Jul 15, 2014
Los senadores del FA definieron ayer que la ley de medios se tratará después de las elecciones. Votaron a favor FLS, el PS y la VA. En contra lo hicieron el MPP, el PCU, la CAP-L, Constanza Moreira y Alberto Couriel.
La Bancada de Senadores del FA decidió posponer para después de las elecciones la votación en esa Cámara de la ley de servicios audiovisuales, conocida como ley de medios.
El Frente Líber Seregni, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista argumentaron a favor de posponer la votación de la ley de medios para después de las elecciones, sosteniendo el riesgo de que sea considerada anticonstitucional debido a la creación del organismo de control que establece la ley.
En la redacción dada en el Senado se modificó la creación de cargos para después de las elecciones, con lo que se subsanaba la limitante constitucional de no crear cargos en año electoral. La mayoría entendió que la creación del nuevo organismo también colide con la Constitución.
Sin embargo en la bancada se recordó que la creación de la Ursea ocurrió en el último año del gobierno de Luis Alberto Lacalle, y no se planteó entonces ni después ninguna inconstitucionalidad.
A favor de votar ahora el proyecto de ley que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, se pronunciaron los 7 senadores del MPP, CAP-L, PCU y los independientes Constanza Moreira y Alberto Couriel.
En los últimos días circularon llamados de Moreira y Lorier para aprobar ya en este mes el proyecto de ley que, por tener modificaciones, tendría que volver a la Cámara de Diputados.
Los senadores que quedaron en minoría en esta ocasión adelantaron que acatarán la decisión de la bancada aunque no están de acuerdo con la misma.
La decisión de posponer la votación permite suponer que la votación del proyecto de ley quedará para la próxima legislatura, ya que el Parlamento entra en receso el 15 de setiembre, y las sesiones ordinarias se retomarán el 15 de febrero de 2015, ya con los legisladores electos en las elecciones nacionales de octubre.
En ese caso, el proyecto de ley debe volver a ser presentado ante el Parlamento, y discutido nuevamente por las dos cámaras.
Jul 14, 2014
Un pedido de acceso a la información pública (mediante la ley N° 18.381) cursado por el diario El Observador, logró conocer una resolución de indemnidad otorgada por el gobierno al propietario de Buquebus y BQB Líneas Aéreas, Juan Carlos López Mena, y a otros actores relevantes del caso Pluna.
Mirá la nota publicada por el matutino.
La resolución oculta
El documento no fue publicado en el Diario Oficial ni aparece en el portal de Presidencia
La resolución firmada el 19 de marzo de 2013 por el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que le otorga indemnidad a Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus, y a otros involucrados en el otorgamiento del aval por parte del Banco República no fue publicada por el Diario Oficial ni en el portal de Presidencia de la República.En el portal de Presidencia se pueden consultar las resoluciones de los ministerios, una a una. Sin embargo, esta resolución no aparecía en la nómina de las resoluciones del mes de marzo. Para acceder al documento, El Observador debió cursar una solicitud de acceso a la información pública en el Ministerio del Economía y aguardar a que el trámite cumpliera los plazos.Algo similar sucedió con la resolución firmada por el presidente de la República, José Mujica, el 30 de abril, por la que el gobierno negó una prórroga del contrato por diez años de la concesión de la Terminal Fluvio Marítima de Pasajeros del Puerto de Montevideo como había solicitado Buquebus ante la Administración Nacional de Puertos.Una resolución de 2005, firmada por el presidente de ese entonces, Tabaré Vázquez, establecía una prórroga de cinco años. La nueva prórroga otorgada por Mujica culminará el 29 de noviembre de 2015.Extrañamente, la resolución por la que no prorroga la concesión tampoco aparece en el Diario Oficial ni en el portal de Presidencia, informó El Espectador. El ocultamiento de esta información se da mientras López Mena y el Banco República negocian la regularización del pago del aval de US$ 13,6 millones y la concesión de la terminal portuaria.
Abogado de López Mena declarará
El fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez citará a declarar al exdirector del Departamento Legal de Buquebus, Daniel Rocca, informó Búsqueda el 19 de junio. El fiscal tomó la decisión luego de acceder a la demanda civil que Rocca presentó contra López Mena. En lo civil, Rocca reclama US$ 2 millones a López Mena “por honorarios profesionales impagos por múltiples, complejos y continuos asesoramientos legales brindados al citado (López Mena). En la demanda, a la que accedió El Observador, Rocca asegura que participó en “repetidas reuniones con autoridades al más alto nivel del gobierno, BROU y sistema político”.
Jul 8, 2014
Frank La Rue, relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, señaló que es muy importante que la ley de servicios de comunicación audiovisual se apruebe antes de que termine la legislatura.
La Rue, quien participó en una charla sobre “Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes” organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), aseguró que la “ley es una gran contribución”. Afirmó que “la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios” y expresó que “no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate”.
Contó que ha seguido mucho este proceso, al cual considera “uno de los más interesantes” en la región, y que le gustaría verlo concluir. Para el relator de la ONU, sea “antes o después de las elecciones -que ya es un tema electoral en el que no me meto- es importante aprobar la ley lo antes posible”. De todos modos, cree que “la ley trasciende estas elecciones y no tiene nada que ver con este proceso electoral: es un tema de Estado a largo plazo”.
Sobre las modificaciones que se realizaron en la comisión del Senado, La Rue dijo que aún está revisando los cambios, pero indicó como positivo “la reestructuración del órgano regulador” -en referencia a la transferencia de competencias desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones al Consejo de Comunicación Audiovisual-, que era un tema que le preocupaba. Comentó que ahora se establece “un órgano regulador independiente y esto garantiza la aplicación de normas independientes” y señaló como “ventaja para cualquiera que gane las elecciones, que estas normas no van a ser manipuladas por nadie sino que van a ser en beneficio nacional”.
La Rue reiteró que este es el momento para votar la ley y recordó, a modo de ejemplo, la experiencia de la aprobación del Código de la Niñez en Guatemala. Contó que la normativa “fue aprobada por unanimidad, pero por suspender por un año su entrada en vigencia, ya nunca se aprobó, se perdió”.
Ariela Peralta, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDH), también remarcó la importancia de aprobar este proyecto en este momento porque “no sabemos la suerte que puede tener en un futuro”. Opinó que se trata de una iniciativa “muy positiva” porque “da armonía y actualiza un conjunto de leyes que se fueron aprobando en los últimos cinco años sobre libertad de expresión, acceso a la información, pluralidad y abolición de censura previa, que estaban dispersas”. También destacó que “el proyecto fue fruto de un proceso participativo”, tanto en el Consejo Técnico Consultivo que discutió y elaboró las bases, como en el debate de las distintas comisiones parlamentarias que recibió a numerosas y diversas delegaciones. Peralta señaló que “hay una corriente en América Latina y en el mundo sobre democratizar los medios de comunicación y hacerlos más plurales”, y espera que la ley sea aprobada porque significa “un avance muy interesante y es un ejemplo de un proyecto muy trabajado, mesurado y participativo”.
Todo por los niños
El relator de la ONU adelantó algunos aspectos de su informe sobre la niñez y la libertad de expresión, que será presentado en agosto. La Rue dijo que parte de un principio inspirador que estableció el diplomático brasileño Sérgio Paulo Pinheiro, cuando fue representante del secretario general para la violencia contra la niñez en el mundo: “Las niñas y niños no son personas en pequeño ni reducidas y por consiguiente no se debe entender que gozan de derechos humanos reducidos. Son seres humanos completos que gozan plenamente de todos sus derechos, incluyendo el de libertad de expresión”. Por lo tanto, señaló que tampoco es válido alegar que la protección de los niños “se debe dejar a los padres, porque es tirarles responsabilidades que el Estado tiene frente a un sujeto particular vulnerable”. El senador nacionalista Francisco Gallinal había planteado dejar librado al criterio de los padres la no exposición de los niños a imágenes violentas, y no regularlo mediante la ley SCA.
Por otro lado, La Rue planteó que es válido pensar en la protección “pero esto no agota el tema”. Si bien remarcó que “no queremos que los niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que no son adecuados para su desarrollo emocional e intelectual, como la excesiva violencia o una sexualidad desmedida, que pueden hacer daño a la niñez”, agregó que es necesario hablar de la participación. Expresó que “en la convención de derechos del niño se dice que tienen derecho a ser escuchados”, o como prefiere llamarlo él, “a tener voz propia”, y resaltó que “la garantía más clara de la libertad de expresión y la democracia es la participación ciudadana”, lo que también es aplicable para los niños.
Acerca de la regulación de los contenidos para niños, La Rue indicó que en el mundo ya se ha aceptado un control, especialmente en dos áreas: la clasificación de películas en el cine y el horario de protección al menor en la televisión. Pero manifestó que respecto de la publicidad comercial todavía hay debate. En este sentido, reflexionó: “Si en algún momento en la actividad comercial se quitó la imagen de una persona inhalando un cigarrillo para que nadie aprenda a hacerlo” y de esta manera “proteger a la población en general del daño producido por el tabaco, cuánto más deberíamos estar haciendo nosotros para proteger a la niñez del consumo de productos que puedan ser dañinos”. Entiende que el problema es más complejo, pero aseguró que “la protección no es censura”.
Publicado en La diaria, 8 de julio de 2014.
Vea el video:
Jul 8, 2014
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y activistas por la libertad de expresión y los derechos humanos, publicaron una carta dirigida al candidato presidencial del Frente Amplio, Dr. Tabaré Vázquez, para que no postergue la votación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La petición está abierta a las adhesión de todas las personas interesadas. Enterate más y firmá aquí: bit.ly/sialaLeySCA
Jul 7, 2014
Fuente: Semanario Búsqueda
Escribe Raúl Santopietro
Un montón de hojas en blanco decían: “Por ser declarada información confidencial fueron retiradas las fojas”. A la leyenda la acompañaban una serie de números de páginas, dos resoluciones y una explicación jurídica.
Pese a que esperaba encontrarse con información técnica, gráficas de yacimientos mineros y números de millones de toneladas de hierro, esa fue la respuesta que obtuvo el 23 de junio el activista Víctor Bacchetta al solicitarle a la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) acceso al expediente de la concesión para explotar de la minera Aratirí. Bacchetta es activista del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), organización contraria a la minería de gran porte.
Desde 2008 cualquier persona puede solicitar la información “que emane o esté en posesión de cualquier organismo público sea o no estatal”, según quedó establecido en la ley 18.381- Ley de Acceso a la Información Pública-.
Amparado en ello, Bacchetta pidió varias veces acceso al expediente del proyecto minero en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sin negativa alguna. Pero en Dinamige se topó con que el organismo clasificó el expediente como “confidencial” en noviembre de 2013 a pedido de la empresa.
La Ley de Acceso a la Información Pública prevé en los artículos 8,9 y 10 los casos en los que la documentación puede ser declarada de “carácter reservado y confidencial”. Allí se define como confidencial aquella información que “refiere al patrimonio de la persona”, “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor” o que “esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.”
En función de esto, Aratirí solicitó el 22 de noviembre de 2013 que “se declare confidencial la información relativa al informe técnico y capacidad financiera” ya que el documento “contiene información referente al patrimonio de la empresa, y comprende hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico y administrativo de la misma que podrían resultar útiles para un competidor”.
Según consta en el expediente al que accedió Búsqueda, la Dinamige, con la firma de su director nacional Pier Rossi, “entendió pertinente el planteo realizado por la empresa”.
*Lo clasificado.
La resolución dice que “información técnica” implica la “descripción e interpretación geológica de los yacimientos”, el “detalle de las metodologías de determinación de recursos y reservas”, las “dimensiones y etapas de desarrollo de las minas”, la “operativa de cada mina”, los “procesos de beneficiación” y “cronogramas de ejecución”, los “volúmenes de producción del mineral y concentrado”, el “dimensionamiento de pilas de estériles”, los “mapas de aerogeofísica, hidrología e hidrogeología”, el “plan de cierre y todos los elementos que no estén descritos en este listado pero que conforman un proyecto minero desarrollado a partir del momento del descubrimiento geológico y la consecuente cuantificación de reservas” entre otros.
“Sin lugar a dudas, esta información al igual que la de carácter económico constituye parte del patrimonio/capital de una empresa minera, encuadrando de esta manera en las hipótesis de confidencialidad previstas”, concluye.
Bacchetta dijo a Búsqueda que “se busca anular por la vía de los hechos la transparencia en la información invocando un supuesto secreto comercial para vedar al público de toda la información técnica que permita conocer las características del proyecto y sus posibles impactos”.
“El alegato de secreto comercial para los aspectos técnicos de este proyecto no tiene sustento real. El yacimiento Valentines es una reserva marginal de hierro en el contexto de las reservas internacionales, Aratirí es una empresa ‘junior’ de pequeño porte y prácticamente sin antecedentes mineros. Decir que este proyecto puede utilizar técnicas innovadoras, que se pretenden resguardar de la competencia, no es un argumento válido”, agregó.
*Competencia.
En la respuesta brindada a Bacchetta está el informe elaborado el 8 de mayo por el abogado Carlos Roselló, de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), quien asegura que la declaración de confidencialidad “no compete a Dinamige sino al MIEM”.
Roselló se basa en el artículo 26 de la Ley de Minería de Gran Porte que indica que el MIEM y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “en función de sus competencias respectivas, resolverá sobre la pertinencia de considerar dichos datos de carácter reservado o confidencial bajo resolución fundada”.
Entonces estimó que “para ajustar lo actuado a lo dispuesto por la ley, sería conveniente que la Superioridad convalide la resolución”. Según pudo saber Búsqueda, el ministerio respaldó lo actuado por Dinamige aunque evalúa modificar el listado de información confidencial.
