esta edición el IIP sufrió una modificación para elevar su exigencia, lo que explica la variación negativa de algunos organismos respecto a años anteriores. El cambio fue que se comenzó a tomar en cuenta aspectos como tener presencia en redes sociales o estar disponible en más de un idioma.
Las juntas departamentales forman el grupo de organismos “más preocupantes” a nivel de todo el país. Todas ocupan el Nivel Bajo. La de Montevideo es la que mejor puntúa pero algunas ni siquiera tienen página web, algo que para Ponce es “grave”, considerando la conectividad y velocidad de Internet del país. ¿Cuáles son las Juntas departamentales sin sitio web? Artigas, Lavalleja, Salto y Durazno, que tiene un blog en el que publican las declaraciones de los ediles y algunas noticias.
En cambio, Ponce destacó que “existe una cúpula ocupada por algunos ministerios y agencias de Presidencia pero, sobre todo, por entes autónomos y servicios descentralizados”. Explicó que los buenos resultados de estos puede deberse a la cultura empresarial y a tener vínculos más directos con la ciudadanía. Además, indicó que, en algunos casos, “son productores natos de información como el Instituto Nacional de Estadística o el Banco Central”.
Ponce contó que en la Universidad Católica están preparando un índice de transparencia presupuestaria. “Queremos ver qué tan transparente y abierto es el proceso de presupuestacion en el Estado uruguayo. Ahora tomamos algunas dimensiones como la publicación del presupuesto, información que es obligatoria. La forma en que está presentado, muchas veces, hace que no sea tan accesible al ciudadano común”, admitió.
Ingrese aquí para ver el informe completo del Índice de Transparencia Activa en Línea.
Sep 19, 2014
El Índice de Transparencia Activa en Línea, ITAeL, busca retratar la provisión de información a través de los sitios web, a partir de las dimensiones básicas que suscitan acuerdo en materia de transparencia activa “en línea” del sector público, vinculadas a los contenidos, a las formas que se estructura la información y a la interacción de los usuarios con ella.
Para esta edición, fueron evaluados 113 sitios web de organismos públicos estatales y no estatales entre el 10 de octubre de 2013 al 17 de marzo de 2014, de acuerdo a la metodología especialmente diseñada para este estudio.El trabajo es realizado por el Departamento de Comunicación de UCU y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). La edición 2013, fue presentada el 17 de setiembre en la Sala Bauzá de nuestra Sede Central.
Página de ITAEL en CAinfo: http://www.cainfo.org.uy/itael/
