Jul 31, 2014
IFEX, la red global que defiende y promueve la libertad de expresión, felicita al abogado y periodista uruguayo Edison Lanza por su selección como el próximo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lanza ha sido nombrado para un mandato de tres años y tomará posesión del cargo el 6 de octubre de 2014.
La oficina del Relator Especial tiene el mandato de llevar a cabo actividades de protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en la región. Estas incluyen asesorar a la CIDH en los casos de periodistas en peligro, realizar visitas a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), promover medidas legislativas, judiciales y de otra índole para fortalecer el apoyo a la libertad de expresión, y elaborar informes temáticos sobre cuestiones clave.
Lanza trae consigo una rica experiencia en relación con este rol. Es cofundador y actual presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con sede en Montevideo, miembro de la red IFEX y de IFEX-ALC, una alianza regional de los miembros de IFEX en América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado como periodista y consultor para organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la libertad de expresión, como la UNESCO y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.
Para seleccionar un reemplazo para la actual Relatora Especial, Catalina Botero, cuyo mandato finaliza el 6 de octubre de 2014, la CIDH lanzó una convocatoria en diciembre de 2013. Durante el mes de mayo, se invitó a la sociedad civil a presentar sus observaciones sobre los seis finalistas, que luego fueron entrevistados el 22 de julio en Washington DC. En su declaración sobre el nombramiento de Lanza, la CIDH señaló «el amplio apoyo que su candidatura recibió durante el proceso de consulta, expresado por organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región.»
El trabajo del Relator Especial es fundamental para el estado de la libertad de expresión en las Américas, y, como fue señalado por IFEX-ALC, «ha contribuido a la consolidación de la democracia en la región».
IFEX agradece a Catalina Botero por la importante contribución que ha hecho a la libertad de expresión en las Américas durante su mandato de seis años. Esperamos poder seguir colaborando tanto con la oficina de la relatoría como con Edison Lanza.
Jul 30, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y Gaia presentaron los resultados de una investigación sobre la aplicación regional del Principio 10 de la Declaración de Río en Uruguay, compromiso referido a las garantías para el cumplimiento del acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en esa materia.
La jornada que se desarrolló el martes 29 de julio en el anfiteatro Reinaldo Gargano de la Cancillería, propició el diálogo entre actores gubernamentales, sociedad civil y público en general en relación al proceso regional tendiente a garantizar los derechos ambientales.
En representación de la sociedad civil expusieron el director del CAinfo, Edison Lanza, y el integrante de Gaia, ALberto Gómez.
Por el Estado intervinieron, entre otros, el director General Adjunto para Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González Arenas, el Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, y el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Gabriel Delpiazzo.
También participaron la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El Principio 10 de la Declaración de Río fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En 2012, durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron una declaración donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas, hasta un convenio regional abierto a todos los países, tendiente al cumplimiento cabal del Principio 10.
Vea el informe completo aquí.
Jul 26, 2014
El próximo martes 29 del corriente se realizará un seminario con participantes del Estado y la sociedad civil sobre el Principio 10 de la Declaración de Rio sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia medioambiental en América Latina y el Caribe.
El evento tendrá lugar en el anfiteatro Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia 1206 (Planta Baja), de 10 a 13 horas.
Los expositores en representación del Estado serán por parte de la Cancillería el Director General Adjunto para Asuntos Políticos Ricardo González Arenas y el Director de Medio Ambiente Martín Vidal; por parte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el Director Nacional de Medio Ambiente Jorge Rucks y el asesor de DINAMA Marcelo Cousillas; y en nombre de la Unidad de Acceso a la Información Pública el presidente del Consejo Ejecutivo Gabriel Delpiazzo.
En representación de la sociedad civil expondrán el director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) Edison Lanza y el integrante de GAIA Derecho Ambiental Alberto Gómez. También participarán la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El taller tiene como objetivo informar e involucrar a actores gubernamentales y del público en general en el proceso regional, del que participa Uruguay a fin de lograr la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia medio ambiental.
Se dividirá en dos sesiones o paneles, el primero se focalizará en la iniciativa regional para la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre medio ambiente, abordándola desde el punto de vista de los diferentes actores e instituciones involucradas, que expresarán sus percepciones sobre el desarrollo y desafíos del proceso.
La segunda sesión tratará la situación nacional a la luz del proceso regional en el que participa Uruguay; mecanismos de aplicación de los derechos de acceso en materia de medio ambiente, avances alcanzados y proyecciones a futuro.
El principio 10
El Principio 10 de la Declaración de Río (“Principio 10”), fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En los preparativos y durante la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas hasta un convenio regional abierto a todos los países con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como secretaría técnica.
A la fecha los países signatarios son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Vea el programa – Seminario Principio 10 y el proceso regional
Jul 24, 2014
Lunes 31 de marzo, último día hábil del mes. En la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) no es un día más. Es el plazo final para que lleguen a su oficina los reportes anuales de los gobiernos departamentales con el detalle de las solicitudes de acceso a la información que tramitaron.
El primero en estar sobre la mesa es de la Intendencia de Montevideo, luego llegan los informes de las juntas departamentales de Rocha, Colonia y Maldonado. Sobre las 17 horas los funcionarios comienzan a retirarse, la jornada laboral terminó. Pese a que debían estar los 19 informes de las intendencias y los 19 de las juntas departamentales, hay solo cuatro, apenas el 10,5%.
Igual que este año, los gobiernos departamentales —integrados por intendencias y juntas departamentales— no presentaron sus informes ante la UAIP en años anteriores. En 2010 y 2012 fueron siete, el 18,4%, mientras que en 2011 lo hicieron cinco, el 13,2%, según informes presentados a la UAIP a los que accedióBúsqueda.
Esta situación le preocupa a Gabriel Delpiazzo, director de la UAIP. «Los resultados no son buenos», reconoció a Búsqueda, pero aseguró que «no hay intención de no brindar la información».
Parte del problema está en que, según el director, existe «desconocimiento» de la norma y «hay organismos que no tienen ni la capacidad ni la capacitación».
La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los organismos públicos a entregar informes anuales ante la UAIP hasta el último día hábil de marzo. Se debe presentar el detalle de las solicitudes de acceso a la información recibidas y el trámite dado, e información referida al cumplimiento de la ley en el período anterior.
Desde que fue reglamentada la ley en 2010, solo la Intendencia de Montevideo (IM) presentó sus informes anuales. Ninguna de las otras 18 intendencias cumplió en los cuatros años, y 16 de ellas no lo hicieron nunca. Salto y Flores sobresalen, ya que presentaron dos de los cuatro reportes. De las 19 juntas departamentales, solo nueve presentaron al menos un informe anual desde 2010 (ver cuadro).
Informes. Montevideo es el departamento con mayor cumplimiento, ya que tanto la Intendencia como la Junta Departamental presentaron informes. La IM es el único organismo que entregó los reportes anuales en los cuatro años. En ellos se puede ver que aumentó cada año la cantidad de solicitudes recibidas —hubo 38 en 2010, 91 en 2011, 188 en 2012 y 320 en 2013.
En sus reportes se destaca que los temas más solicitados son: conflictos entre vecinos, licitaciones, asentamientos, atención a violencia doméstica, titularidad de vehículos, zoológico de Villa Dolores, permisos de transporte público, habilitaciones de construcción y legislación de alimentos.
En tanto, la Junta Departamental de Montevideo presentó dos informes; el correspondiente a 2010 (59 solicitudes) y el del período enero 2012-abril 2013 (623 solicitudes).
Delpiazzo reconoce que Montevideo «no es la realidad en general» y que en el interior se «necesita un acompañamiento especial» porque «hay un debe».
Por eso en 2013 la UAIP realizó talleres en el interior para capacitar a los organismos, instauró un programa de fortalecimiento donde se les realiza un diagnóstico y se establecerá un sistema de ventanilla única centralizado por vía electrónica.
Las juntas departamentales muestran un mayor cumplimiento que las intendencias, ya que nueve han entregado al menos uno de los cuatro reportes anuales. Sin embargo, ninguna rindió cuentas de las solicitudes recibidas en los cuatro años. Las juntas de Colonia y Florida tienen el mejor registro por presentar tres reportes.
En 2010 lo hicieron las juntas de Flores, Florida y San José, donde no hubo solicitudes presentadas, Rivera —que registró 20— y Montevideo. En 2011 presentaron informes las juntas de Florida —sin solicitudes recibidas—, Flores con 27 y Colonia reportando tres. En 2012 presentaron reporte las juntas de Colonia —nuevamente con 19 solicitudes—, las de Florida y Lavalleja sin recibir solicitud y la de Montevideo. En 2013 hubo tres informes: el de Colonia con 16 solicitudes, Rocha con una y el de Maldonado sin solicitud.
Sanciones. La ley no le da a
la UAIP potestades de sancionar a los organismos que no cumplan la norma; solo puede realizar observaciones.
Delpiazzo asegura que «un control sin posibilidades de sancionar es como si le faltara una pata», porque es «necesario un elemento coactivo para hacer posible el cumplimiento y que no quede solo en dar instrucciones o recomendaciones».
Este será uno de sus objetivos para los próximos años, aunque sostiene que «es un tema de voluntad del legislador». «En una segunda etapa podrá pasarse a un castigo, pero en esta primera se optó por la zanahoria en vez del garrote», resumió.
Publicado en semanario Búsqueda, jueves 24 de julio de 2014.
Jul 23, 2014
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó al periodista, docente y abogado uruguayo Edison Lanza para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión.
En un comunicado divulgado hoy la CIDH destaca que Edison Lanza fue elegido “con base en sus cualidades profesionales y experiencia, tomando en especial consideración su capacidad técnica, liderazgo, y capacidad para trabajar de manera efectiva con Estados, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El proceso de selección comenzó a fines del año pasado, con la postulación de 49 interesados. En abril la CIDH seleccionó a seis finalistas y publicó sus hojas para recibir observaciones y comentarios. El proceso finalizó ayer martes 22 cuando la Comisión, luego de entrevistarse con los seis finalistas, dio a conocer el nombre de Edison Lanza como sucesor de la relatora saliente, Catalina Botero.
La CIDH destaca que para la elección fue fundamental el amplio respaldo que recibió de organizaciones de la sociedad civil de numerosos países de la región durante el proceso de consulta.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) celebra la decisión de la Comisión que constituye un reconocimiento a la trayectoria de Edison Lanza en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. El equipo de CAinfo felicita a su Director Ejecutivo por la designación y destaca su compromiso demostrado en todos estos años de trabajo desde la sociedad civil.
Vea el comunicado de la CIDH
